Roberto “Beto” Pianelli**
El daño que la pandemia causó en el mercado laboral agudiza la vulnerabilidad en el empleo que venía del período anterior al covid-19. Según un trabajo de la Universidad Nacional de San Martín, retrocedieron todos los indicadores de empleo pese a las políticas de contención del gobierno nacional.
La tasa de desocupación pasó del 10,4 al 13,1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en el 2° trimestre de 2020 en relación al período anterior. En el total del país el número de desocupados subió a 2,3 millones. La tasa de empleo cayó del 42,2 al 33,4 por ciento: ¡un nivel comparable al de 2002! El número de ocupados bajó de 19 a 15 millones, 4 millones de personas menos tienen trabajo.
La tasa de actividad, a su vez, cayó de 47,1 a 38,4 por ciento. Es el principal dato de la crisis en el mundo del trabajo porque un número récord de gente se retiró de la búsqueda de empleo. Esto implica que si la tasa de desocupación no dio más alta es porque la gente no buscó trabajo, y no buscó por el contexto de cuarentena.
Como era de esperar, casi toda la caída del empleo (el 83 por ciento) la sufrieron los asalariados no registrados o informales, patrones y trabajadores por cuenta propia. Los asalariados registrados solo cayeron un punto. Paralelamente se conoció el índice de pobreza del primer semestre de 2020, que trepó al 40,9 por ciento según el Indec. Hay un incremento de 5,4 puntos respecto al 35,5 por ciento de igual período de 2019. El 56,3 por ciento de los niños entre 0 y 14 años viven en hogares pobres.
Las tareas de la hora
La desocupación avanza y es una amenaza concreta sobre miles de familias. La pobreza y la indigencia (superó el 10 por ciento) se ciernen como cuervos oportunistas sobre una sociedad acosada y enferma.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, destacó la importancia de establecer “una jornada de 8 horas con 5 días laborales para empezar a desmitificar muchas de las mentiras que han instalado los sectores dominantes como la de que hay una propensión a trabajar poco”. El proyecto de ley de reducción de jornada laboral establece que no se podrán exceder las 8 horas diarias o 40 semanales tanto en los empleos públicos como en los privados.
La Argentina “es uno de los países de América Latina que tiene la jornada laboral más extendida”. El proyecto pretende “la adopción por vía legislativa del principio de la semana de cuarenta horas previsto en el Convenio Nro. 47 de la OIT, de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación Número 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin disminución del salario que los trabajadores y las trabajadoras estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo”.
La reducción de la jornada laboral con carácter perentorio para que puedan trabajar más personas, tal como lo planteó la CTA de los Trabajadores y para mejorar la salud laboral de millones de laburantes, debe sumarse a la aplicación inmediata del aporte de las grandes fortunas (pero con carácter permanente), para subsidiar emprendimientos y fuentes de trabajo. Las necesidades de la población más pobre hacen que un criterio mínimo de equidad exija un régimen tributario donde esos ricos muy ricos pongan una parte de sus fortunas para dar curso a la batalla contra el hambre, vieja compañera de ruta en la vida de millones de argentinos.
Las grandes inversiones estatales sirvieron siempre para generar miles de puestos de trabajo, reconstruir los países, modernizar la industria y alentar un aumento de la productividad, la afiliación sindical y la participación obrera en la toma de decisiones. A partir de ese ingreso se podrá dotar al país de vivienda, salud, conectividad, obras públicas para brindar empleo a la población y poner al país al día con la infraestructura de un país moderno.
Despedir no es opción
El gobierno oficializó otra nueva prórroga por 60 días de la prohibición de despidos y suspensiones. La medida está vigente desde abril en el marco de la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus”. Otra de las enseñanzas que debe dejar esta pandemia debería ser la prohibición permanente de los despidos arbitrarios.
No nos cansamos de señalar que la actividad económica se produce por la unión de Capital + Trabajo. Existe un erróneo reconocimiento generalizado de que el inversor de capital es dueño absoluto de la unidad productiva y puede despedir a cualquiera sin motivo. En general sucede que con la excusa de la reestructuración deciden excluir personal que no acepta violar sus propios derechos y exige trabajar en condiciones dignas o que intentan ser potenciales delegadxs o activistas. Es decir, utilizan a los trabajadores como elementos descartables.
El propietario del capital puede hacer lo que quiere, cerrar el negocio o vender, incluso buscan no pagar tributos o fugar lo producido a guaridas fiscales. No es cierto que estemos en el mismo bote pero solo algunos tenemos la obligación de remar. El ciclo virtuoso se interrumpe y lxs trabajadorxs que pusieron su tiempo, su técnica, sus conocimientos, quedan librados a su suerte. Quienes así lo consideran asumen que el capital es el dueño total del núcleo productivo. Podríamos llegar a pensar en una situación ridícula si los trabajadores decidieran que un propietario no sirve y lo despidieran para reemplazarlo “reestructurando” la empresa.
**Secretario general de los metrodelegados
