Cuando se reinicie la actividad legislativa, en febrero, uno de los temas centrales será la emergencia en seguridad. Para el gobierno de Omar Perotti, para combatir al delito con mayor eficacia es imprescindible contar con esa herramienta, que le permitirá acelerar contrataciones y compras y por la cual además se delegan determinadas facultades del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo.
En el primer intento por la emergencia, a fines de diciembre, los diputados del Frente Progresista hicieron valer su mayoría y rechazaron el proyecto. La misma postura tomaron los representantes de Cambiemos y del bloque Somos Vida que lidera Amalia Granata. En aquel momento, el argumento para la negativa es que no estaban dadas las condiciones para declarar la emergencia en la provincia; desde la oposición interpretaron el planteo de Perotti como un intento por contar con “súper poderes”.
Sin embargo, aquello que en diciembre fue rechazado, terminará por ser aprobado en las primeras semanas de febrero. La ola de crímenes que marcó el inicio del año (20 homicidios en los primeros 19 días del año en Rosario) cambió por completo la apreciación política de unos y otros sobre el pedido de emergencia.
El Ministerio de Seguridad a cargo de Marcelo Saín se encuentra elaborando un nuevo proyecto para la declaración de la emergencia, que sería enviado a las cámaras por separado del resto de las emergencias (social, alimentaria y económica). Es la prioridad del gobierno para cuando la Legislatura retome su actividad el 1º de febrero tras el receso de verano.
Desde el Frente Progresista aseguraron en la última semana que van a apoyar la declaración de emergencia en materia de seguridad pública, pero con condiciones. “Si el ministro (Saín) nos plantea que necesita más fondos para equipamiento y para vigilancia, vamos acompañar. Lo que no vamos a acompañar son los súper poderes si es un cheque en blanco de recursos sin saber en qué se van a gastar y sin los controles que requieren los gastos en la administración pública”, explicó la diputada provincial socialista Lionella Cattalini.
También desde Cambiemos van a apoyar la emergencia. Sus diputados habían votado en contra en diciembre, también apelando al argumento de los “súper poderes”, pero la saga de violencia letal registrada en el inicio de 2020 modificó las posiciones dentro del macrismo. “O se presenta un plan concreto y se declara la emergencia, o nos siguen matando”, sostuvo la diputada provincial de Cambiemos Ximena Sola.
El proyecto original
Más allá de las valoraciones políticas de cada espacio, uno de los motivos centrales del rechazo a la declaración de emergencia en diciembre fue la decisión del gobierno de reunir, en un solo proyecto, ocho declaraciones de emergencia: social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad.
El Senado, de mayoría peronista, le había dado media sanción al paquete de leyes. Pero en la Cámara de Diputados el PJ tiene sólo siete bancas sobre 50 y allí se impuso el criterio del bloque mayoritario del Frente Progresista, que en la votación fue acompañado por Cambiemos y por el espacio de Granata. Ahora las cosas cambiaron y los bloques opositores aseguran que si el Ejecutivo remite la emergencia en seguridad en forma individual será apoyada sin mayores contratiempos.
La iniciativa rechazada en la última sesión de 2019 proponía declarar la emergencia en seguridad por 18 meses con el fundamento, entre otros, de “la grave crisis de confianza por la que está atravesando la institución policial a partir del incremento del delito”.
Cambio de planes
En dos semanas, la mirada de la oposición sobre el tema seguridad cambió radicalmente. Los bloques que rechazaron la emergencia en diciembre la van a apoyar en febrero. En el Frente Progresista incluso hay una mirada positiva sobre el inicio de la gestión de Saín. La diputada socialista Lionella Cattalini destacó “la iniciativa de establecer mesas de coordinación” entre la provincia y los municipios y “la coordinación de esfuerzos” entre el gobernador Perotti y el presidente Alberto Fernández. “Eso es lo que pedimos para la provincia de Santa Fe”, celebró Cattalini.
La diputada provincial aseguró que el Frente Progresista apoyará al gobierno en las decisiones que deban tomarse en materia de seguridad: “Estamos esperando el diálogo y queremos discutir, si el ministro nos plantea que necesita más fondos, vamos acompañar. Lo que no vamos a acompañar son los súper poderes”.
Desde Cambiemos, la diputada Ximena Sola se expresó en el mismo sentido: “Le pedimos al gobernador que eleve a la Legislatura un único proyecto que declare la emergencia en seguridad, desligado de las otras siete emergencias que pretendía aprobar semanas atrás, porque, al igual que con el gobierno nacional, no estamos de acuerdo con otorgar súper poderes al Ejecutivo, omitiendo las funciones de los legisladores”.
En diciembre, el rechazo del bloque de Cambiemos a la declaración de emergencia resultó llamativo ya que desde ese espacio habían presentado un proyecto similar en julio del año pasado. Aquella iniciativa apuntaba a la declaración de emergencia en seguridad pública por un plazo de 24 meses y fue elaborada por los diputados Sergio Más Varela, Germán Mastrocola y Demetrio Álvarez, que terminaron sus mandatos el 10 de diciembre pasado. El tema nunca se llegó a tratar en el recinto.
Los argumentos del oficialismo
El ex diputado provincial y actual senador nacional Roberto Mirabella celebró que “por primera vez hay coordinación con la Nación en materia de seguridad”, en relación al encuentro del último jueves entre el presidente y el gobernador en la Casa Rosada, pero indicó que eso no es suficiente y que es necesaria la declaración de emergencia para que el Ejecutivo provincial cuente con todas las herramientas necesarias para combatir el delito.
“El delito se mueve dónde se lo facilitan”, definió Mirabella. “Vamos a combatir eso y sacar toda la mugre que está escondida para limpiarla, va a ser un trabajo largo, difícil y duro pero la decisión está tomada y esto es un solo gobierno en materia de seguridad pública con una sola interpretación del problema y una sola acción”.
En tanto, desde el Movimiento Evita respaldaron las políticas de seguridad pública puestas en marcha por el gobernador Perotti y el ministro Saín “que evidencian una clara vocación por erradicar las complicidades institucionales que hicieron posible el crecimiento exponencial del crimen organizado, cuya consecuencia más dramática se expresa en las tasas de homicidios de la última década”.
Proponen sesión especial
El diputado del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani, junto a su compañera de bancada Agustina Donnet, pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, que se convoque el jueves 23 de enero a una sesión extraordinaria “para abordar la crisis de seguridad que atraviesa la provincia”.
“Los datos muestran niveles delictivos alarmantes”, expresaron. “En las últimas dos semanas en la ciudad de Rosario ocurrieron 17 homicidios. En la provincia de Santa Fe, durante 2019, se registraron 337 muertes violentas, de las cuales 168 tuvieron lugar en Rosario y 102 en el departamento La Capital. De la totalidad de los homicidios, dos de cada tres se cometieron con armas de fuego”.
Para Giustiniani, “la gravedad de la situación exige un abordaje integral desde los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) y la articulación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a los fines de dar una respuesta efectiva al legítimo reclamo ciudadano de más seguridad”.
