La mamá de la niña entrerriana de 11 años que está embarazada decidió que su hija continúe con la gestación y retiró el pedido de aborto no punible que había realizado ante la justicia, según confirmaron distintas organizaciones sociales.
«La mamá se presentó en los tribunales de Concordia junto al padrastro de la nena y la abogada Susana Benítez y desistió del pedido de aborto no punible», dijo Carolina Comaleras del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders).
En tanto, la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Entre Ríos denunció «que la madre de la niña fue intimidada, presionada, manipulada para que retire el pedido de la interrupción del embarazo».
El comunicado de la organización consideró «evidente el abuso de poder por parte del juez (Raúl Tomaselli), también de los médicos que intervinieron con pericias médicas e informes sobre la supuesta viabilidad del embarazo en la niña».
Comaleras recibió la confirmación de la decisión de la madre de la niña cuando salía de una reunión con el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, quien ya había adelantado su opinión de que el embarazo de la niña era viable.
La reunión convocada por Cettour fue para «ratificar el comunicado oficial que emitió el gobierno provincial donde aclaraba que iba a respetar la decisión de la justicia», explicó Comaleras.
El miércoles el interventor del Inadi, Pedro Mouratián, sostuvo que «tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina».
«Se entiende que un embarazo de tales características pone en riesgo la salud psicofísica de la niña», dijo y enfatizó que «el caso no debería haber llegado a la justicia y debería haberse realizado sin demora la interrupción del embarazo en el ámbito de los servicios de salud».
La niña de 11 años es oriunda de General Campos, una localidad de 3.000 habitantes, desde donde su mamá y una tía la llevaron al Hospital de San Salvador donde los médicos determinaron que estaba embarazada.
Pese al requerimiento de la madre para que le realicen un aborto no punible a la niña, el director del Hospital de San Salvador, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial.
