Macri defendió el accionar del Gobierno de la Ciudad para dar respuesta a la tragedia: «El Estado reaccionó como corresponde», aseguró, y responsabilizó a la empresa constructora del edificio lindante al gimnasio: «Ha habido una enorme impericia de parte de la dirección técnica de la obra. No respetaron en nada los planos aprobados», señaló.
Argumentó además que se trató de «un caso excepcional» ya que «se hacen miles de obras por año en la Ciudad» y apuntó, en particular, al uso de una retroexcavadora que «comenzó a funcionar el día lunes».
Además ratificó que la obra «había sido inspeccionada en su etapa de demolición».
El vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, adelantó que el Ejecutivo «se presentará como querellante ante la Justicia».
También Marcos Peña, Secretario General, habló de «impericia clara» de la constructora y aseguró que «se realizaron todos los controles necesarios», pero el derrumbe se produjo porque la empresa no realizó el «apuntalamiento» obligatorio que debe hacerse en las construcciones linderas cuando se realiza una «retroexcavación». Y reveló la fecha de la última inspección que realizó el gobierno de la Ciudad en la obra: 17 de julio.
También participó de la conferencia de prensa el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, quien confirmó que las dos propiedades linderas al gimnasio fueron evacuadas por razones de seguridad.
Tras el derrumbe, la presidenta de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, Silvina Pedreira, había presentado un pedido de informes para que el poder Ejecutivo responda «quién es el responsable de la obra; si hay planos presentados; si se han hecho inspecciones en el lugar; si se cumplió con la submuración correspondiente y qué medidas tomará el gobierno a partir de esta situación».
También la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Muñiz, adelantó que solicitará informes para saber si la obra en construcción lindante al gimnasio tuvo las verificaciones en el avance de obra.
