El gobierno puso la lupa sobre los movimientos de fondos de las obras sociales sindicales. En la CGT opositora, de Hugo Moyano, admitieron que varias operaciones, en particular las inmobiliarias del gremio de los camioneros, permanecen paralizadas por exigencias de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que encabeza Liliana Korenfeld. El monitoreo es consistente con una denuncia del mes pasado contra Moyano por parte de una unidad gubernamental por los manejos de fondos del sindicalista con empresas relacionadas con su entorno.
Jorge Sola, dirigente del sindicato del Seguro e integrante del Consejo Directivo de la central opositora, le dijo a este diario que las obras del sanatorio Antártida, de Camioneros, debieron frenarse por una resolución de la SSS que les exige a las obras sociales informar al organismo acerca de todas las operaciones inmobiliarias y de compraventa de bienes muebles antes de autorizarlas.
Decreto de la dictadura
“La Superintendencia usa un decreto de la última dictadura, que data de 1982, para complicar los emprendimientos de las obras sociales. Le pasó a Moyano en Camioneros y también al gremio de Patrones de pesca”, comentó Sola. En el sindicato del Caucho reconocieron haber tenido el mismo obstáculo.
El sanatorio Antártida es una de las obras más ambiciosas del gremio de los choferes. Aunque fue inaugurado en diciembre de 2009, con la presencia del ministro de Salud, Juan Manzur –en épocas en que la relación entre el sindicato y el gobierno estaba intacta– nunca entró en funcionamiento pleno pasados casi cuatro años. Semanas atrás, en diálogo con radio América, el propio Moyano admitió que las obras del centro sanitario permanecían demoradas por “problemas administrativos” que no quiso detallar.
Según Sola, la SSS “puso un freno a las obras a partir de observaciones en cuanto a que no se informó el proceso de transferencia del sanatorio”. El dirigente explicó que la compra del Antártida fue hecha inicialmente por la obra social de choferes (Oschoca) y que luego, por cuestiones de disponibilidad de fondos, la transfirió al patrimonio del sindicato. Fue esa transferencia la que objetó la Superintendencia. No obstante, en la entrevista Moyano había dicho que el centro asistencial podría inaugurarse definitivamente antes de fin de año, y cerca suyo desligaron el parate del monitoreo de la SSS.
Fiscalía y UIF al ataque
El mes pasado, este diario anticipó que la fiscalía especial antilavado (Procelac) recopiló datos que había enviado la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones supuestamente sospechosas entre las dos obras sociales de Camioneros (Oschoca y la de la Federación nacional) y empresas manejadas por sus familiares y dirigentes de su entorno más próximo.
La denuncia, que fue anexada a una causa previa que instruye el juez federal Claudio Bonadío, lleva el sello del gobierno: la UIF es un organismo del Estado que conduce José Sbatella, y la Procelac está a cargo del fiscal Carlos Gonella, un hombre ligado a la línea de “Justicia Legítima” que lleva adelante la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La presentación da cuenta de operaciones por 577 millones de pesos de 2011 y 2012 con las firmas Iarai, Dixey y Aconra, que manejan Liliana Zulet, la esposa de Moyano, y Valeria Salerno, la hija de la mujer, entre otras personas de su círculo más cercano.
Quejas gremiales
Juan Carlos Murgo, jefe del gremio de trabajadores del Caucho, le reconoció a este diario que la SSS también objetó una operación de refacción de un hotel en La Falda, Córdoba. “Vinieron pibes de La Cámpora con funcionarios a revisar. Les di todos los papeles y supuestamente ahora estoy autorizado. Lo que quiere el gobierno es quedarse con las obras sociales”, se quejó Murgo.
Durante una reunión de presidentes de obras sociales el 8 de octubre pasado, en la sede de Azopardo 802 de la CGT, varias autoridades admitieron haber tenido los mismos reparos por parte del organismo que maneja Korenfeld.
Como conclusión del encuentro, los asesores técnicos dijeron que por tratarse de un decreto de la época de la dictadura que había dejado de ser utilizado debería considerarse “desuetudo”, es decir sin vigencia.
