El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri culpó ayer a la presidenta Cristina Fernández porque la Policía Federal “no cumplió la orden de desalojo” que dictó el juez Luis Armella en un complejo habitacional del barrio de Flores, ocupado por 200 familias. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, dijo que el gobierno nacional “no tiene competencia en el delito de usurpación”, ya que hace tres años le fue transferida, explicó, y agregó: “La ciudad debe hacerse cargo de la seguridad”.
Macri volvió a tirar la pelota a la Nación y la Nación a Macri. “La presidenta Cristina Fernández ha decidido que no se respete lo que decide la Justicia y que no se aplique la ley”, acusó el mandatario porteño, en una conferencia de prensa realizada anoche.
El ministro Alak, por su parte, insistió con que “la ocupación de los departamentos del Bajo Flores configuran el delito penal de usurpación y este delito, junto a otros once, fueron transferidos de la Justicia Nacional a la Justicia de la ciudad hace tres años, por ley del Congreso de la Nación, sancionada el 28 de febrero del 2008”.
Alak afirmó que el desalojo de las familias que desde el sábado ocupan 204 viviendas en Parque Avellaneda, que son para pobladores de la ribera del Riachuelo, compete a la ciudad de Buenos Aires.
El juez Luis Armella, que entiende en la causa, ordenó antenoche que sea desalojado el grupo de familias.
El magistrado actuó tras un pedido realizado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que requirió la desocupación de los edificios construidos con fondos de la ciudad para las personas que vivían en condiciones de riesgo ambiental, sanitario y social a la vera del Riachuelo.
Al respecto, Macri dijo que la situación es similar a la ocupación del parque Indoamericano, en diciembre pasado, y que al igual que en aquella oportunidad “el gobierno quiere insistir” que la sociedad viva “fuera de la ley”.
La Corporación Buenos Aires Sur había contratado a agentes de la Policía Federal para custodiar el predio en cuestión, por lo que en el escrito presentado ayer ante el magistrado el Ministerio de Seguridad de la Nación afirma que esta circunstancia “no implica que la Federal haya actuado de oficio ejerciendo competencias propias”.
“Al contrario –destaca el escrito–, implica que el sujeto que contrató los servicios se creía en la obligación de asegurar la custodia del lugar”, por lo que la vigilancia es “un acto propio de la ciudad de Buenos Aires que se consideró en la obligación de asegurar la custodia del complejo para mantenerlo libre de intrusiones”.
El juez Armella dio plazo hasta hoy para que las personas que usurparon el complejo habitacional se retiren del lugar, aunque las autoridades aspiran a que el problema se resuelva “con participación de asistentes sociales del gobierno de la ciudad y no a través de la Policía”, según revelaron fuentes oficiales.
