En apenas tres años, el cemento impermeable de las nuevas urbanizaciones en la cuenca del arroyo Ludueña creció un 70 por ciento avanzando sobre lo que antes era tierra absorbente. Por ello, el agua que no puede infiltrarse en el terreno escurre más rápido poniendo al límite tanto los cursos hídricos naturales o artificiales como las obras de mitigación diseñadas para un paisaje que muta rápidamente. No es la única, pero sí una de las causas por las que la semana pasada, tras varios días de lluvia intensa, se anegaron barrios históricos, en su mayoría humildes, y los nuevos que se construyen en el ex cordón industrial.
Más de 800 evacuados, campos, calles y viviendas inundadas más servicios básicos como energía eléctrica y agua potable interrumpidos fueron acompañados por piquetes en los accesos a la ciudad. El último temporal expuso no sólo un grado de fragilidad social persistente en la región sino también otro, geográfico, cuyo dato sobresaliente –no impensable– fue el desborde del canal Salvat, tributario del arroyo Ludueña. Allí, el agua fluyó veloz y abundante hasta ese curso artificial, colapsándolo y llevando al límite la capacidad de drenaje del canal Ibarlucea en el que desemboca. Fue en parte por el nivel inusitado de las precipitaciones en lo que va de octubre, que dejaron gran acumulación de agua sobre la que, los más de 100 milímetros que cayeron en apenas cuatro horas el pasado fin de semana, terminaron por hacer “rebasar el vaso”. Pero, además, porque los suelos están siendo impermeabilizados aceleradamente. Una causa de esto último –que se remonta a unas tres décadas– es el avance de la frontera agrícola, con sus numerosas canalizaciones ilegales incluidas. La otra, más reciente y violenta, es la de las flamantes urbanizaciones que plantan cemento allí donde había tierra absorbente (ver recuadro). Hay estudios hidráulicos realizados, obras en funcionamiento, otras en marcha, anunciadas, diseñadas y en espera para morigerar las consecuencias de las grandes lluvias. También, la ley provincial 13.246 promulgada en enero de este año pero todavía no reglamentada, que fija requisitos precisos para aprobar emprendimientos urbanos sobre la cuenca en miras a minimizar sus impactos hídricos. El fenómeno de los nuevos asentamientos humanos reactivó el alerta. Los habitantes de Empalme Graneros saben desde hace varias décadas sobre el lastre que dejan ciertos “negocios” inmobiliarios, con loteos en tierras inundables que concentran altas ganancias en unos pocos y reparten largos sufrimientos entre muchos. La historia se repitió, en una segunda versión que no co-protagonizan ahora sectores humildes sino medios o medios altos. Los emprendimientos cerrados que comenzaron a florecer en la década de 1990, se frenaron con la crisis de 2001 y se potenciaron en 2008 –ya con carácter abierto predominante– al compás de la recuperación económica. Sobre los 740 kilómetros cuadrados de la cuenca del Ludueña se asientan las localidades de Pérez, Zavalla, Pujato, Funes, Roldán, San Jerónimo, Luis Palacios, Ricardone, Ibarlucea y Camilo Aldao. Hasta 2008, la planta urbanizada en ese territorio totalizaba 5.347 hectáreas. En 2011, los barrios que se agregaron cubrían una superficie extra de 3.715 hectáreas (ver aparte), esto es, un aumento del 69 por ciento. “La zona del Gran Rosario ha sido impactada en forma periódica por diferentes eventos pluviométricos intensos, el último de ellos ocurrido en marzo de 2007. Este hecho, sumado a la creciente presión sobre el uso de la tierra producto del cultivo de soja y al desarrollo inmobiliario sin planificación, incrementa la vulnerabilidad de la población frente a las inundaciones. Razón por la cual la protección de vidas humanas, generalmente sectores marginales asentados sobre las márgenes de los cursos de agua, adquiere cada vez mayor importancia”, advertía en 2008 un pormenorizado estudio de la cuenca del Ludueña realizado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a pedido de la provincia. El primer relevamiento de la misma casa de estudios fue a mediados de la década del 80. Tuvo por objetivo construir un modelo matemático del comportamiento hídrico que, mediante la información de censores colocados en el territorio permitieran emitir alertas tempranas de inundaciones, y el diseño de obras que minimicen sus impactos.
El cambio de uso de suelo rural, de ganadería a agricultura intensiva, data de unas tres décadas, con una aceleración a partir de la autorización de cultivos transgénicos en la Argentina en 1996. El de las urbanizaciones privadas, fruto de emprendimientos inmobiliarios y no de la planificación de los estados locales, es más reciente pero de mayor impacto, explica el ingeniero Erik Zimmermann, autor junto a otros profesionales, de trabajos de simulación matemática de la hidrología del Ludueña. El investigador señala que la estimación de impermeabilización de estas urbanizaciones, respecto del suelo preexistente, es de un 30 por ciento.
El pasado martes 16 de octubre se desarrolló en Rosario un taller del Observatorio Regional del Agua en el que se volvió a desgranar la cifra de avance del cemento en la región. El título de uno de sus debates es elocuente: “Nuevas Urbanizaciones. Su impacto ambiental”. La semana siguiente, fue la naturaleza la que se encargó de poner en evidencia el riesgo de esas intervenciones humanas centradas en el lucro económico.
Los conflictos son numerosos. Los desarrolladores inmobiliarios desafían las regulaciones provinciales o municipales (forzando flexibilizaciones), y recelan de las críticas de movimientos vecinales o territoriales como Giros. Algunos municipios cuestionan los requisitos exigidos a los nuevos barrios por el gobierno santafesino a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Otros, como Funes, destacan por su visión estratégica y se animan a frenar 19 loteos por incumplimiento de normas ambientales, como informara este medio el 1º de abril pasado. Es que el problema no es sólo la impermeabilización de los suelos que producen las flamantes urbanizaciones: juntas suman verdaderas ciudades cuyos habitantes demandan un gran volumen de agua que, en un 95 por ciento, es devuelto a un territorio y a desagües que ya no pueden absorber más. Con lo que las ganancias privadas, otra vez, obligan a mayores inversiones estatales en infraestructura, que se financian con dinero público. Y los perjudicados vuelven a ser los sectores vulnerables.
Como ocurre ante cada emergencia, la semana pasada se sucedieron las quejas opositoras y los anuncios oficiales. Para este martes, se programó una reunión en Funes en la que se constituirá el retrasado Comité de Cuenca del Ludueña, el único que falta poner en marcha en la provincia. A su vez, la Casa Gris tomó nota de sus deudas y adelantó que las obras de la primera etapa del Aliviador 3, adjudicada en enero pasado a la Unión Transitoria de Empresas Obring-Edeca, arrancarán el 15 de noviembre. Se trata de un entubamiento que descomprimirá la descarga del Ludueña en el Paraná y correrá por debajo de calle Nansen y avenida Eduardo Carrasco para terminar unos 400 metros aguas arriba de la desembocadura del arroyo. Los trabajos tienen 40 meses de plazo para su finalización, y demandan una inversión de 88 millones de pesos. En veremos, aunque diseñado en base a los estudios realizados sobre la cuenca, queda el Aliviador 4.
