Un informe de la Oficina Municipal del Consumidor da cuenta del aumento del 30 por ciento en los reclamos de rosarinos por falta de registro o desconocimiento de quiénes administran los edificios de propiedad horizontal, por dudas, poca claridad o irregularidades en la liquidación de las expensas y por falta de liquidación de los gastos comunes que gestionan. El balance del área, que depende del Concejo Municipal, apunta que entre enero y diciembre de este año tramitaron 421 casos –entre consultas y denuncias–, contra 322 de 2017.
El informe lo presentó este miércoles en el Palacio Vasallo. Estuvo a cargo de la titular de la Oficina, María Julia Bonifacio, y del coordinador del Consejo Asesor de Vivienda, Ariel D’Orazio. Participaron también la concejala del Frente para la Victoria-PJ Norma López y su par del bloque Socialista Enrique Estévez. Los dos tienen presentadas normativas sobre el tema.
Bonifacio informó que de todas las denuncias realizadas, el 67 por ciento tuvo resolución favorable, el 11 por ciento un epílogo desfavorable y el 22 por ciento permanece en trámite. En paralelo, el área tramitó 179 pedidos de asesoramiento sobre la administración de los consorcios.
Quiénes son: las dudas
“En los rosarinos predomina el interés por conocer sobre la inscripción en el Registro Público de Administradores de Consorcios”, señalaron desde la Oficina. Bonifacio tomó nota de la creciente inquietud de los rosarinos que concurrieron a la Oficina y recordó que hay un link con la lista de los habilitados en la página web del Concejo.
“La totalidad de los expedientes que tuvieron resolución negativa fueron formulados contra administraciones que no se encuentran inscriptas en el Registro”, precisó D’Orazio. Y agregó: “En sentido contrario a esto, cada vez que se formuló una denuncia contra un administrador inscripto, las partes pudieron reunirse y la resolución fue siempre positiva, lo que evidencia la necesidad de reforzar y jerarquizar el funcionamiento del Registro, a pesar de las presentaciones judiciales que buscan limitarlo. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de resolver conflictos entre consorcistas y administraciones”.
Expensas bajo sospecha
Los problemas planteados por los habitantes de edificios incluyen, además de las dudas sobre la identidad y legalidad de los administradores, quejas por su gestión y por mal trato, sospechas sobre la corrección de los conceptos liquidados en los gastos centrales y quejas por falta de rendición de cuentas.
En el último punto, hubo pedidos para que ponga en marcha la ordenanza 9.679 de Expensas Claras, que presentó Norma López. “Es una herramienta fundamental para que inquilinos o propietarios y consorcistas puedan conocer sus derechos y evitar los abusos a los cuales son sometidos por muchas administraciones de edificios de Rosario”, insistió la autora del proyecto aprobado en 2016. Consideró que esa norma “es una herramienta de transparencia que regula las relaciones entre administradores y consorcistas, teniendo en cuenta que los primeros no pueden acceder hoy al detalle de lo que pagan por contrataciones, arreglos, expensas ordinarias y extraordinarias”.
El edil Estévez recordó una iniciativa suya que el Concejo aprobó este año. Es una modificación de la ordenanza anterior que permite diferenciar en la liquidación de expensas los gastos ordinarios de los extraordinarios. “Los primeros deben ser abonados por los inquilinos, pero los segundos tienen que afrontarlos los propietarios porque redundan en mejoras para sus inmuebles”, aclaró.
El cambio, siguió el referente del socialismo, obliga a que “de ahora en más, los administradores de consorcios deban realizar un detalle pormenorizado de los gastos correspondientes a cada concepto, generando un comprobante de pago para las expensas ordinarias y otro diferente para las expensas extraordinarias”. La modificación a la ordenanza de López prevé identificar como gasto extraordinario a los llamados fondos de reserva.
Defensa de inquilinos
El director del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres de la Municipalidad, Gustavo Álvarez, recordó las herramientas que el Estado local acerca a los inquilinos. “En el caso de las expensas, muchas veces quienes alquilan terminan pagando tanto las ordinarias como las extraordinarias. Nuestras propuestas apuntan a establecer reglas claras y en donde hicieran falta sanciones para todos aquellos administradores de consorcios que no cumplen con sus obligaciones debidamente”, aseguró el referente del área que funciona en Paraguay 156 desde hace dos años. En ese lapso, atendió más de 10.500 consultas de inquilinos y entregó más de 4 millones de pesos en créditos a través del Banco Municipal.
