El juez federal Sergio Torres intimó ayer al gobierno nacional para que elabore un informe sobre qué gestiones se han concretado tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio ante lo que supone un colapso de operaciones por la llegada de las aerolíneas de bajo costo.
El juez cursó la intimación en el marco de una causa en la que se investiga la asignación de rutas aéreas a las empresas Avian Líneas Aéreas (Avianca) y Fly Bondi Líneas Aéreas SA, que se sospecha tienen relaciones con la familia del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
El juez recibió un informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que alerta sobre que el aeropuerto de Ezeiza y el aeropuerto Jorge Newbery están operando prácticamente al límite de su capacidad.
Ante ello, Torres remitió un oficio al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para que informe si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema.
La información requerida es sobre las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Sobre Aeroparque, el juez sostuvo que viene presentando un incremento de las operaciones diarias, producto entre otros factores del aumento de los vuelos regionales, agravando la situación de congestión a causa de la estacionalidad de dichas operaciones, generándose un lógico aumento de las operaciones aéreas en momentos determinados del año.
Esta situación no sólo genera complicaciones operativas sino también de infraestructura al encontrar dificultades para albergar la cantidad de usuarios dentro de sus instalaciones, advirtió el magistrado.
No sólo se incrementó la actividad con el arribo de las denominadas low cost, sino que también tiene en cuenta que en Ezeiza está en acondicionamiento el nuevo hangar presidencial, siendo que el ingreso de personal y vehículos afectados a tales menesteres necesariamente generará un mayor tránsito en la zona.
Frente a este panorama mostró su preocupación, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos operadores y rutas aéreas, el incremento de operaciones que ocurrirá a partir del 2018 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y aquellos eventos que podrían implicar un movimiento adicional de personas y maquinarias, concluyó.
En ese sentido, Torres pidió a Dietrich y a las autoridades de la Anac y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos la elaboración de un informe pormenorizado, relativo a las gestiones que se han concretado, se encuentran en curso o que en lo sucesivo se implementarán, tendientes a garantizar la seguridad del tráfico aéreo y el uso racional del espacio.
La requisitoria es a fin de saber si se encuentran dadas las condiciones de seguridad, tanto en términos operacionales como en efectividad del sistema, en el marco de las actividades propias de aeronavegación a nivel nacional e internacional en todas las estaciones aéreas y, en particular, aquellas que se desarrollan en el Aeroparque Jorge Newbery de Capital Federal y en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.
Aerolíneas habilitadas para volar desde y hacia Rosario
La licitación de rutas aéreas realizada por el gobierno en febrero pasado determinó que cinco empresas podrán sumar vuelos desde y hacia Rosario: Avian (Avianca), American Jet, Andes, Alas del Sur y Flybondi. Mientras que el próximo 6 de septiembre se otorgarán más rutas donde podrán intervenir nuevas líneas aéreas.
Todas las compañías solicitantes incluyeron a Rosario en algunas de sus rutas, aunque hay dos en particular que prometen tener mayor cantidad de vuelos operando en la estación local: Alas del Sur y Flybondi.
A partir de la entrada en vigencia de estas rutas aéreas, el aeropuerto de Rosario tendrá nuevas conexiones con varias ciudades argentinas como Neuquén, Puerto Iguazú, Resistencia o Posadas. También se podrá volar a urbes extranjeras como Santiago de Chile, Montevideo, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Asunción y hasta Miami.
En total son 17 las rutas aéreas autorizadas que pueden pasar por Rosario. Incluso 5 de ellas partirán desde el Aeropuerto Islas Malvinas.
Las sospechas y dudas que rodean a la “revolución de los aviones” del gobierno
La presentación fue rimbombante: el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich anunció una “revolución de los aviones”, pero desde sus inicios el nuevo Plan Aerocomercial Nacional se vio envuelto en sospechas. Uno de sus puntos más polémicos fue la entrada de aerolíneas de bajo costo o low cost y el reparto de las nuevas rutas aéreas, que le generaron más de un dolor de cabeza al Ejecutivo de Mauricio Macri.
Sospechas de conflictos de intereses, vínculos con funcionarios del gobierno o la propia familia presidencial, uso de información privilegiada, empresas de dudosa trayectoria o de nimios patrimonios de sus propietarios, fueron algunos de los problemas que fueron surgiendo en el plan oficialista.
El caso emblemático fue el de Avianca. A mediados de 2016, la familia Macri le vendió su empresa de vuelos de cabotaje, Mac Air, a la compañía colombiana Avianca. Hasta aquí, una transacción comercial más, aunque llamaba la atención el excesivo precio (10 millones de dólares) por apenas cinco aviones de pequeño porte.
Pero un par de meses después de la venta, sobre finales de 2016, Avianca se presentó en el llamado a licitación por las nuevas rutas aéreas, lo que dejaba entrever supuesto acceso a información privilegiada para concretar la venta, a sabiendas de que en el corto plazo se abriría la posibilidad de obtener rutas de cabotaje. Y no sólo ello, sino que obtuvo 16 rutas de cabotaje algunas de ellas pasan por Rosario.
Esto motivó la intervención del juez federal Sergio Torres, que investigan a Mauricio Macri, a su padre Franco y al vicejefe de Gabinete Mario Quintana por sociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. La investigación todavía sigue su curso.
En el caso de Quintana, se investiga si el funcionario nacional tiene vinculación con Flybondi. La empresa es propiedad del empresario Richard Guy Gluzman, un socio del vicejefe de Gabinete en en varios emprendimientos y sociedades anónimas.
También generó sospecha la situación de Alas del Sur Líneas Aéreas SA, que es propiedad de una jubilada, un costurero y un monotributista; y además no se puede acreditar la mínima capacidad técnica necesaria para las rutas que recibió. Esta firma tiene a Rosario como escala de una de sus rutas.
El presidente de esa compañía dijo tener un socio chino que pondrá los fondos, pero nunca aclaró de quién se trata. Una de los dueños de Alas del Sur es Teresa Di Cesare. Con 72 años, fue calificada como deudora incobrable por el Banco Central en 2016 y supo trabajar en el rubro textil.
Su socio, Damián Luis Toscano, gana 48.000 pesos mensuales por trabajos de “confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos”. El tercer accionista, Néstor Adrián Scarlato, está registrado como monotributista con ingresos hasta 25.000 pesos. La aerolínea fue fundada en 2015.
Según la Aaca (Administración Nacional de Aviación Civil), Alas del Sur no puede acreditar la mínima capacidad técnica necesaria para las rutas que solicitó.
