El gobernador Miguel Lifschitz firmará en los próximos días el decreto por el cual se reforma el mecanismo vigente que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura en la provincia, de modo tal de acelerar el nombramiento de jueces, fiscales y defensores. ¿Los motivos? Se estima que hay más de 200 vacantes para cubrir en las distintas circunscripciones judiciales.
A pedido del gobernador, el ministro de Justicia de la provincia Ricardo Silberstein elaboró el decreto de reforma y lo entregó la semana pasada en la Casa Gris. Ahora el tema está en manos de Lifschitz. Para argumentar el cambio, el ministro de Justicia indicó que en la actualidad “se producen más rápido las vacantes que los nombramientos” y que eso implica una mora considerable en la prestación del servicio.
De los tres jurados que participan en la postulación de candidatos –uno de preselección de antecedentes, otro de pruebas de oposición y el tercero a cargo de las entrevistas–, quedará uno solo que se ocupará de los tres pasos. Así, el gobierno busca acortar los plazos ya que el proceso de nombramiento de cada funcionario judicial lleva, en promedio, dos años.
“Lo que vamos a tener ahora, como casi todos los Consejos de la Magistratura del país, es un solo jurado que va a poder evaluar antecedentes y oposición y hacer las entrevistas, de manera tal que se tenga una visión uniforme del postulante, no una visión segmentada”, explicó el ministro Silberstein a El Ciudadano.
Se busca, según el funcionario, dotar de una celeridad “razonable” al Consejo de la Magistratura. “De ninguna manera se pretende designar jueces de manera exprés”, aclaró Silberstein. “Lo que pretendemos es un jurado con una visión uniforme y un mecanismo transparente”, amplió.
Otro de los cambios previstos es la participación de jueces, abogados y docentes universitarios jubilados, como jurados, en el proceso de selección. “Tienen enorme experiencia”, valoró el ministro. “Hoy los docentes de las universidades nacionales se están jubilando a los 65 años, es gente que está plena. Y en el Poder Judicial igual: las juezas se jubilan a los 60 y los jueces a los 65. Es gente que está plena y además dispone de tiempo. Uno de los grandes problemas que había para poder conformar el Consejo de la Magistratura era la falta de tiempo de los jueces y abogados en funciones”, detalló.
Silberstein agregó: “Hemos tratado de darle una respuesta a algunos temas que lo habían hecho extremadamente alocado. De ninguna manera el Consejo de la Magistratura prevé un trámite exprés. Lo que se pretende es que los procesos tengan una duración similar a las que tienen los consejos de Neuquén, Chubut o la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos un promedio, para nombrar un juez, de dos años. Con esos plazos, se producen más rápido las vacantes que los nombramientos”.
“Trámite transparente”
“Lo que se pretende es un trámite adecuado, serio, transparente, con un perfil de juez que tenga experiencia y práctica profesional”, explicó el titular de la cartera de Justicia. “Se le va a dar prioridad a la práctica y los antecedentes que se van a tener en cuenta son muy específicos”, abundó.
El Consejo de la Magistratura funciona en la provincia desde 2008, cuando el entonces gobernador Hermes Binner firmó el decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de magistrados y funcionarios judiciales.
La reforma que promueven Lifschitz y Silberstein también se hará por decreto. “Habría que reformar la Constitución para que esto se pueda discutir en la Legislatura. La Constitución provincial asigna al Poder Ejecutivo la función de poder remitir los pliegos”, concluyó el ministro de Justicia.