La lucha que hace siete años llevan adelante vecinos afectados por la instalación ilegal de dos centrales termoeléctricas en el límite de los partidos bonaerenses de Pilar y Escobar dio sus frutos. Días atrás, la Justicia federal rechazó la solicitud de una de las firmas (SCC Power Argentina, ex Araucaria Energy) que había pedido una nueva prórroga para seguir funcionando con menos turbinas y en horario diurno, y ordenó que la otra empresa (APR Energy) sea sometida a una auditoría de cierre para que entregue el predio en aptas condiciones ambientales antes de abandonarlo.
El doble revés judicial contra las termoeléctricas fue celebrado por vecinos de las localidades de Matheu y Villa Rosa que esperan que el fallo sea la antesala de la erradicación total de ambas compañías.
En diálogo con El Ciudadano, Érica Hahn, presidenta de la Organización Ambientalistas Autoconvocados, dijo que después de siete años de lucha, el fallo de la Cámara Federal de San Martín les dio la razón al confirmar “la veracidad de todas y cada una de las denuncias” y resaltó que la sentencia es el resultado “de la gran lucha de nuestros abogados, nuestra organización y los vecinos”.
También recordó que se opusieron a la instalación de las termoeléctricas cuando aún eran un proyecto porque se habían enterado del desembarco de cuatro compañías, que finalmente terminaron siendo tres. Una de ellas se radicó al lado del Parque Industrial (no adentro) pero las otras dos lo hicieron directamente en áreas pobladas.
“Es una zona que atrás tiene country pero adelante tiene los barrios Matheu y Villa Rosa a los que afectan directamente”, explicó Érica.
En ese sentido resaltó que pese al reclamo vecinal que intentó frenar el avance de industrias peligrosas en áreas pobladas, a fines de 2016 se radicaron con total ilegalidad, bajo el amparo de empresarios amigos de los poderes de turno y los organismos de control que no funcionan adecuadamente.
“Además del gravísimo impacto de los ruidos y la contaminación, nos opusimos por el desmesurado consumo de agua del acuífero Puelches por parte de ambas centrales termoeléctricas”, dijo.
“Es que uno de los principales problemas que tenemos en Pilar es el agua. Y es porque tenemos un Parque Industrial que usa muchísima agua. En esa zona se secan las napas. Entonces nos parecía una barbaridad que además de tener un Parque Industrial tuviéramos industrias fuera del área que, en tiempos de escasez hídrica y extremos climáticos, usen semejante cantidad de agua y después arrojen los efluentes líquidos” sin tratar.
Según los informes ambientales que conforman la causa judicial, ambas termoeléctricas en funcionamiento (SCC Power y APR Energy) consumían 5.000.000 de litros de agua por día.
“Los organismos de control no funcionan y ese es otro de los problemas que agudiza todo. Porque tenemos que ser los vecinos quienes denunciamos”, dijo Érica, maestra de primaria que hace más de dos décadas dio sus primeros pasos como activista ambiental, cuando en su barrio rural de Pilar comenzaron a radicarse ilegalmente industrias de Categoría 3, sin permisos ni estudios de impacto ambiental.
“Cuando este tipo de industrias se radican en zonas pobladas, es a partir de los cinco o los diez años que empiezan a aparecer todas las problemáticas sociales asociadas, como las enfermedades”, dijo.
Por ultimo resaltó que el fallo judicial es “un pequeño gran logro” y destacó el trabajo “titánico” de los abogados que lo llevaron adelante para mencionar a Gimena Viviani, Fabián Maggi “y a nuestro fallecido compañero Gustavo Madeira”.
Las dos medidas cautelares “las hicieron tan bien que no pudieron vencerlas”, dijo tras mostrarse confiada en que la resolución de fondo que aún está pendiente en la Justicia ordene la erradicación total de las termoeléctricas en zonas pobladas.
El fallo
La Sala II de la Cámara Federal San Martín rechazó que la termoeléctrica SCC Power (ex Araucaria) ubicada a la vera de la Ruta 25, en el límite de los partidos de Pilar y Escobar, continúe funcionando de manera irregular. La compañía había solicitado que se le prorrogue la habilitación provisoria otorgada por seis meses, entre enero y junio de 2023, que le permitió seguir operando de 8 a 21 con solo dos turbinas. Tras su vencimiento, el 30 de junio de 2023, la firma solicitó una nueva prórroga que fue denegada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Ante ello, SCC Power apeló.
Días atrás, la Sala II de la Cámara Federal San Martín rechazó la solicitud y le negó a la termoeléctrica seguir funcionando en las actuales condiciones, complicando aún más su cuestionada permanencia el lugar.
De este modo, el tribunal confirmó la prohibición de funcionar para la empresa, la única que permanece en la localidad luego de la partida definitiva de APR Energy.
La Cámara tuvo en cuenta dos hechos clave: en primer lugar, que la empresa sigue sin poder acreditar los permisos requeridos para su funcionamiento, y en segundo lugar, el haberse constatado que, aún funcionando con dos turbinas de las cuatro que posee, produce ruidos molestos al vecindario que exceden los máximos tolerados por las normas aplicables.
Además, los camaristas Néstor Barral y Marcelo Fernández también intimaron a la otra termoeléctrica, APR Energy SRL, a acreditar «en el plazo de treinta (30) días hábiles, la presentación ante el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires de la auditoría de cierre prevista en la ley 14.343, para su evaluación por dicha Autoridad de Aplicación”. Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de la notificación del cese de la actividad a la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, con la respectiva desafectación de las perforaciones e instalaciones de descarga de su titularidad».
APR Energy comenzó con el cierre de sus puertas en 2022, luego de haberse instalado en el mismo predio, sobre Ruta 25, en 2018. El 16 de marzo de 2021, la Cámara Federal de San Martín había ratificado la decisión del juez federal de Campana González Charvay de prohibir el funcionamiento de esa planta.
