La Justicia dictó la prisión preventiva para uno de los acusados de facilitamiento de pornografía infantil en el marco de la investigación para desbaratar una red de distribución por internet de material de abuso sexual infantil. En una audiencia imputativa que tuvo lugar este viernes, el fiscal Diego Meinero, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, le atribuyó a MOB los delitos de facilitamiento de pornografía infantil agravado por tratarse de representaciones de niños menores de 13 años y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años. El juez Hernán Postma aceptó la acusación y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
La Fiscalía le atribuyó al imputado tener en su poder material de explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución y haber facilitado 5.957 archivos de explotación sexual infantil, al descargarlos a través de una red P2P y haberlos puesto a disposición para ser descargados a través de la misma red en la carpeta servidor de la aplicación en reiteradas oportunidades. Los hechos ocurrieron desde el 1 de octubre de 2021 a las 3.12 hasta el 22 de febrero de 2022 a las 15.15, a través de distintas IP que fueron asignadas a su domicilio de calle Alvear al 2700 de Rosario.
El acusado fue detenido este jueves, en el marco de los procedimientos realizados simultáneamente en el denominado Operativo Luz de Infancia IX, luego de allanarse su vivienda en la cual se secuestraron elementos de interés para la investigación como una cantidad significativa de dispositivos informáticos (computadoras, tablet, Pen drive, celulares, discos rígidos, cámaras digitales, notebook), según indicaron voceros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El operativo internacional reportó 30 detenidos en el país. “Argentina es uno de los tres países de más consumo de explotación sexual infantil, un número que la pandemia no ayudó. Se agravó la situación como en el resto de los distintos delitos informáticos”, señaló el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Bautista Mahíques, en conferencia de prensa.
La investigación se desplegó en trece provincias de Argentina e incluyó, además, allanamientos en Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y Paraguay con un total de 162 órdenes de allanamiento, según voceros oficiales.
“Luz de Infancia IX comienza en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y Brasil. Ellos hicieron un análisis en internet de programas en los que se comparten archivos (método peer to peer o P2P) y es allí donde se empezó a investigar a los usuarios a través de las IP”, explicó la fiscal de Ministerio Público de la Acusación Yanina Tolosa, desde un domicilio allanado en barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe.
“En la Argentina–agregó la fiscal–, se detectaron 69 usuarios. Cada uno de las autoridades judiciales pone su granito de arena. Esto se basa en la cooperación internacional porque es un delito de característica de trasnacionalidad. Internet hace que estos delitos se consumen no en un lugar determinado sino en varios lugares al mismo tiempo”.
Una red P2P consiste en un programa de intercambio de archivos en el que se comparten todo tipo de documentos, y que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado a su red desempeña tanto funciones de servidor como de cliente. Una de las principales características de una red P2P consiste en que, cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, es consciente de que al menos a una carpeta (directorio) en su computadora podrá tener acceso cualquier persona integrante de esa red. Los clientes de torrent y los clásicos E-Mule y Soulseek son ejemplos de este tipo de software.
La investigación Protected Childhood (Infancia protegida) fue iniciada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil en 2017, quienes denominaron Operativo Luz de Infancia a las acciones que fueron llevando a cabo desde entonces. Un total de nueve.
Como parte de este operativo, en 2019 fue condenado a ocho años y medio de prisión el médico del Hospital Garrahan Ricardo Russo, responsable de producir y consumir imágenes de explotación sexual infantil.
