Alberto Cortés (*)
El último martes 6 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó dos resoluciones en direcciones opuestas, ambas sobre Venezuela. La primera, presentada por Irán, Siria, Turquía y Venezuela, fue aprobada con 14 países a favor, siete en contra – entre ellos los 4 del Grupo de Lima que integran ese Consejo (Brasil, Chile, Perú y Uruguay)- y 26 abstenciones –entre ellas la Argentina – y busca el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en torno a los DD.HH., celebra el establecimiento de una presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH – la ex presidenta chilena Michele Bachelet – en Venezuela, incluido el acceso ilimitado concedido por el Gobierno a todas las regiones y centros de detención; plantea fomentar las negociaciones y un diálogo político verdadero e inclusivo entre el Gobierno y la oposición a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática, creíble y constitucional en Venezuela.
Esta Resolución se produjo a pesar de la feroz presión en contra de Estados Unidos y sus “satélites” en el Consejo. EEUU no reconoce al Consejo desde 2018, cuando se retiró del mismo, pero actúa intensamente en su seno a través de otros países.
Más tarde se aprobó otra resolución, mucho más crítica hacia Venezuela, por 22 votos a favor – entre ellos el de Argentina-, 22 abstenciones y 3 votos en contra, impulsada por varios países.
Llama la atención el elevado número de abstenciones en ambas votaciones. Lo que habla a las claras de la complejidad del asunto que subyace y la reticencia de muchos gobiernos a definirse o a jugarse contra intereses poderosos.
La delegación de México –que viene actuando en muchas cuestiones en sintonía con Argentina, pero no en ésta – votó a favor de la primera resolución que básicamente proponía el fortalecimiento del trabajo entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela. En la segunda se abstuvo y argumentó que a pesar de lo «preocupante» de la situación, la resolución debería ser objetiva y no politizada, es decir sesgada en función de ciertos intereses particulares.
Cabe señalar que el Gobierno de Venezuela mantiene fluidas relaciones con la Oficina de Bachelet, la ha recibido en Caracas y le ha prestado colaboración, lo que Bachelet a veces reconoce y a veces acentúa su críticas, según vengan las presiones desde Washington. Venezuela no ha aceptado en cambio a una llamada “Misión Internacional Independiente”, que hizo un informe a distancia, basándose sólo en “información” via internet, buena parte de la misma de actores políticos que no tienen nada que ver con los DDHH. La segunda Resolución aprobada se apoya en el informe de esa “misión” y extiende su mandato por dos años más. Además tiene el descaro de expresar preocupación por el coronavirus en Venezuela, país que ostenta – según la Universidad John Hopkins – menos de 700 muertos por la enfermedad sobre 30 millones de habitantes. Uno de los mejores registros del mundo, incomparablemente menor que los de los países que impulsaron la resolución y los que la votaron.
Cómo señalamos en otra oportunidad: En todos los países del mundo se violan los derechos humanos. Lo importante es, en cada país, identificar las magnitudes y las causas que condujeron a esas violaciones para ubicarlas en su contexto verdadero y poder trabajar seriamente para revertirlas.
Venezuela sufre desde la llegada al gobierno de Hugo Chávez, en 1999, una agresión sistemática que se expresó en el golpe de Estado en su contra de 2002 – apoyado inmediatamente entonces por EEUU y España, gobernada por entonces por el neofranquista Aznar. Antes de que fuera revertido por la movilización popular. Esta agresión escaló dramáticamente tras el fallecimiento de Chávez, y en especial desde principios del 2019, cuando tras presionar los EEUU a la oposición para que no se presentara a los comicios presidenciales del año anterior, de los que surgió el actual mandato de Nicolás Maduro; lo desconocieron y empujaron a autoproclamarse presidente a un oscuro diputado, que sólo en virtud del pacto de rotación de la presidencia de la Asamblea Nacional entre las fuerzas opositoras que la hegemonizan, había podido llegar a esa posición.
Guaidó ha fracasado desde ese momento en prácticamente todo lo que se ha propuesto. Crecientemente fueron apareciendo grandes hechos de corrupción a su alrededor y vinculaciones con narcotraficantes en los principales hechos militares que intentó. Una Corte de apelación acaba de anular el fallo que le entregaba –robándolo claramente- el oro que Venezuela tiene en el Banco de Inglaterra. ¿La razón? Gran Bretaña, como la mitad de los cincuenta y algo de países que supuestamente han reconocido a Guaidó – el 25% de los que hay en el mundo- en realidad lo hace a medias: Declara que Guaidó es el presidente – una ficción -, pero mantiene embajadores y relaciones con el gobierno real, es decir Maduro.
Los EEUU no han descansado un instante en su política de ir incrementando su asfixia económica sobre el país – aprovechando ilegalmente los resortes financieros y de poder que manejan – con el objetivo de producir hambre, cansancio, enfermedades y muerte en su pueblo. Estas no son suposiciones. Son declaraciones del asesor del Presidente norteamericano para Venezuela, Elliot Abrahams, y del ex embajador estadounidense en ese país, William Brownfield.
No es menor, el hecho de que el 6 de diciembre habrá elecciones parlamentarias. El sector de la oposición golpista y alineado incondicionalmente con la Casa Blanca, encabezado por Guaidó llama a no participar. Otros sectores de la oposición, en cambio, optan por el camino democrático y si lo harán. Entre ellos, el ex gobernador del Estado Miranda y ex candidato presidencial Henrique Capriles. ¿Cuál es la representatividad de cada uno? Los únicos datos objetivos para responder son las elecciones en las que ya han participado: Guaidó, en la cúspide de su carrera electoral, salió segundo como candidato a diputado en su estado, con algo más de 97.000 votos. Capriles fue gobernador, enfrentó competitivamente en dos elecciones presidenciales a Chávez y a Maduro y llegó a obtener más de 7.300.000 votos.
Uno de los objetivos de la agresión contra el país es provocar además, que el gobierno venezolano restrinja derechos – como han hecho siempre todos los gobiernos del mundo víctimas de agresiones externas, reales o imaginarias-; y que las fuerzas de seguridad, y eventualmente las armadas, tiendan a incurrir en excesos represivos, para luego utilizarlos en el desprestigio internacional del gobierno.
En Venezuela, aún desde antes de la llegada de Chávez, había un problema de delincuencia muy grave; y la Revolución Bolivariana – pese al inmenso proceso de inclusión social que encaró y logró durante más de una década, no consiguió revertir ni aminorar considerablemente, siendo esa una de las principales deudas pendientes de la Revolución.
Ante el deterioro de la situación social, producto del bloqueo imperialista, de la caída de los precios petroleros – la monoexportación venezolana – y también de errores propios; estos problemas se agudizaron y en ese contexto, no es extraño que temas como la delincuencia y, en mucha menor medida, las protestas sociales y algunas oposiciones políticas hayan generado la tentación de respuestas represivas. No es esto exclusivo de Venezuela: En Brasil, la militarización de la lucha contra el narcotráfico fue una constante, aún bajo el gobierno de Lula. En el Salvador, víctima de una violencia constante y extrema, originada en políticas generadas en los EEUU; los gobiernos progresistas del FMLN no lograron construir una política diferente para enfrentar a las pandillas del crimen organizado o maras, y esto fue una de las causas de su derrota electoral.
Hay que diferenciar además, violaciones a los DDHH, como las que se producen masivamente en la vecina Colombia, desde hace 72 años, hoy con un asesinato político cada 2 días; con impunidad, como la que existe, también masivamente en ese país. En Venezuela, en los últimos 3 años, más de 900 personas, militares la mayoría, han sido imputadas por ese tipo de hechos y cerca de 500 detenidas.
Ahora bien, una auténtica preocupación por los DDHH en cualquier parte no puede pasar por otro lugar que no sea atacar las causas fundamentales de esas violaciones que, en el caso venezolano, es la agresión norteamericana, auxiliada por algunos países subordinados – precisamente los que impulsaron la resolución que Argentina votó afirmativamente –. En el mientras tanto, por supuesto que la agresión externa y la delincuencia exacerbada no son excusa para aceptar violaciones de los DDHH, y deben hacerse cosas. Pero JAMÁS cayendo en el error de reforzar lo que es la génesis de esas violaciones, que es la guerra que los EEUU han declarado a Venezuela y que no se lleva a cabo mediante tropas formales de ese país –por ahora -, sino como bloqueo económico ilegal, invasiones mercenarias, intentos de golpes de estado, boicots a los procesos electorales para hundir la democracia venezolana, sabotajes, etc. y también ofensivas diplomáticas como fue esta Resolución en la ONU.
Antes de y durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, entre otros países, tenían normas –las Regulaciones de Defensa 18 A y B que aplicaron, y arbitrariamente- que les permitía, entre otras violaciones de los DDHH, encarcelar por tiempo indeterminado a cualquiera que fuese sospechoso de simpatizar con Alemania. ¿Habría sido razonable que un organismo internacional en aquella época hubiera condenado a Gran Bretaña sin más por aquellas violaciones, sin decir una palabra de la agresión nazi? Tal es la segunda resolución del Consejo de DDHH.
Los votos de Argentina, en esta ocasión, tienen poco que ver con la política internacional independiente que el gobierno de Alberto Fernández había propuesto desde su asunción, y menos aún con la promoción de los DDHH en el mundo; que es la fachada, pero no lo que realmente se discutía en Ginebra. Muestra más bien un retroceso timorato, no sólo ante las posiciones de personajes como Felipe Solá y Sergio Massa – este último clave en su momento para la aprobación de algunas leyes macristas -, sino fundamentalmente ante el gobierno norteamericano, de peso decisivo en el FMI, con quien el gobierno se sienta a negociar ahora.
* Concejal de Rosario – Partido Socialista Auténtico PSA – mandato cumplido.
