La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el endeudamiento requerido por el gobierno para obras públicas y devolvió el tema al Senado, donde se habían introducido una serie de cambios que ahora deberán ser revisados. El proyecto autoriza al Ejecutivo a tomar deuda por un monto máximo de 985 millones de pesos para la ejecución de acueductos y cárceles en distintos puntos de la provincia.
A través de la iniciativa que impulsa el gobierno de Antonio Bonfatti se busca hacer uso de la autorización conferida en el artículo 46º de la ley 13.404 (presupuesto 2014) para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública.
Entre otras obras, se pretende conseguir créditos para la primera etapa del acueducto del Gran Rosario, la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón-Rafaela y la ampliación de las cárceles de Piñero, Las Flores (Santa Fe), Santa Felicia y Melincué.
El Senado había aprobado, el 23 de abril, un proyecto similar pero por un monto máximo de 2.200 millones de pesos: más del doble de la iniciativa original. Fue porque los senadores de la oposición, que controlan la cámara, solicitaron obras para sus departamentos y así, al tope de 985 millones del proyecto original, se agregó un listado de 125 obras más por un total de 1.260 millones.
Ayer, por mayoría (35 votos positivos y sólo dos negativos), la Cámara de Diputados aprobó el texto original remitido por Bonfatti –sin las obras incorporadas por los senadores– y devolvió el tema a la Cámara alta, que puede insistir con su propia versión o bien aceptar el texto y convertirlo en ley.
Si ocurre esto último, la provincia podrá gestionar préstamos para invertir 239 millones de pesos en la ampliación de cuatro cárceles, otros 350 millones de pesos para los acueductos Gran Rosario y Desvío Arijón-Rafaela y para la finalización de la segunda instancia del canal del centro-norte que abastecerá de agua potable a las poblaciones de Desvío Arijón, Sauce Viejo, Santo Tomé, Matilde, Sa Pereyra, Angélica, Susana, Rafaela y San Carlos (el sistema completo abarca un total de 91 localidades, estimando su llegada a 360 mil habitantes con una inversión de otros 350 millones de pesos).
El proyecto establece la creación, en el ámbito de la Legislatura, de una Comisión Bicameral de Seguimiento para verificar la ejecución de las operaciones de crédito, su afectación específica y la ejecución de los proyectos comprendidos en la ley.
“Mamarracho”
El diputado radical Julián Galdeano fue el vocero del oficialismo en el recinto. “Santa Fe tiene uno de los niveles de deuda más bajos del país y tiene capacidad de pago porque ha cumplido históricamente, esta gestión y las anteriores, con todos sus compromisos”, justificó el legislador al referirse a la estrategia elegida por el Ejecutivo para obtener financiamiento.
De todos modos, Galdeano reconoció que la situación ahora no es la misma que a principios de año, cuando Bonfatti remitió el proyecto a la Legislatura. “La situación económica no es la misma; tenemos dificultades a nivel nacional y a nivel macro que hoy conspiran con la obtención concreta de estos fondos a tasas razonables”, advirtió el diputado oficialista.
Galdeano también se refirió a los cambios que hizo el Senado sobre el proyecto original, a los que calificó de “mamarracho”. “A muchos nos hubiera gustado que obras de nuestros territorios se incorporen como estratégicas. De hecho, así lo hicieron los senadores. Pero la visión estratégica hoy corresponde al Poder Ejecutivo, no a cada uno de nosotros con sus reivindicaciones territoriales”, concluyó el legislador de la UCR.
Sí “condicionado”
Por su parte, el diputado justicialista Mario Lacava, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, aclaró que el proyecto aprobado establece que las operaciones de crédito se realicen de acuerdo con el avance de obras previsto y que los recursos provenientes de créditos autorizados sean depositados en una cuenta especial que no forme parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, a los efectos de evitar su aplicación directa o indirecta a otros destinos.
“Estamos condicionando la suscripción definitiva de los convenios que formalicen las distintas operaciones a la autorización legislativa previa de las condiciones aplicables a las operaciones de endeudamiento, tales como: tipo de operación, plazo de amortización y de gracia, moneda, tasa de interés y demás cargos que correspondan”, explicó el legislador opositor.
“Si bien estamos manifestando la voluntad política de permitirle al Ejecutivo el acceso al crédito para la financiación de obras de infraestructura, esta Cámara se reserva las facultades con relación al uso del crédito por parte de la provincia previstas en la Constitución y en la ley de Administración Financiera”, agregó Lacava.
En la sesión de ayer también se aprobó, sobre tablas, un proyecto de comunicación del diputado justicialista Pablo Di Bert por el cual se solicita al Poder Ejecutivo “que considere como prioridad el financiamiento de distintas obras de infraestructura” en diferentes localidades de la provincia. Di Bert entregó para anexar a su proyecto un listado de 131 obras.
