El Ciudadano
Por Tomás Labrador / UNR
El pasado jueves 31 de octubre en la Facultad de Derecho de la UNR, los abogados y docentes universitarios Graciana Peñafort y Rafael Valim disertaron sobre el lawfare y la judicialización de la política en un panel organizado por el Área de Internacionalización de la UNR y el Instituto de Cooperación Latinoamericana (ICLA).
Rafael Valim es abogado brasileño integrante del equipo que defiende al ex Presidente de Brasil Lula Da Silva y co fundador del Lawfare Institute radicado en la Universidad de Oxford.
La abogada Graciana Peñafort casi no necesita presentación, fue la voz que defendió ante la Corte Suprema de Justicia la plena implementación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y defensora de funcionarios que integraron el anterior gobierno de Cristina Fernández como el ex Canciller Héctor Timerman y el ex Vicepresidente Amado Boudou a quienes califica claramente como víctimas del lawfare.
El término lawfare surge de unir las palabras en inglés law (ley) y warfare (guerra) y puede definirse como la acción de forzar de manera arbitraria la interpretación de las leyes como estrategia de grupos políticos o de poder para conseguir aquellos logros que fueron incapaces de obtener en la arena política o también para perseguir o destruir a adversarios. En ello radica el peligro para la convivencia democrática.
Actualmente podemos ver varios ejemplos de utilización de lawfare en América del Sur como el caso del encarcelamiento de Lula Da Silva para impedirle ser candidato a la presidencia de Brasil, la persecución judicial a Rafael Correa en Ecuador, o las causas judiciales inventadas a Evo Morales en Bolivia y a Cristina Fernández en nuestro país.
“El lawfare consiste en violentar el derecho para destruir y castigar a un adversario. El uso estratégico de las leyes y los tribunales entendidos como un instrumento de guerra para perjudicar, deslegitimar o aniquilar a un “enemigo” afecta la paz social”, dice categórico Rafael Valim.
“La vocación del derecho es garantizar la convivencia y pacificar los conflictos, si se deslegitima el principio de que las leyes son iguales para todos, la consecuencia será que la sociedad deja de confiar en los tribunales para resolver sus controversias y se pone en riesgo la paz social, ya que el lawfare no se limita a la política, existe también en el ámbito comercial y geopolítico” agrega Rafael Valim.
“En el mecanismo del lawfare se conjugan la acción de los medios de comunicación hegemónicos, sectores del poder judicial y la política”, explica Peñafort y amplía. “Los medios de comunicación instalan el tema. Los jueces fuerzan la interpretación de las leyes para fallar en el sentido señalado por los medios y los políticos se aprovechan de ello para pedirle al poder judicial aquello que no fueron capaces de conseguir en el debate parlamentario o mediante los votos”.
Para Graciana Peñafort el lawfare se combate con mucha información pública, algo muy difícil en países como el nuestro, donde el debate entre medios de comunicación no existe o está muy invisibilizado. Por ejemplo los medios hegemónicos de nuestro país como Clarín y la Nación, hablan y dejan de hablar al unísono y con los mismos argumentos de los temas que les interesan, convertidos de esta forma en jueces que dictan sentencias que no son apelables. Por ello es fundamental la pluralidad de voces para contribuir a la salud democrática de nuestras sociedades.
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