El Consejo de la Magistratura se trasladará este jueves a la ciudad de La Plata para una audiencia pública que estará dominada por tensiones políticas e internas judiciales. El objetivo del encuentro es repasar lo realizado durante el año según la perspectiva de cada consejero. Es una caja de Pandora, porque este plenario ofrece la posibilidad, al público general, de interpelar directamente a los consejeros desde la platea. Hay antecedentes explosivos: años atrás, en Mar del Plata (el evento cambia de ciudad todos los años), casi debió intervenir la fuerza pública para que un altercado no pasara a mayores.
En una ocasión dominada por los estamentos técnicos, el cruce más esperado será el del juez Luis Cabral con la titular de la Magistratura, la camarista Gabriela Vázquez. Se han enfrentado a lo largo del año en múltiples plenarios en un riña que ya viene con el antecedente del gremio de jueces en el que Cabral es de la lista bordó y Vázquez, de la celeste.
Es tal la dicotomía entre ambos que hace previsible los discursos y las objeciones.
Vázquez defenderá su gestión en términos administrativos y le endilgará al bloque opositor haber impedido acuerdos para cubrir vacantes por la vía reglamentaria. Cabral embestirá contra la ley de subrogantes –de la cual fue víctima al ser eyectado de la Casación– pero no le será sencillo referenciarse en el fallo que la Corte Suprema emitiera la semana pasada: en el fondo de esa resolución, está validada la herramienta por la cual fue removido de su subrogancia irregular en el máximo tribunal penal del país. Hay un claro señalamiento sobre la imposibilidad de las Cámaras de nombrar jueces suplentes.
Las polémicas de trasfondo institucional se han instalado en ámbito de los tribunales.
Subrogantes, auditores nombrados por el Congreso y reglamentos dieron paso a las declaraciones sabatinas de Alejandra Gils Carbó, quien consideró que en caso de ser Mauricio Macri presidente, buscará establecer una sintonía con el nuevo titular del Ejecutivo. Nada más alejado de lo que se espera de un procurador general, que fue elegido casi por unanimidad en el Senado y cuya estructura tendrá intervención en casos que afectan al poder político.
Esta incertidumbre genera movimientos subterráneos que debieran considerarse como la posibilidad de que Lisandro Pellegrini, hombre de confianza de la procuradora, pase a la actividad privada, concretamente al estudio Jacoby desde donde se habría orquestado la defensa de Hugo Anzorreguy en el juicio por el encubrimiento del caso Amia que transcurre en la actualidad y cuyo resultado tendrá diversas implicancias. Postales que sirven para comprender lo mínimo de la esfera judicial.
En la saga de las declaraciones de la procuradora, el mismo problema encierran las del senador Ernesto Sanz, que sostuvo que Gils Carbó debiera dejar el cargo porque es una «funcionaria del gobierno». Luego se refirió a la posibilidad de un juicio político. Anoche rápidamente quienes asesoran a Macri sobre el vínculo con los tribunales cerraron filas en torno a la idea de que no es recomendable hablar con tanta liviandad de la herramienta del juicio político, especialmente por el predominio que tendrá el PJ en la Cámara alta, que es donde esa posibilidad que ofrece la Constitución adquiere toda su fuerza.
Más allá de la táctica y la estrategia, estos avatares bastan para transmitir la idea de que existe una matriz de politización de la Justicia que no conoce de fechas o plazos y que incidirá en el escenario que encuentre la nueva administración cualquiera sea su signo político.
Es la misma matriz que terminará definiendo la carrera por presidir la Magistratura que por ahora es una cuestión de nombres, pero también de tiempos porque la oposición aspira a supeditar esa elección a los resultados del 22 de noviembre.
De este modo, de triunfar la liga Cambiemos, la designación de un representante del Ejecutivo alteraría la aritmética a favor del actual bloque opositor. Es un cargo codiciado para el cual ya se han anotado media docena de nombres, desde el vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curutchet (que el año pasado intentó hacer campaña de abogados apoyadas por el propio Macri), hasta Alejandro Fargosi, que ya fue consejero y actualmente pasa sus días animando diversas tertulias televisivas.
La importancia que se da a esos cálculos podría ser exagerada si se ratifican ciertas intrigas del Congreso en cuanto a quiénes serán delegados en la Magistratura. El senador Rodolfo Urtubey tiene buen diálogo con los jueces que integran el organismo, producto del oficio de su ahora asesor Hernán Ordiales. Al mismo tiempo, el peronismo de Diputados aceptaría que el diputado Rodolfo Tailhade desembarque en la Magistratura siempre y cuando Héctor Recalde libere su silla.
El problema no sería el estilo del gremialista, respetado por sus pares, pero sus vínculos familiares complicarían su convivencia con un legislador del kirchnerismo juvenil como es el caso de Tailhade, que insiste siempre que puede que aunque Daniel Scioli sea presidente su referencia estará en Río Gallegos.
El cambio más grande que tiene por delante la Magistratura no es por la relación de fuerzas numéricas, sino por un esquema de poder que se pondrá a prueba y que es apetecible si se revisan los concursos que están en juego.
