El Consejo de Seguridad Interior, encabezado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aprobó la aplicación de un protocolo en piquetes. Con el consenso del 80 por ciento de las provincias del país, incluida Santa Fe, la iniciativa apunta a “garantizar la libre circulación de personas y bienes”, al tiempo que insta a las autoridades de seguridad a desarmar la manifestación. Por eso se insta a que, en caso de que los manifestantes no depongan su actitud, disponga del uso de la fuerza sin armas letales. En ese marco, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, indicó que la provincia adhirió “en términos generales” a la resolución que se adecuará a cada provincia, pero aseguró que no se utilizará a las fuerzas de seguridad para regular las protestas.
En un encuentro que se realizó el miércoles en la localidad de Bariloche, la ministra Bullrich, acompañada por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, sancionó el protocolo en manifestaciones públicas al encabezar la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior, de la que participaron autoridades de todas las provincias (a excepción de San Luis cuyo representante no asistió por problemas personales).
Este protocolo, que pretende regular las protestas y manifestaciones sociales espontáneas, establece entre otros puntos que las fuerzas de seguridad deberán desalojar a los manifestantes que impidan la libre circulación de personas y bienes para cuyo fin podrán hacer uso de la fuerza sin armas letales.
La resolución fue adherida por el 80 por ciento de las provincias, incluida Santa Fe, mientras el 20 restante solicitó tiempo para analizar la propuesta.
Según reza el protocolo, “manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente”. Para proteger estos derechos, la resolución establece que la autoridad a cargo de las fuerzas de seguridad deberá promover el desalojo de los manifestantes: “Impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada”.
El texto agrega que “las instrucciones se harán con frases cortas y claras”, al tiempo que el personal de las fuerzas “no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes”.
El punto más polémico del protocolo señala que en caso de que los manifestantes no accedan al solicitado desalojo “se procederá a intervenir y disolver la manifestación”, dando lugar al uso de la fuerza, sin armas letales, la que según el texto “debe limitarse siempre al mínimo posible”.
En este sentido, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, señaló la adhesión de Santa Fe “en términos generales” al mencionado protocolo de actuación, pero advirtió que cada jurisdicción evaluará la forma de aplicación.
“Todos los ministros de Seguridad de Argentina aprobamos una resolución que es un protocolo que establece en términos generales la actuación en cortes de ruta o calles o arterias de cada una de las ciudades. Esa resolución dice que cada una de las provincias va a tener un protocolo de actuación y, de hecho, Santa Fe ya lo tenía, lo veníamos consensuando con el Ministerio Público de la Acusación y con diferentes sectores o actores que trabajan en este tipo de manifestaciones o reclamos”, expresó Pullaro.
En relación con la declaración de su par nacional, quien indicó un límite de tolerancia de 5 minutos, Pullaro se mostró en desacuerdo y explicó: “Coincidimos en términos generales en que no se puede obstruir una arteria o una ruta nacional. Vamos a adecuar un protocolo provincial en función del trabajo que se viene llevando adelante, pero no coincidimos que si en 15 minutos no se desaloja se mande a las fuerzas de seguridad”.
Fein, no al piquete
A nivel local, la intendenta Mónica Fein se expresó en contra de los piquetes porque “generan un grave problema para la ciudad”.
“No estoy a favor de ningún piquete, todo lo que es un piquete genera un grave problema para la ciudad, estoy en desacuerdo. Hay que ver cuáles son los mecanismos que tenemos para evitarlos y para tratar de ordenarnos”, señaló Fein, al encabezar ayer en el parque Independencia un acto de presentación de nuevas unidades de colectivos.
Por su parte, referentes de los principales movimientos sociales de la ciudad, que acuden con cierta frecuencia al piquete como método de protesta, se expresaron en contra de la medida y coincidieron en que la manifestación en la calle es una herramienta que tienen para reclamar cuando no hay otras alternativas viables.
“No hay otra forma”
“El piquete es un mecanismo que el pueblo argentino, ante una situación extrema, lo ha asumido como una forma de obtener algún tipo de respuesta. Estas situaciones no se resuelven por algún tipo de decreto o una ley, que es lo que pareciera que este gobierno toma. Cuando decretan la emergencia en seguridad sin plantearse de ningún modo la emergencia social lo que están haciendo para ordenar la situación social es más palo y más judicialización, más endurecimiento de las leyes”. Así opinó Eduardo Delmonte, el histórico referente local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una de las organizaciones más propensas a los piquetes en la ciudad.
Para Delmonte, “la gente va a los piquetes cuando no tiene otro camino, cuando ya ha recorrido una cantidad de métodos previos y creo que eso no va a cambiar”.
El referente sostuvo que “la Corriente Clasista y Combativa va a seguir luchando como lo ha venido haciendo para enfrentar este ajuste que se aplica al conjunto del pueblo argentino y que pretenden de esta forma acallar y quitar herramientas a los que estamos perjudicados”.
Por último, Delmonte reivindicó el piquete como “una herramienta que se ha instalado en el pueblo argentino, prohibirlo es como prohibirle al trabajador que vaya al paro. A la gente no le gusta cortar una calle, lo hacemos porque no hay otra forma”.
“El protocolo será inviable”
Esteban Barba, referente de la Federación Organizaciones de Base (FOB), opinó que “está mal enfocada la discusión” en torno a la aplicación del protocolo anunciado por la Nación y al que adhirió Santa Fe para proceder ante una protesta social. “La discusión está mal enfocada: no nos preocupa el protocolo, nos preocupan las causas que generan la necesidad de luchar. No cortamos la calle porque nos gusta, sino porque no nos queda otra. No tenemos obra social, vivienda, paritaria, salarios”, expresó.
Según Barba, “desde los sectores populares se va a rechazar esto y se va a lograr un marco de lucha y unidad más fuerte: la necesidad hará que el protocolo sea inviable”.
El primer caso de desalojo en la ciudad
Un grupo de manifestantes enrolados en la Federación Organizaciones de Base (FOB) que en la mañana de ayer se había movilizado a las puertas del supermercado Carrefour de Pueyrredón y Córdoba, en reclamo de bolsones y útiles escolares que la empresa no les otorgó este año “como era habitual” para esta época, fue la primera “víctima” de la aplicación del protocolo.
Según explicó a este diario uno de sus referentes, la Policía se acercó a los manifestantes para advertirles que el fiscal de turno les solicitaba un pronto desalojo del lugar, tras lo que procedieron a retirarse con una causa judicial.
“Estábamos cortando la puerta del Carrefour, había chicos y llegó la Policía. Habló con los referentes, dijo que el fiscal de turno quería hablar con nosotros y que nos daba un determinado tiempo para que nos retiráramos”, explicó Estaban Barba.
“Nos fuimos porque estábamos con chicos, se nos abrió una causa, pero la próxima vez iremos preparados para la represión y no llevaremos menores”, concluyó.
