El sindicalismo y los partidos de oposición se mostraron este miércoles juntos en el Congreso en una señal contundente hacia el gobierno destinada a presionarlo para el tratamiento de proyectos de ley para declarar la “emergencia ocupacional” y multar a los empresarios que despidan a trabajadores, y por la modificación inmediata del impuesto a las Ganancias. Los reclamos unificaron las tres versiones de la CGT, las dos de la CTA y diputados del Frente para la Victoria (FpV), el Frente Renovador (FR), el bloque Justicialista y de otras fuerzas políticas como Margarita Stolbizer, Hermes Binner y Victoria Donda.
La foto multitudinaria de anteayer en el salón Delia Parodi de la Cámara baja, con centenares de dirigentes y legisladores que debatieron por tres horas ambas iniciativas, amaga con representarle a Mauricio Macri una amenaza a los proyectos legislativos del oficialismo y a la necesidad del Ejecutivo de mantener la iniciativa frente a la recuperación de consignas por parte de opositores.
Aunque tuvo un componente central simbólico, el nivel de la convocatoria del miércoles entusiasmó a los protagonistas con la posibilidad de torcerle el brazo a Macri con ambas temáticas. Antes de la reunión, se pensó que la denominada “emergencia ocupacional” era apenas una iniciativa que operaba como amague con el fin de convencer al oficialismo de aceptar la aplicación desde este año de los cambios en Ganancias. En cambio, en las deliberaciones se pactó impulsar un paquete de leyes que tomará como referencia los proyectos presentados en las dos áreas por legisladores de los sectores participantes.
Las versiones de la CGT, sobre todo las representadas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, habían ideado el encuentro como una puesta en escena de una alianza que tuviese por protagonista a Sergio Massa, líder del FR, para el empuje de proyectos con el centro en Ganancias junto a legisladores del tigrense y los de extracción gremial de los otros bloques. Sin embargo, la aceleración de los despidos en las últimas semanas, con mayor énfasis en el sector público, motivó que otros sectores sindicales, entre ellos el metalúrgico Antonio Caló, reclamasen poner al tope de la agenda un mecanismo para frenar las cesantías.
Bajo esa premisa, lograron la participación de los referentes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, que el miércoles mismo denunciaron al gobierno ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por la ola de despidos.
Junto a los referentes de las centrales obreras –que fueron junto a otros dirigentes de los principales sectores de cada CGT– estuvieron en la reunión los diputados Massa, Facundo Moyano y Graciela Camaño, de UNA; Héctor Recalde y Axel Kicillof, del FpV; Diego Bossio y otros miembros del bloque Justicialista; Stolbizer, del GEN –hizo las veces de moderadora del debate–; Binner, de Socialistas; Donda, de Libres del Sur, y Néstor Pitrola, del Partido Obrero, entre otros legisladores de diversas fuerzas políticas.
No hubo presencias del bloque de Cambiemos. Mario Negri (UCR) se quejó por no haber sido invitado.
El más entusiasta con la convocatoria fue Massa, quien advirtió que se le exigirá al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el llamado a una sesión para el tratamiento de ambas iniciativas. Prometió intentar “acuerdos y proyectos” con Cambiemos, pero avisó: “Así como a algunos sectores de la política les interesa representar la agenda de los empresarios, a otros nos interesa representar la agenda de la gente: Ganancias, despidos, Consejo Económico y Social, vivienda”, enumeró.
El cambio de prioridades fue explicitado por Caló: “Si no hay trabajo no hay Ganancias…”, advirtió. Así, justificó que pasará a primer plano la posibilidad de declarar la emergencia ocupacional por entre seis meses y un año, de modo tal de fijar durante ese lapso una virtual prohibición de despidos en los sectores públicos y privados, y la penalización con una doble indemnización (incluso más, de acuerdo a la iniciativa) para los empresarios que insistieran en producir cesantías.
Sobre Ganancias, el otro eje, los presentes acordaron avanzar en la unificación de criterios entre las múltiples iniciativas presentadas en los últimos tiempos para cambiar el mínimo no imponible, las deducciones y las escalas del tributo. En paralelo, algunos de los proyectos contemplan la posibilidad de gravar otras actividades, como la financiera o la minería, para compensar la eventual pérdida recaudatoria.
