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«Lucho de la PDI»: imputan a policía que trabajaba con Fiscalía de Homicidios por ser de Los Monos

Con otro uniformados fueron detenidos el viernes pasado mientras comían un asado con comisarios en actividad. Los sindican como los empleados que pasaban información sensible al ex jefe de la barra de Newell's a través del oficial exonerado de la fuerza Juan José Raffo, ya penado por Mono

En una investigación satélite de la pesquisa por el crimen del barra de Newell’s Nelson «Chivo» Saravia, cometida en octubre del 2021 en su casa de barrio Alvear, se puso la lupa sobre unos uniformados que, según la imputación fiscal, filtraban información a una de las células que trabaja en forma independiente pero que responde al máximo jefe de la banda de Los Monos Ariel «Guille» Cantero. Dos uniformados, uno de los cuales trabajaba a las órdenes de la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro, quedaron en prisión preventiva y hay un conocido y exonerado policía que tiene pedido de captura.

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Para la Fiscalía, a cargo de Matías Edery y José Luis Caterina, los uniformados en actividad David Luciano Esteban Arellano, quien se desempeñaba en la Unidad de Homicidios Dolosos del MPA, y Marcos Barúa, quien trabajaba en la comisaria 9a, formaron junto a Guille Cantero (preso en la cárcel de Marcos Paz), Leandro «Pollo» Vinardi, Damián «Toro» Escobar (estos dos detenidos en Ezeiza) y Pablo Nicolás Camino (alojado en Rawson y enemistado en los últimos tiempos con los dos anteriores) una asociación Ilícita, cuyo objeto fue obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones. Asimismo pelean por el control territorial y ofrecen “protección” ilícita en las zzonas donde ejercen este control.

Los fiscales contaron que este nucleamiento se presenta bajo una estructura de células autónomas que operan en forma independiente aunque colaboran a un fin común. Sindicaron a Cantero como el jefe de la organización que da órdenes desde su lugar de detención a los ya mencionados y a Marcos «Pato» MacCaddon -sindicado gerente de Cantero en San Lorenzo-, quienes además poseen sus propias células o ramas de la organización y reportan a Cantero, aseguraron.

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Además, cada uno de ellos procuraba favores de funcionarios públicos para posibilitar el funcionamiento de los negocios ilícitos de la organización, explicaron. A lo que se suma que el grupo funciona desde febrero de 2020, cuando según la acusació mataron a Rodrigo Sánchez, cuyo móvil fue la venganza por el atentado contra Mariana Ortigala, hermana del testigo protegido que declaró con lujos de detalles sobre la organización de Esteban Alvarado.

Dijeron los fiscales que los imputados son parte de la célula que dirige Vinardi y junto con Guillermo Manuel «Chupa» Sosa –quien entonces gerenciaba la barra de Newell´s y ahora está preso por el crimen de Saravia- son los encargados de brindar información sensible que tienen por su función en las fuerzas de seguridad.

Puntualmente a Arellano, que era brigadista de la fiscal Fabbro, le achacan revelar información reservada al exonerado uniformado Juan José Raffo -condenado en 2018 como miembro de Los Monos-, a quien comunicó casi en tiempo real la captura de Mauro Andrés Antonio, sospechado por los crímenes de un sobrino político y de una cuñada de Chupa Sosa, Andrés Montes y Angela Oviedo, respectivamente. Además le envió fotos de los secuestros que se hicieron en el procedimiento, en abril de 2022.

También le brindó a Sosa información sobre la investigación que se le seguía en su contra sobre el crimen de Nelson Saravia, lo que le permitió a Chupa mantenerse prófugo, dicen desde el MPA.

En cuanto a Marcos Barúa, sobrino político de Sosa, lo imputaron de brindar contactos policiales e información sensible para que este barra de Newell’s llevara adelante sus actividades ilícitas en alguna de las cuales participaba.

Citaron una comunicación por whatsapp entre Sosa y Barúa ocurrida el 19 de abril pasado donde el primero le dice: “¿Cómo andás Pariente? Escuchame, después de la seis, seis y cuarto, viste por la cortadita donde fuiste a buscar la moneda esa vuelta… te voy a estar esperando ahí, venite con un auto boludo, no vas a venir en moto boludo, así ya rajamos para el norte. Traete tu pipita». Para la fiscalía la pipita es un arma de fuego.

Dos horas más tarde Sosa se comunica con otro número y le dice: “Escuchame, salí ahí afuera. ¿Vos estás en lo del viejo? Salí que está mi sobrino, boludo, mi sobrino que es cobani, boludo. Salí que está en la cortada, jovencito el pibe, es cobani, va a ir con nosotros a trabajar”.

El 21 de abril hay otro mensaje de Barúa a Sosa vinculado con el cambio de cúpula policial “Tengo una noticia, ahora en un rato me van a confirmar. Creo que mi amigo quedó primero acá en Rosario. Te acordás el que iba a quedar en San Lorenzo. Bueno, quedó acá. Tenemos que hablar para hacer algo grande”.

Luego le reenvió un mensaje con un listado de posibles designaciones dentro de la URII y le manifestó a Sosa: “Romero Oscar. Me iban a confirmar, pero si queda él, estamos hablando de algo grande para hacer”.

Los fiscales contaron que ese mismo día intercambió mensajes con el comisario Romero, donde éste le dijo que no sería jefe de Rosario y Burúa le dice que tiene que ir a San Lorenzo, Romero le respondió que le gustaba esa idea y el imputado contestó: “Ya se va a cumplir y somos nosotros”.

La fiscalía los imputó por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y violación de secreto para Arellano. En cuanto a Burúa la imputación fue por los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La jueza Verónica Lamas González formalizó la audiencia y dictó una medida cautelar de encierro por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años.

El crimen de Sánchez

Rodrigo Carlos Sánchez, tenía 43 años y era mano derecha de Esteban Alvarado. Lo mataron a bordo de su camioneta Toyota Hilux el 19 de marzo de 2020 en Wilde esquina San Lorenzo donde un Renault Logan se cruzó en su camino y encapuchados se bajaron y lo acribillaron.

Por el crimen fue imputado Rodrigo «Cepe» Benítez quien quedó involucrado por una huella dactilar y un peritaje balístico. Era ladero de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera, un gerente de Los Monos de Villa Gobernador Gálvez según la investigación. También fue imputado un hombre por robar el auto que se utilizó en el hecho.

Según la pesquisa el móvil habría sido el intento de asesinato de Mariana Ortigala, quien recibió cuatro disparos pero sobrevivió. Esta mujer, según la investigación, envió por whatsApp un video con imágenes del ataque a Pablo Camino (condenado por dos homicidios) y a Otniel Almonte de León (penado por el crimen de un policía), ambos miembros de Los Monos, en pro de que identificaran a los atacantes. En represalia mataron a Sánchez, según la teoría fiscal.

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Crimen de Saravia

Nelson Chivo Saravia, ex jefe de la barra de Newell´s fue asesinado el 23 de octubre del 2021 en San Nicolás al 3700. Según la imputación fiscal, un grupo de 20 personas se reunió en la casa de  Guillermo Chupa Sosa en Garibaldi al 3300 a planear el crimen.

Entre la evidencia que brindaron los fiscales se encuentra un informe hecho por Arellano con otro oficial donde dice que el celular robado en el crimen se apagó en calle Garibaldi al 3300. Agrega que Sosa lidera la barra del club del Parque y es cuñado de Ángela Oviedo, asesinada el día previo al crimen de Saravia, cuando una moto con dos ocupantes pasaron por Centeno al 2600 y le dispararon.

Hay un testimonio que dice que esta mujer estaba investigando el crimen de su sobrino Alejandro Andrés Montes, que fue asesinado en agosto del 2021 cuando un auto comenzó a seguirlo y corrió hasta una rotisería de Rueda y Vera Mujica. El muchacho intentó refugiarse en el lugar pero no evitó que lo alcancen y lo maten de varios tiros.

La mujer había logrado obtener un nombre, el de Mauro Antonio, como uno de los involucrados  y el día previo a su muerte había ido hasta un lugar donde supuestamente estaba el sospechoso, donde quien la acompañó supone que el blanco del espionaje la vio. Además esta mujer era la madre de una nena de 14 años que fue baleada en el tórax en enero del 2021, cuando atacaron el frente de la casa de un tío de Ángela.

Dupla en moto pasó a los tiros y mató a una mujer en Rodríguez y Centeno

En la investigación surgió que Arellano llevó el dato de donde se encontraba esta persona a la fiscalía lo que llamó la atención porque no era una prioridad, pero cuando se diligenciaba la autorización llamó diciendo que lo habían detenido en la calle donde había protagonizado un choque. Ya había una sospecha que tenía vinculación con Sosa y con el exonerado Raffo.

Lo que terminó de inclinar las sospechas sobre Arellano fue una mujer, Brenda «Morocha» Barboza, pareja del condenado por homicidio Nelson «Pandu» Aguirre, quien al ser detenida preguntó por «Lucho de la PDI. Lucho es pareja de mi amiga Carla y amigo de mi tía».

Raffo

Una de las primeras causas penales que tuvo Raffo fue en 2006, por la desaparición de una puerta antigua de madera de cedro que fue cortada y colocada en su casa frente a la Jefatura. Para entonces, cuando ya le achacaban una causa de estafa y otra por tentativa de cohecho agravada, terminó condenado a un año de prisión en suspenso.

La puerta en cuestión fue un trueque por un favor que le hizo al ladrón de la puerta, un inquilino de una pensión de Zeballos al 1000 que se la llevó del lugar. Cuando era sumariante de la comisaría 2a le solucionó el tema al ladrón, que varios años después cayó por otro hecho y dio la pista para que Raffo, hijo de un comisario, fuera condenado.

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El ex uniformado se había hecho conocido además por denunciar, en 2009, la existencia de cajas negras en la fuerza, para lo que hizo algunas filmaciones que demostrarían lo que denunciaba. En 2013 quedó involucrado en la investigación por asociación ilícita que tuvo a Los Monos como protagonistas.

En esa oportunidad le achacaron el mismo modus operandi que ahora: filtrar información sensible, esta vez a través de otros uniformados con los que tenía vinculación, como Arellano. En 2018 fue condenado por el delito de asociación ilícita, cohecho y violación de secreto a la pena de 5 años y 10 meses.

Tras el allanamiento del pasado viernes en Guatemala al 2200, donde fueron detenidos los ahora imputados, Raffo tiene un pedido de captura activo por esta nueva causa.

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