Integrado en el Frente Educativo Nacional, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también salió a convocar un paro y movilización para el próximo lunes 6, junto a los demás gremios docentes, y martes 7, cuando acompañarán la medida dispuesta por la CGT unificada y las dos CTA. Pero Sadop no se plegó a la medida lanzada por Ctera, la mayor estructura gremial docente del país, sino que simplemente avanzó en la organización de la marcha del lunes 6, en Buenos Aires. La decisión del ir a una huelga nacional si finalmente, como ya había trascendido, el gobierno del presidente Mauricio Macri no convocaba a la paritaria nacional docente, se había tomado ya el jueves 16 de febrero, en el congreso nacional del gremio que sesionó en Tucumán. “Allí se votó en forma unánime la moción. Lo que se terminó de hacer es ponerle fecha y coordinar las acciones en conjunto”, explica el docente y abogado Martín Lucero, al frente de la seccional Rosario de Sadop.
—¿Qué implica para los docentes privados la no convocatoria a la paritaria nacional?
—Tenemos las mismas implicancias que el resto de la educación pública. La no convocatoria a la paritaria federal lo que hace en concreto es congelar el sueldo, no hay ningún tipo de movilidad salarial para un montón de compañeros. Y para todo el país, y en concreto para la provincia de Santa Fe, congela el incentivo docente: al no haber paritaria nacional no hay forma de que el incentivo se incremente, así que el impacto salarial es para todos. Pero también trae un montón de otros problemas derivados, como la formación docente, que financia el Estado nacional a través de las provincias y se definía en la paritaria federal. Lo que está haciendo ahora el gobierno nacional es desmontar esos programas y transferir a las provincias la responsabilidad de ejecutarlos, pero sin transferirle los fondos para hacerlo.
—¿En qué estas políticas del gobierno nacional pueden beneficiar a la educación?
—Así como las están llevando adelante, no les encuentro ningún beneficio. Lo que se ha hecho en el sistema educativo durante el año y meses de gestión que lleva el gobierno de Macri ha sido un retroceso en todo sentido. Había planes nacionales que no existen más, no hay más asistencia pedagógica a través de los recursos de la Nación, no existen más las netbooks de Conectar Igualdad, se sacaron todas las tutorías de formación docente: se ha desarmado el Ministerio de Educación de la Nación.
—La decisión de los docentes de resistir en bloque estas políticas ¿puede crear una brecha con otros sectores, como los padres de los alumnos?
—Nosotros históricamente hemos medido un apoyo social a las medidas de fuerza de los docentes. Si hay un sueldo que todo el mundo conoce es el de los maestros; y si hay una función que todo el mundo conoce es la de los maestros. Más allá de que a algunos padres les molesten las medidas de fuerza de los maestros (como a veces molestan las de otros gremios) creo que hay un gran consenso social respecto de la legitimidad del reclamo. La instalación de visiones negativas respecto de la función docente o del gremialismo docente son parte de la ofensiva mediática que hacen los distintos gobiernos: en el caso de Mauricio Macri esto es muy evidente. Y justo ahora instalaron desde sus call centers y las redes sociales la idea de que la gente se anote voluntariamente para ir a dar clase, una locura que no tiene ningún tipo de sustento, pero está pensada como desgaste virtual a través de los medios. Es una lástima pero es parte de la agenda de los gobiernos para deslegitimar un conflicto.
—¿Hay impacto de las medidas del gobierno en la matrícula de las escuelas privadas?
—Tenemos en claro que la educación privada corre la misma suerte que la educación pública en cualquier estrato social. Cuando el Estado se retira y las políticas económicas golpean a los sectores populares, pasa lo mismo. Así concurran a la escuela Nuestra Señora de Itatí o vayan a la escuela Serrano, que es pública, la situación que padecen en barrio Las Flores es la misma. Y lo mismo ocurre en los sectores de alto poder adquisitivo: vaya bien o vaya mal la situación del país, no le va afectar a quien vaya a uno de los colegios públicos más importantes del país o concurra al colegio Cardenal Newman. Sí se nota mucho en los sectores medios, donde el impacto de la educación privada es muy importante: empiezan a ocurrir situaciones de morosidad, retraso, pérdida de fuentes de trabajo. El principal indicador nuestro es la educación superior no universitaria: en los terciarios, donde habitualmente concurren adolescentes o jóvenes que costean los estudios con su trabajo. Cuando hay una situación de recesión o que no hay seguridad en la estabilidad del empleo esas carreras se empiezan a caer rápidamente porque la gente no se anota. Prefieren buscar una alternativa pública o directamente no estudiar.
—¿Esta situación está ocurriendo?
—Desde el año pasado.
Gatillo fácil
“La propuesta que ha tirado el gobernador en los medios es la cláusula gatillo, que está vinculado a un índice. ¿Cómo podemos controlarlo? Pero además vincula el salario docente solamente a la cuestión inflacionaria y no a la justicia del caso. Por ejemplo, si la provincia tuviera recursos, ¿por qué no distribuir mejor la riqueza?”, dice Lucero.
Inflación, la cuenta que más cuesta hacer
Los docentes privados tienen un número grueso en carpeta para Santa Fe y está bien lejos de las previsiones oficiales de inflación para este año. Tanto que las duplica.
Al explicar semejante brecha, el titular de Sadop Rosario es cuanto menos didáctico. “No es tan difícil –marca Lucero–. Según los relevamientos que nosotros tenemos –que son de Cifra (consultora) y la Umet (la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), la inflación alcanzó un 40 o 41 por ciento. La provincia dice que fue del 32,9. Eso da unos 7 puntos de diferencia promedio. Y lo que estimamos para la inflación de este año está muy lejos del 18 por ciento que prevé el gobierno nacional en el Presupuesto: creemos que va a ser un 24 o 25 por ciento en el escenario más favorable, y de un 28 al 30 por ciento de acuerdo a lo que pase en el segundo semestre. Por eso nuestro pedido incluye la recomposición de los puntos que perdimos en 2016 y la proyección de la inflación para 2017: de allí surge una cifra no menor al 35 por ciento. El gran debate con el gobierno provincial es qué pasó el año pasado, porque sostiene que el aumento salarial del año pasado alcanzó para compensar la pérdida inflacionaria, cosa que no comprobamos en la realidad”.
