Néstor Espósito / Tiempo Argentino
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideraron que Cristina Fernández de Kirchner, a lo largo de sus dos gobiernos, y su marido, el difunto Néstor Kirchner, defraudaron a la ciudadanía que depositó su confianza en ellos. Y que durante sus respectivos mandatos, “la corrupción fue la regla y el Estado de derecho quedó rezagado”. Por eso, se ofreció como el hombre que va a reordenar esa ecuación y por su actuación, “el Estado de derecho será la regla”.
“El estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados”, concluyó el fiscal Diego Luciani en una arenga de neto corte político, en la que sólo faltó su proclamación como candidato a un cargo político.
Con previsible grandilocuencia, el fiscal Luciani cerró las nueve jornadas de alegatos pidiendo para la vicepresidenta, la pena de 12 años de prisión. En el mismo sentido, la acusación fiscal reclamó penas de entre diez y 12 años de prisión para los imputados Julio De Vido, José Francisco López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, a quienes les reprochó las mayores responsabilidades de los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Diez años de prisión recibieron el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; 12 para Lázaro Báez y el resto en el siguiente orden: el ex coordinador Carlos Kirchner, 2 en suspenso; el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, cuatro; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; para los de Vialidad de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, tres en suspenso, Juan Carlos Villafañe seis, Raúl Gilberto Pavesi cinco, José Raúl Santibáñez, cuatro.
Luciani proclamó que “todos los actos del Poder Ejecutivo deben ser revisables”, revirtiendo el criterio que establece que los actos de gobierno que no constituyan delitos no son de competencia judicial. Dicho de otro modo, que se trata de “cuestiones políticas no judiciables”.
Así, avanzó sobre los alcances equilibrados del reparto de poder de la República, arrogándole al Poder Judicial la virtual capacidad de gobernar sin que nadie haya elegido a un juez para eso.
El fiscal no encontró “ningún atenuante” sobre la conducta que le reprocha ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a ninguno de sus funcionarios. Todas las ponderaciones son negativas y agravantes de una conducta que dio por demostrada, sin hesitaciones ni dudas.
Luciani cerró su alegato hablando de un “sistema de corrupción institucional” que causó no sólo un perjuicio para la ciudadanía (especialmente a la de Santa Cruz, “que creía que iba a tener mejores vías de comunicación”) sino también un desmedro en la consideración de la Argentina en el exterior.
Con una curiosa lectura de geopolítica, Luciani habló de la “mala reputación del país en el contexto internacional”.
Para el fiscal, Néstor y Cristina Kirchner actuaron con voluntad de enriquecerse personalmente. “Ánimo de lucro y codicia”, indicó. Y ese egoísmo personal que, según su alegato, se tradujo en “saquear” al Estado para beneficiar a Lázaro Báez y, como “Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner”, abultar los bolsillos del matrimonio presidencial. La hipótesis lleva inevitablemente a una nueva imputación: la de “enriquecimiento ilícito”, figura que –por ahora y pese a las nueve jornadas de acusación- no apareció en escena.
“Los fiscales y los jueces son la última esperanza de terminar con estas prácticas”, se ufanó Luciani.
“El orden público ha sido trastocado por funcionarios públicos de alta jerarquía”, resumió Luciani en su última jornada de alta exposición mediática.
Luciani pidió el decomiso de todos los bienes de las empresas del Grupo Austral y de una docena de propiedades adjudicadas y además impulsó la investigación de hechos que surgieron, por ejemplo, del teléfono de José López.
Allí aparecen mensajes que mencionan a Máximo Kirchner.
Luciani dedicó los minutos finales a replicarle a Alberto Fernández que emprendió una “injerencia indebida” en el Poder Judicial, al sostener que las decisiones en materia de contratación pública no es revisable en los tribunales.
“No hace falta que diga acá que uno de los motivos por los que renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”, recordó, en una tergiversación de la declaración de Alberto Fernández como testigo en el expediente.
Sin embargo, le reprochó que “para defender puerilmente a su compañera de fórmula evitó hablar de los graves hechos aquí ventilados. (…) La ciudadanía entera sufrió los actos de corrupción”, insistió Luciani.
