El gobernador Miguel Lifschitz criticó este martes el pedido del Ejecutivo nacional para que las provincias quiten impuestos a las facturas de servicios públicos al remarcar este martes que la administración de Mauricio Macri tiene «la habilidad de trasladar a los gobernadores el costo político de las medidas que toma».
«Hay que reconocerle a este gobierno la habilidad de trasladarle el costo político de las medidas que toma a gobernadores y a las provincias. Ya lo hizo con la reforma previsional, lo hizo con las tarifas el año pasado», declaró Lifschitz a la radio La Red.
Los tarifazos en los servicios públicos parecen ser el talón de Aquiles del macrismo. La resistencia a los aumentos generó movilizaciones y el descontento de amplios sectores de la sociedad, desde usuarios residenciales a pymes y el sector industrial. Incluso hay una movida en el Congreso nacional para retrotraer los valores.
Como respuesta a la decisión de aumentar un 2.000% los servicios desde su llegada al poder, a Macri no se le ocurrió una mejor idea que pasarle la pelota a las administraciones provinciales, quienes no definen el valor de los servicios públicos.
«El impuesto más importante que tienen los servicios es el IVA, que es un impuesto nacional, que impacta en un 21%. Si queremos bajar impuestos el primero que habría que reducir es el IVA a todos los servicios públicos», manifestó Lifschitz.
«Se intenta trasladar el costo político de las medidas más impopulares y tratar de compartirlo con los gobiernos provinciales que no tenemos ni arte ni parte en este tema, no definimos la tarifa, no hemos sido parte de las discusiones», añadió el mandatario socialista.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya anunció que eliminará los impuestos provinciales sobre los servicios públicos, lo que representará una rebaja en las tarifas de entre 6,2 y 15,5% para todos los hogares de esa provincia.
«Nosotros no tenemos los impuestos que tiene Vidal en Buenos Aires. Estamos haciendo gran esfuerzo para tratar de morigerar el impacto de la energía eléctrica», subrayó Lifschitz.
«Nos quieren hacer socios para morigerar el impacto de la tarifa de gas, que es un servicio nacional, pero nos han pedido una colaboración para asumir en conjunto el financiamiento (del bimestre mayo-junio de la tarifa social del gas) para atenuar el impacto. Vamos a acceder, pensando en los santafesinos», comentó el mandatario santafesino.
En el caso de las tarifas de gas, el socialista dijo que «no le corresponde a la provincia» de Santa Fe, que de todos modos va a contribuir «para buscarle una salida a esa parte del incremento».
«Por lo que ha manifestado el gobierno esto se va a mantener en el tiempo, no ha cambiado un ápice la estrategia ni la política tarifaria, simplemente se está tratando de maquillar un poco este aumento para que la gente lo pueda digerir», agregó Lifschitz.
«Obviamente vamos a tratar de colaborar sobre todo pensando en nuestros usuarios y ciudadanos. Pero creo que no se resuelve el problema de fondo que es la superposición de incrementos tarifarios de distintos servicios», finalizó el gobernador.
En Santa Fe “hay poco margen” para bajar tarifas
Las posibilidades de que Santa Fe rebaje los impuestos incluidos en las tarifas del servicio eléctrico, como sugirió el gobierno nacional, son mínimas. Según explicó este martes la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, Santa Fe tiene la mitad de la carga impositiva que la provincia de Buenos Aires. “Tenemos muy poco margen” para reducir impuestos, aclaró Geese.
En las facturas de la EPE, la mayor parte de la carga tributaria es nacional: los usuarios residenciales pagan el 21% de IVA y los grandes clientes de la empresa pagan el 27% por el mismo concepto. El IVA constituye el costo impositivo más grande en las tarifas de la EPE. Esos recursos van al Tesoro nacional. “En Santa Fe nada de lo que cobra la EPE va al Tesoro”, diferenció la funcionaria.
La provincia aplica tres tributos: el 1,5% sobre el básico para conformar el Fondo de Electrificación Rural (ley provincial 6604), lo que constituye unos 650 millones de pesos que se utilizan para obras de tendido eléctrico en los departamentos del norte provincial; el 6% por ley 7797 que se destina a compensar a municipios y comunas por el uso de sus redes (a partir de la provincialización del servicio en 1975); y una carga fija bimestral de 4,26 pesos a cada usuario residencial (ley 12692) para financiar el programas de energías renovables.
Además de esos conceptos, en las tarifas de la EPE se incluye la cuota de alumbrado público que, según explicó Geese, “no es impuesto” sino una herramienta de recaudación para que los vecinos contribuyan al pago de la electricidad que consume cada municipio y comuna para el alumbrado público.
El diputado provincial Héctor Cavallero sugirió que la provincia exima del pago de Ingresos Brutos a la EPE. Según Geese, un usuario residencial con consumo normal abona 50 pesos por bimestre por ese concepto. “El impacto es bajo”, resumió la funcionaria.
Jueza suspendió por 90 días aumento en Venado
La jueza en lo Civil y Comercial de Venado Tuerto, Celeste Rosso resolvió aceptar una cautelar interpuesta por la asociación de Consumidores y Usuarios de esa ciudad santafesina, para suspender por 90 días el aumento de la tarifa de electricidad que brinda la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto.
En declaraciones a Radio Dos, la jueza expresó: “Lo que cuestiona (la presentación de la asociación de consumidores) no es el monto del aumento, si es irracional o no, sino el procedimiento que la cooperativa eléctrica realizó previo al aumento tarifario”. Según explicó Rosso, “no se concretó la audiencia preliminar de participación ciudadana, que se estableció a partir de la reforma del año 1994 de la Constitución nacional en donde necesariamente tiene que participar la ciudadanía en estas decisiones”.
En San Cristóbal la jueza Graciela Gustcher también aceptó una cautelar del centro comercial local por los aumentos “desproporcionados e irracionales” de la electricidad.
Corral, el mejor alumno
El intendente de Santa Fe José Corral, uno de los aliados de Mauricio Macri en la provincia, anunció ayer que rescindirá el convenio de alumbrado público que tiene el municipio con la EPE, una medida que –en caso de aplicarse– significaría una rebaja de alrededor del 10% de la tarifa eléctrica para los usuarios residenciales de la ciudad de Santa Fe.
En respuesta al pedido del presidente, Corral anunció una medida que apunta a alivianar los últimos aumentos tarifarios: la rescisión del convenio de alumbrado público, vigente desde 1995. “Decidimos hacer un esfuerzo para disminuir la tarifas”, sostuvo.
