Los trabajadores de los Centros de Asistencia Judicial expresaron su malestar a través de un extenso comunicado, ante la pública decisión del gobierno de Santa Fe de cubrir el costo de los honorarios y aportes que demandó la representación profesional particular de una querella en un juicio oral llevado a cabo en la capital provincial. «Entendemos que es momento de alzar nuestras voces ante un acto de nuestro empleador que afecta directamente nuestra dignidad», cuestionaron.
La función de los CAJ es brindar contención, asistencia y, eventualmente representación, a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de índole material, como también por la incidencia de otros factores que puedan condicionar su acceso a la justicia. En su mayoría, los destinatarios del servicio son personas que no pueden pagar a abogados particulares.
Todas esas labores constituyen obligaciones a cargo del Estado, que debe garantizar la asistencia interdisciplinaria a quienes no cuenten con medios suficientes para recibir asesoramiento. Dicho de otro modo, el Estado cumple con su obligación de brindar asistencia y patrocinio gratuitos a través de los CAJ. Ésa es la finalidad con que se crearon estos espacios.
«Resulta alarmante, preocupante y movilizante que ningún responsable de los CAJ haya manifestado su postura aún, para clarificar estas circunstancias. Tampoco lo han hecho las organizaciones que deberían ocuparse de la defensa de nuestros derechos laborales y profesionales, lo que también nos alarma», lamentaron desde los Centros de Asistencia Judicial.
En ese sentido explicaron que «en ocasiones, cuando se habla de asistencia a victimas, la primera y única opción que se brinda a la victima o a sus familiares, como respuesta al reclamo de justicia, es la constitución de querella. De este modo, la «querella» se representa en el imaginario como sinónimo de investigación eficaz, instalándose la creencia social de que, si hay querella, habrá identificación de los culpables, habrá justicia».
Asimismo aclararon que «la participación de los CAJ no es obligatoria, por lo que cualquier persona en condición de víctima que tenga interés en participar activamente del proceso penal puede contratar los servicios de abogados particulares. Con la salvedad, claro está, de que los abogados cobren honorarios por su trabajo. En ese caso, si el condenado al pago es insolvente, como en cualquier otra causa judicial, el profesional puede solicitar el pago a quien requirió sus servicios, que en esta situación sería la víctima o sus familiares. En tal supuesto, el Estado no tiene ninguna razón para intervenir en el vínculo entre el profesional liberal y su cliente, quienes pueden pactar la manera en que se cumplimentará el pago de dichos honorarios».
Específicamente reprocharon que «la actual decisión del gobierno provincial de contribuir al pago de honorarios profesionales particulares es inoportuna e inadecuada. Una medida desacertada, irresponsable y carente de seriedad. Porque se trata de una relación establecida entre particulares, que se rige por los acuerdos estipulados entre ellos y, en todo caso, por las normas que regulan la ética y el ejercicio profesional. Y además, porque la provincia cuenta con una agencia diseñada específicamente para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad, con facultades para representar la constitución de querella, conformada por profesionales altamente capacitados».
«Si lo que interesaba a la gestión era el resguardo de los intereses de los familiares de la víctima, la vía para concretarlo era poniendo a su disposición la oficina específica que funciona en Santa Fe», plantearon. «Y con lo hecho se sienta un peligroso precedente que atenta contra un trabajo de años en materia de elaboración de criterios para la intervención en juicio como querellante por parte de los CAJ. También se transmite un mensaje confuso hacia la sociedad y se consuma una discriminación hacia el resto de los abogados que intervienen en el foro», advirtieron.
Los Centros de Asistencia Judicial manifestaron que «se nos invisibiliza, desconoce y deslegitima en la lucha laboral, asumiéndose el pago de una importante suma de dinero a particulares por trabajos atinentes a nuestra función. ¿En qué lugar queda el CAJ y sus empleados a partir de ahora? De aquí en más, cualquier persona podría contratar abogados particulares y reclamar que el Estado cubra sus honorarios, basándose en este antecedente que, sin dudas, corrompe el funcionamiento del sistema».
«Nuestro enfático rechazo apunta contra una decisión de gobierno que nos denigra, aún cuando intenten disfrazarlo, vana y sutilmente, como una ayuda económica en el marco de un plan estatal de acompañamiento a las victimas. Esperamos que, al menos, esta gota que colmó el vaso permita una reflexión seria sobre el asunto y contribuya al desarrollo de acciones de mejora. Por nuestra parte, y ante el silencio de muchos, ya no nos callamos. Ni mucho menos, otorgamos», concluyeron desde los Centros de Asistencia Judicial.
