La jueza Mónica Lamperti determinó ayer prisión preventiva para los 15 policías acusados en el marco de la investigación por el crimen de Iván Mafud, al final de una extensa audiencia en la que las defensas intentaron sin éxito bajar las imputaciones de la Fiscalía, entre ellas la de homicidio doblemente calificado como coautores para siete de los acusados, que recibieron preventiva sin plazo (60 días), mientras que el resto, apuntado por la maniobra encubridora del asesinato, estará tras las rejas la mitad de ese tiempo.
Para demostrar apariencia de responsabilidad el fiscal Miguel Moreno, acompañado por su par Adrián Spelta, expuso su hipótesis y realizó un cotejo de lo expresado en las actas policiales y el respaldo de la frecuencia radial de aquella madrugada del 8 de septiembre de 2014, cuando Mafud fue asesinado tras una persecución por zona sur que terminó en la localidad de Roldán. Desmenuzó al detalle las exposiciones de los imputados y marcó las contradicciones de la versión policial. Concluyó que, si bien existió una persecución, el auto Fiat Marea conducido por la víctima no contaba con más ocupantes y no existió un enfrentamiento armado, sólo balas policiales.
Moreno explicó que el Fiat se cruzó con el patrullero 4449 del Comando Radioeléctrico por Ovidio Lagos y, según el acta, Mafud dobló al ver la presencia policial en calle Coronel Arnold y aceleró. Descartó que la persecución se haya iniciado por la falta de la placa trasera de Fiat, ya que los autos se cruzaron de frente, y entendió ilógico que la víctima doblara para dejar a la vista esa situación.
Desde allí y durante 2,3 kilómetros el móvil no superó los 40 kilómetros de velocidad, según el GPS. Francia, Fragata Sarmiento, Suipacha y Ovidio Lagos son algunas de las calles que recorrió el Fiat y recién en Uriburu y Avellaneda el móvil 4449 dio cuenta al 911 de la persecución, a lo que el fiscal no le encontró explicación.
Moreno sostuvo que el primer tiroteo no ocurrió donde dijo el uniformado Oscar Jáuregui. Para desvirtuarlo citó dos llamados al 911 que hicieron referencia a detonaciones en la zona de Batlle y Ordóñez y Avellaneda y Ovidio Lagos al 7200 y aseguró que existe contradicción sobre el lugar donde se produjo el tercer tiroteo, entre el acta de procedimiento –que lo ubica a la altura de la localidad de Piñero– y los audios del 911 que se refieren a la ruta 18. El fiscal sostuvo que, al acoplarse el resto de los móviles a la persecución, ya no hubo más disparos desde el Marea, según el relato policial.
Según la versión policial cuatro móviles venían detrás del Fiat por la ruta AO12 y una chata de Seguridad Vial se cruzó sobre la cinta asfáltica para cortarle el paso a la altura del kilómetro 47. Allí el auto se fue a la cuneta y cayó donde había al menos 40 centímetros de agua, luego que los dos policías apostados en la camioneta dispararan. Según la versión policial, dos ocupantes salieron por las puertas derechas del Fiat y dispararon contra la camioneta, que recibió tres impactos y huyeron, mientras que Mafud se quedó en el auto, abrió la puerta y disparó una vez, circunstancia que fue repelida por los policías, que respondieron. Pero para Moreno esta versión tiene puntos oscuros.
Las dudas
El arma que la Policía dijo haber hallado en poder de la víctima, un revólver 22, tenía el tambor trabado y el perito no pudo abrirlo en el lugar, mientas que al arma hallada frente al vehículo, una pistola del mismo calibre, le faltaba una cacha y el cargador, por lo que tenía capacidad de un disparo a la vez. El auto tenía tres de los cuatro vidrios estallados por las balas y el restante estaba levantado, lo que implica que había que bajar los vidrios para disparar, dijo el fiscal. El peritaje dio que funcionaban bien pero subían y bajaban lento. Agregó que en un monedero del auto había tres proyectiles percutados intactos, calibre 22 largo, los que fueron disparados por el arma hallada fuera del rodado; entendió que la persona que los disparó los sacó del arma y los ubicó en ese lugar, mientras que Mafud había disparado un arma que pudo cargar una vez, ya que contaba con el tambor trabado.
Es decir que Mafud, con sólo ocho proyectiles (la capacidad del tambor), de los cuales tres impactaron en el primer móvil y tres en la chata de Seguridad Vial, la víctima debió haber disparado mientras conducía a 180 kilómetros y mientras subía y bajaba el vidrio cada vez que lo hacía, refutó la versión policial Moreno. A ello sumó que no coinciden las trayectorias con los relatos de los policías sobre cómo esos vehículos habían recibido los balazos.
Los ocupantes sin rastro
El acta policial adujo que había otras dos personas en el auto en fuga, quienes luego de despistar abrieron las puertas derechas, saltaron el agua, dispararon contra los uniformados y corrieron hacia una calle lateral. Hubo dos custodios de empresas en el lugar del hecho que escucharon las detonaciones y no vieron correr a nadie. Un testigo dijo que pasó media hora antes de que llegara la Policía al predio a preguntar si había vista alguna persona y una cámara infrarroja que hay en uno de los galpones no tomó movimientos.
A ello el fiscal sumó la existencia del celular de la víctima enchufa a un cargador sobre el asiento del acompañante y agregó que el peritaje sobre el auto dio que los balazos ingresaron por la parte izquierda y salieron por la derecha, por lo que si había alguien más en el interior debió sufrir heridas y no había rastros de ello. Moreno concluyó que la persecución pudo haberse iniciado por un motivo económico y cuando el móvil 4449 se cansó de seguirlo dio el alerta al 911 y simuló los tiroteos. Luego se sumaron otras unidades y con el objeto de licuar responsabilidades de dos convidados de piedra –en referencia a los dos policías de Seguridad Vial que dispararon para frenar el Fiat – decidieron disparar todos contra el auto donde se hallaba Mafud malherido.
La Fiscalía sostuvo que luego los imputados efectuaron una maniobra para encubrir el hecho, por lo que robaron la butaca del bebé que había en el asiento trasero para sostener la versión oficial, se disparó contra los móviles y se plantaron armas. Incluso, echó por tierra la versión de que el motor del móvil que inició la persecución se había fundido 150 metros antes de llegar al lugar del despiste, y refirió que arribó dos minutos después según el GPS y que existen tres vainas disparadas con el arma de Jáuregui contra el Fiat.
Moreno dijo que se modificó la escena al estacionar los móviles en la banquina y que se avisó con retardo a Criminalística y la Fiscalía, a lo que sumó que durante la persecución fueron fluidas, casi frenéticas las conversaciones entre las unidades al punto de que se pisaban entre ellos y luego sólo remitieron el dato de la patente y el resultado de la persecución; incluso se comprobaron comunicaciones por Nextel para evitar la frecuencia policial, describió.
Moreno concluyó que se practicaron intervenciones telefónicas donde surgió que los imputados Walter Machuca y Ayelén Bustamante estarían vinculados con la protección de búnkers, mientras que al primero se lo vincula con el comercio ilegal de armas, informó. Mientras que su par Adrián Spelta profundizó el resto de los requisitos necesarios para dictar la prisión preventiva y pidió la medida cautelar por el plazo de ley.
Las defensas
A su turno los defensores Juan Ubiedo, José Luis Giacometti, Ignacio Carbone, Luis Tomasevich, Horacio Corbacho, Carlos Varela, Adrián Martínez y Marianela Di Ponte cuestionaron duro la imputación fiscal, sentaron bases en que la acusación sólo tiene sospechas y sostiene su hipótesis en conjeturas. Afirmaron que sus pupilos asistieron en calidad de funcionarios públicos a efectuar su tarea y agregaron que la reconstrucción del hecho concuerda con la versión policial. A ello sumaron que la víctima no tenía carné de conducir, y además en el interior del auto tenía estupefacientes, por lo que tenía un motivo para huir.
Sostuvieron los defensores que no existió un acuerdo previo para cometer el hecho, ya que todo se inició con la persecución de un móvil y se fue acoplando el resto. Y resaltaron que posiblemente se lo cite al fiscal Moreno como testigo, por lo que debería dar un paso al costado en la investigación. Tomasevich hizo hincapié en la labor policial con escasos recursos, con autos vetustos y poniendo en riesgo la vida de los uniformados con armas compradas en Brasil como chatarra y recordó que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, habló de depuración policial y rinoscopía para el personal. Respecto de esto, afirmó que deberían hacerse pruebas todos: políticos, diputados, senadores, jueces y abogados, entre otros.
Preventiva para todos
Los letrados solicitaron la libertad de sus pupilos y morigeraciones de prisión. La jueza Mónica Lamperti resolvió aceptar la figura legal elegida por la Fiscalía para acusar a los policías y determinó prisión preventiva sin plazo (60 días) para los siete acusados por el homicidio: Gabriel Sguazzini, Oscar Jáuregui, Gerardo Amarilla, Alfredo Correa, Matías Maidana, Alejandro Gómez y Walter Machuca. La misma decisión, pero por 30 días, corrió para el resto: el comisario Fabián Díaz; el subcomisario Norberto Dilda, Víctor Vélez, Eva Monzón, Diego Franco, Leonardo Malisani, Ayelén Bustamante y Jonathan Sánchez.
