Este martes por la mañana se vivieron momentos de tensión en el ingreso a la planta de Algodonera Avellaneda ubicada en la localidad de Reconquista. Un empleado que pretendía ingresar al complejo atropelló con su moto a dos mujeres que se encontraban acampando en la puerta. La representación jurídica de los trabajadores consideró que el hecho forma parte de una maniobra de la empresa en conjunto con la Justicia santafesina para «criminalizar la protesta» y correr el eje del reclamo por mejora salarial.
Los delegados que encabezan la manifestación aseguraron que no se trató de un accidente, sino de un hecho provocado por un enviado de la empresa que integra el grupo Vicentin. Sostuvieron que el episodio forma parte de una iniciativa impulsada por el Directorio y avalada por la justicia santafesina para incitar la violencia y profundizar las diferencias entre los propios empleados.
La abogada Carolina Walker explicó a El Ciudadano que la fricción entre sus representados y el Directorio derivó en el violento episodio de este martes a partir de «una persecución más que evidente» sobre los trabajadores, e incluso sobre ella y su colega Luciana González, quien también recibió amenazas a través de las redes sociales.
Las dos mujeres víctimas del choque fueron derivadas a un hospital de la zona con algunas heridas. Mientras eran trasladadas por una ambulancia, sus compañeros denunciaron haber sido provocados minutos antes por Héctor Vizcay, abogado de la algodonera que se encontraba en el lugar junto a fuerzas de seguridad, un montaje nunca visto en casi setenta días de medida de fuerza.
La patronal y un sector de los trabajadores atraviesan un conflicto gremial que lleva más de 60 días sin resolución. El reclamo por una mejora salarial, que supere el umbral de la línea de pobreza, se convirtió en un acampe permanente liderado por los delegados de la fábrica.
A partir de esta situación, y luego de ausentarse a las últimas audiencias de conciliación en el Ministerio de Trabajo provincial, Algodonera Avellaneda decidió llevar el conflicto laboral a una instancia penal contra los manifestantes, argumentando que el acampe impide el ingreso al establecimiento. Para las abogadas de los trabajadores, se trata de «una clara utilización de medios penales para el amedrentamiento».
En este contexto, el hecho ocurrido en la mañana de este martes aumentó los niveles de tensión entre las partes. La defensa de los huelguistas pidió reparar en que «esto se trata de un conflicto laboral, no penal, y que el aparato persecutorio del Estado no puede utilizarse para criminalizar el derecho a huelga constitucionalmente amparado».
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Momento de tensión
A primera hora de la mañana, uno de los empleados que continúa desempeñando sus tareas, terminó chocando a dos de sus compañeras que se encontraban en la zona de ingreso. A partir de esta situación surgieron dos versiones que reflejan la tensión que sobrevuela Reconquista.
Si bien los manifestantes reconocieron que quien se trasladaba en moto era de uno de los trabajadores de la empresa, sostuvieron que se trata de un enviado por parte de la patronal, específicamente apuntaron al abogado de Algodonera Avellaneda, Héctor Vizcay, como uno de los provocadores.
El letrado sostuvo que varios trabajadores intentaron ingresar pero fueron obstaculizados por la protesta. A su vez agregó que el conductor de la moto quiso avanzar y terminó chocando a las dos mujeres que se encontraban en el lugar.
Los delegados que encabezan la manifestación explicaron que en ningún momento se obstaculizó el ingreso, y que el choque fue adrede. De hecho sostuvieron que previo al hecho que desató la conmoción, recibieron provocaciones por parte de enviados de la patronal.
Para los trabajadores que llevan adelante el acampe existe una voluntad empresarial de generar un choque constante entre los propios empleados.
El reclamo que lleva más de 60 días, tiene que ver con un pedido de mejora salarial a la patronal. Según indican, la algodonera que pertenece en un 80% a la firma Vicentin, paga 116 pesos por hora trabajada, con lo cual mucho de sus empleados llegan al umbral de 25 mil pesos mensuales.
En julio, la Algodonera sólo pagó, de los salarios del mes anterior, la porción de la que se hizo cargo el Estado como asistencia en la emergencia (ATP). Por el resto, ofreció vales de mercadería de otras dos empresas del grupo: carnes del Frigorífico Friar y aceite de la marca insignia Vicentin.
Los trabajadores rechazaron esta modalidad de “pago en especies” que recordó la que hasta las primeras dos décadas del siglo pasado, también en el norte santafesino, utilizaba la explotadora de tanino La Forestal.
Antecedente del conflicto
Con este episodio, el volumen de tensión entre las partes sumó un nuevo capítulo después de que los trabajadores fueran citados este lunes por el Ministerio Público de la Acusación a una audiencia, a partir de que el directorio los apuntara como responsables de obstruir el ingreso y egreso de tránsito al complejo.
«En la instancia de este lunes, nosotros planteamos que no existió corte ni delito, esto no se trata de un conflicto penal sino laboral. La finalidad era la persecución sobre los trabajadores», señaló la abogada Carolina Walker.
En medio de un clima de tensión, el juez Santiago Banegas resolvió que ambas partes ya habían manifestado que el corte no era tal, por lo cual decidió que las fuerzas de seguridad debían controlar y garantizar la legalidad de la huelga, de manera que no se impida el ingreso de los trabajadores.
La decisión marcó un precedente para lo sucedido este martes. «El abogado Héctor Viscay se hizo presente esta mañana con fuerzas de seguridad y con un grupo de trabajadores que querían entrar, y empezó a arengar para que ingresen al parque», relató Walker.
La situación generó una discusión que terminó con el hecho violento y dos trabajadoras heridas. Las representantes legales de los acampantes denunciaron a Viscay y visibilizaron la gravedad de la situación.
Este nuevo episodio se suma a la constante persecución que sufren ambas profesionales e incluso a las amenazas que reciben de manera privada ante el intento de defender a quienes se manifestaron desde un principio con la intención de alcanzar un sueldo que supere los 25 mil pesos.
Walker recordó una de esas situaciones durante los últimos días, cuando al presentarse a una reunión convocada por la Municipalidad de Reconquista, advirtió a una camioneta de la Policía de Investigaciones (PDI), tomándole fotos y filmando. En tanto su colega y representante también en la misma causa, Luciana González, recibió amenazas en su cuenta personal de facebook.
