El último informe del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) relevó que entre julio de 2020 y agosto de este año se inscribieron 2.830.520 personas que se desempeñan en el sector. Los datos expusieron que este universo está compuesto en su mayoría por mujeres y jóvenes de entre 18 y 35 años, es decir, la franja más afectada por el desempleo en Argentina. Hay más de 126 mil santafesinas y santafesinos inscriptos, un número que representa el 4,7% de ese padrón nacional.
Se trata de un registro para analizar cuantitativa y cualitativamente a un sector del mercado laboral informal. Los datos permiten tener una idea más certera sobre quiénes son los que se desempeñan en la denominada economía popular con la idea de darles un reconocimiento institucional. La mayoría se dedica a servicios comunitarios en comedores y merenderos o a la venta ambulante y en ferias. A nivel nacional representan la mitad del número de personas que componen el universo de asalariados privados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).
El integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) Pepe Berra, abordó la situación de los inscriptos en la provincia. En diálogo con El Ciudadano explicó que se trata de un universo de personas que “quedaron afuera del mercado laboral y se han tenido que inventar el trabajo”. La mayoría de ellos y ellas se dedican al servicio socio comunitario y perciben un ingreso a través del Potenciar Trabajo, que otorga el equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil.
Desde las organizaciones sociales consideran que el primer paso para fortalecer la tarea conjunta con el Estado es mejorarles ese ingreso a quienes se desempeñan en distintos rubros de la economía popular. No es casualidad que el Renatep haya detectado que la mayoría de los relevados son jóvenes de entre 18 y 35 años y con fuerte composición femenina. Se trata del sector más castigado por el desempleo en Argentina, personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia, que tienen dificultades para acceder nuevamente al mercado formal y se la rebuscan de la forma que pueden.
Según el la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) las personas menores de 30 años explican alrededor de la mitad de la población desocupada de Argentina, es decir, casi un millón de personas. En esta franja etaria, la tasa de desocupación es mayor que en cualquier otra. Desde 2016, el desempleo juvenil superó cómodamente el 15% en todos los años y es todavía mayor en las mujeres.
En el primer trimestre de este año, para la franja de 14 a 29 años, la desocupación ascendió para las mujeres al 24,9%, por encima del 23,9% de igual período del 2020, mientras que en varones alcanzó el 17%, por debajo del mismo trimestre del año pasado (18,5%).
Datos que cuentan realidades
Los datos recopilados por el Renatep entre julio de 2020 y agosto de este año son una radiografía del contexto laboral y socioeconómico. El 57,4% (1.624.006) de la población que compone el mapa de la economía popular, son mujeres, mientras que el 42,6% (1.206.514) son varones.
Desde el Registro indicaron que “la feminización del sector de la economía popular contrasta notablemente con la masculinización de la población trabajadora del mercado laboral asalariado privado”, registrado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) donde las mujeres representan sólo el 32,9%.
En relación a la distribución etaria, destacaron que el 64,2% de las y los trabajadores de la economía popular tiene entre 18 y 35 años. Esto habla de una población marcadamente joven en la cual el promedio de edad es de 33 años.
Al contrastar los datos de esta franja etaria con los que registra el sistema de empleo formal, queda de manifiesto las dificultades que tienen los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen entre 18 y 25 años para insertarse al mundo del empleo registrado en este momento y por eso emigran a al informalidad. En ese sentido, conforman un importante número en el universo de trabajadores de la economía popular.
Números en Santa Fe
Según el informe de Renatep, Santa Fe registró hasta agosto 126.374 trabajadores de la economía popular. Representa un 4,7% del total del padrón, mucho menos que el dato que arrojaron provincia de Buenos Aires (35,6%), Tucumán (6,3%), Santiago del Estero (6,2%), Salta (6,1%) o Chaco (5,9%).
Incluso en alguno de esos casos, se dio la particularidad de que los inscriptos en Renatep superan a los registrados como trabajadores formales en cada provincia. Esta es una situación, por ahora, lejana a la que muestran las estadísticas en Santa Fe, donde el universo de asalariados privados está compuesto por 490.000 personas, aunque a partir de la crisis económica de los últimos años, las víctimas de la destrucción laboral, se vieron obligadas a inventar su propio trabajo.
Respecto a este fenómeno, el referente de la Utep y del Movimiento Evita en Rosario, Pepe Berra, explicó: “Creemos que la economía popular vino para quedarse. Nosotros vemos que las supuestas inversiones que iban a llegar los últimos años nunca generaron trabajo para las necesidades que existen, por lo tanto quienes quedaron afuera del mercado laboral, se han tenido que inventar el trabajo”.
Los datos indicaron que en la provincia, la mayor cantidad de trabajadores de la economía popular se dedican a Servicios Personales. Son unas 43.274 personas que en su mayoría prestan servicio de limpieza. En segundo lugar aparecen quienes se desempeñan en el Servicio Comunitario (23.916) y completan el podio quienes trabajan en el Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos.
Se trata de un trabajo en conjunto entre las organizaciones sociales y el Estado nacional. Las personas se inscriben para desempeñar su oficio en el marco del Potenciar Trabajo, un programa que otorga la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Es decir que a partir de septiembre cada beneficiario recibe 14.580 pesos.
Respecto al monto otorgado para llevar adelante el programa, Berra explicó: “Lo que estamos tratando de impulsar para aquellos que hacen el trabajo socio comunitario es lo que se llamó la Ley Ramona, donde pedimos al gobierno que se les reconozca a esos compañeros una remuneración por el trabajo comunitario que hacen, es decir que no solo cobren la mitad, sino un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil”.
La iniciativa pretende ponerle nombre y apellido a quienes trabajan en el sector informal como consecuencia de la crisis económica y generar una alternativa para quienes se quedaron sin ingresos. “Es necesario que el Estado en conjunto con las organizaciones sociales se pongan a trabajar con programas que desarrollen trabajo de otra magnitud o velocidad que no es el empleo habitual”, concluyó el referente de la Utep.
