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Los presos, una población en riesgo frente al coronavirus

La provincia destinó 15 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud dentro de las cárceles a fin de evitar traslados y poder adaptar espacios para "aislar" internos. Desde la Defensoría Pública se mostraron alertas para bregar por los derechos de los detenidos

Cada esfuerzo para que la pandemia de coronavirus no provoque una crisis sanitaria en la región suma y mucho. Pero el verdadero desafío está donde esa crisis ya existe: las cárceles. La sobrepoblación y el mal estado edilicio de los lugares de detención agravan no sólo las condiciones de vida de los internos –quienes padecen hacinamiento, enfermedades respiratorias y un deficitario acceso a la salud– sino que además pueden ser un peligroso caldo de cultivo para el nuevo enemigo invisible. Las autoridades no niegan que se está ante una población de alto riesgo y una situación crítica pero aseguran estar trabajando en una estrategia conjunta de prevención.

Por un lado, el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez, dijo que el gobierno provincial destinó 15 millones de pesos para “fortalecer y equipar” el sistema de salud en cada unidad carcelaria y así poder atender a los internos en el mismo establecimiento a fin de “movilizar la menor gente posible”. Para ello, mencionó que en caso de tener que aislar a algunas personas se van a “reconvertir y adaptar los espacios donde se realizan talleres y capacitaciones”.

El funcionario reconoció que actualmente cuentan con una sobrepoblación carcelaria que ronda los 1.000 internos, de un total que roza los 7.000, sin contar unas 500 personas que se encuentran detenidas en dependencias policiales.

En relación a la identificación de la población más vulnerable dijo que realizaron un mapeo según el cual unas 350 personas privadas de la libertad son consideradas de riesgo, entre las que destacó patologías como tuberculosis, asma, diabetes, epoc, inmunodeprimidos, además de embarazadas, bebés, niños y mayores de 60 años: “No tenemos capacidad para aislarlos a todos por eso vamos a reconvertir algunos espacios”.

Gálvez reconoció que se está ante un esquema muy crítico en el que también mencionó la existencia de 3.500 empleados penitenciarios que entran y salen a diario de las prisiones. “Se puede cerrar una escuela, un negocio, pero no una cárcel”, remarcó.

Al respecto mencionó que ya cerraron talleres y encuentros dentro de los penales y lo más probable es que se suspendan las visitas para prevenir contagios.

«Nos estamos ocupando»

Por su parte la titular del Servicio Público de la Defensa Penal de Santa Fe, Jaquelina Balangione, celebró la buena predisposición del Poder Ejecutivo en los últimos días a partir de varias reuniones en las que buscaron soluciones conjuntas. En ese sentido pidió enviar un mensaje de “tranquilidad a los internos” en el que remarcó que están trabajando para que todos tengan acceso a la salud.

Balangione, quien desde hace tiempo denuncia el problema de la sobrepoblación carcelaria con informes y pedidos de habeas corpus colectivos, reconoció que “la situación del coronavirus tiene una incidencia muy especial en los espacios de detención, donde el mismo encierro, la sobrepoblación y el hacinamiento cooperan con que los internos se encuentren en situación de mayor riesgo”. Y detalló que los internos “en general se encuentran inmunodeprimidos porque hay poca circulación de oxígeno y muchas veces comparten celda entre dos y a veces tres” personas.

Por ello resaltó que en estos momentos hay que intentar “que se reduzca todo lo que se pueda la población penitenciaria”. Al respecto solicitó a los defensores públicos de su repartición que revisen las causas de prisiones preventivas y las medidas de encarcelamiento en general a fin de morigerar la prisión en los casos que corresponda.

Aunque para ello se necesita la colaboración de fiscales y jueces, Balangione resaltó la prioridad que se debe tener para hacer operativa la situación de internos que componen la población de mayor riesgo, entre los que mencionó a embarazadas, madres de menores de cuatro años, mayores de 60 y enfermos.

En relación a la posible suspensión de las visitas para prevenir contagios dentro del penal, lo que aún no fue anunciado oficialmente por las autoridades penitenciarias, Balangione adelantó que ya comenzaron a dialogar con los delegados de los pabellones quienes mostraron «muy buena predisposición».

La funcionaria mencionó además la urgencia de trasladar a presos alojados en comisarías ya que están “en ámbitos muy deplorables para las condiciones humanas”.

En un mensaje destinado a la población carcelaria la titular de la Defensa Pública de Santa Fe trasmitió: “Estamos muy atentos, ocupados y preocupados en resguardar sus derechos en el marco de esta crisis sanitaria. Nadie los va a encerrar y olvidarlos ahí adentro”.

Por último, Balangione aclaró que desde su cartera bregan por los derechos humanos y las libertades de las personas, lo que no significa defender el delito.

 

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