La Comunidad de Madrid abrió una investigación sobre las terapias clandestinas celebradas en el obispado de Alcalá de Henares que reveló el portal eldiario.es. La Consejería de Políticas Sociales será la encargada de determinar, a través de la Inspección, en qué consisten esas terapias clandestinas y si presuponen una violación de la normativa vigente, según informó este martes el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Pedro Rollán, tras una reunión del Consejo de Gobierno de la capital española. «Se verificará por parte de los instructores si se ha cometido algún tipo de actividad al margen de la ley y, en el caso que así fuera, se aplicará la sanción correspondiente, como no podía ser de otra manera», señaló el funcionario madrileño.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por Eduardo Rubiño, diputado y miembro de la agrupación política Más Madrid en el Registro General de la Comunidad de Madrid. Otras organizaciones, como el Observatorio de la LGTBIfobia preparan también denuncias para exigir la actuación del gobierno regional contra unas terapias que están tipificadas como infracciones graves en la ley autonómica aprobada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes (artículo 70) y son susceptibles de multas de hasta 45.000 euros, según la normativa vigente.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales precisaron que la actuación del gobierno madrileño se limitará a sanciones administrativas contempladas en la ley, y no al cese de la actividad, si tuviera lugar. Eso lo tendrá que decidir un juez, apuntaron las mismas fuentes.
«Según la información que hemos conocido parece que en el entorno del obispado de Alcalá de Henares se está realizando un seminario, una charla o un tratamiento», sostuvo el vicepresidente del Ejecutivo de Madird ante las preguntas de los periodistas. Con todo, Rollán no quiso entrar a valorar estas terapias ilegales y contempló la posibilidad, a la espera de la investigación de que de ellas sea responsable una clínica particular.
Por su parte, la agrupación política Ciudadanos calificó de «despropósito» que el obispado de Alcalá de Henares imparta estos cursos y, en tal sentido, consideró que «la Iglesia católica debería evolucionar».
«Me parece que es un absoluto despropósito y confío en que la diócesis rectifique y que elimine ese tipo de cursos que no ayudan a nada, más bien a todo lo contrario, nos hacen involucionar en lugar de evolucionar», señaló el candidato de la agrupación que lidera Albert Rivera a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
A su turno, la diputada del PSOE autonómica Carla Antonelli expresó que «llueve sobre mojado con el obispo de Alcalá porque es una continuación reiterada en la LGTBifobia en su pretensión absurda de curar la homosexualidad y la transexualidad».
«Esto es un delito y una falta muy grave de la ley contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid del artículo 70 con más de 45.000 euros de multa más otras sanciones administrativas que se le pueden interponer», agregó la diputada socialista.
La denuncia periodística
Todo comenzó con una denuncia a través de una nota periodística firmada por Ángel Villascusa en el portal español eldiario.es.
«El obispado de Alcalá de Henares imparte terapias ilegales y clandestinas para «curar» la homosexualidad. Haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación, este periodista ha asistido a la primera sesión de una de estas pseudoterapias, que tuvo lugar el 21 de marzo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá y que está dentro del mismo complejo religioso. Este tipo de sesiones están prohibidas en la Comunidad de Madrid y quienes las imparten pueden enfrentarse a multas de más de 45.000 euros, según el artículo 70.4.c de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad. El obispado confirma por escrito a eldiario.es que el centro es suyo y que se hacen las terapias, aunque niega que sean “terapias reparativas” y explica que se trata de formación “educativo-sexual (educación en el amor)», señaló Villascusa en su nota.
«Fuentes oficiales del obispado de Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus polémicas homófobas, puntualizan que se trata de «acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros». Sin embargo, eldiario.es ha comprobado en primera persona que tanto el contenido de los materiales enviados por correo como la primera sesión de pseudoterapia (impartida por una persona sin formación) están enfocados a que la persona deje de ser homosexual, algo que los expertos del Consejo General de la Psicología de España consideran anticientífico y peligroso, «porque suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio». La ley madrileña lo califica directamente de ilegal, ya que prohíbe «la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género», independientemente de si las personas acuden voluntariamente o no, y las considera una infracción muy grave que puede conllevar la retirada de subvenciones públicas», añade la nopa de eldiario.es.
«La supuesta terapeuta, B. V., dice ser doctora en biología y, como confirma el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid a eldiario.es, no está colegiada y por tanto no tiene habilitación para hacer terapia de ningún tipo. En el obispado tiene un cargo en la sección madrileña del Pontificio Instituto Juan Pablo II, un centro de estudios que en España dirige el obispo de Alcalá de Henares y que imparte el “Máster para las Ciencias del Matrimonio y la Familia», según el obispado.
Aunque la diócesis niega que sean terapias de reversión, la propia pseudoterapeuta lo admite en una grabación en una de estas sesiones ilegales y asegura que conoce bien el riesgo y la ley que lo prohíbe: “Explicarte por qué sientes lo que sientes y cómo dejar de sentirlo se considera homofobia. Yo sé que esto puede tener consecuencias. Esto es un acto LGTBfóbico cognitivo. Podrían llegar incluso a cerrarnos el centro”, dice al periodista, que se hace pasar por un chico confundido con su sexualidad. “Estoy teniendo contigo un acto homofóbico. O sea, yo te estoy intentando ayudar. Yo sé que esto puede tener consecuencias, hasta tal punto que yo podría ir a la cárcel”. También le pide que no se lo cuente a nadie, ni siquiera a sus amigos, y le avisa de que si lo hace habrá problemas para todos los que acuden y además le intentarán convencer para que no vuelva a una sesión.
