No importa si está acusado de asesinar, de vender drogas, de abusar de mujeres, de mandar a matar. Si es policía, el poder Judicial se va a encargar de que sus delitos se ventilen lo menos posible y que la imputación se realice a puertas a cerradas, aunque se tenga que violar el carácter público de las audiencias. Ayer no fue la excepción y ese fue el reclamo de distintas organizaciones que quedaron afuera de la sala donde Andrés Nicolás M., suboficial del Comando Radioeléctrico de 30 años, fue acusado de ordenar el femicidio de su ex pareja, de 23, cuyo cuerpo apareció calcinado en un contenedor de basura de barrio Triángulo. Además de tener cuatro hijos pequeños de entre 2 y 8 años, María del Rosario Vera tenía una familia numerosa con nueve hermanos, tíos, sobrinos, cuñados. Ayer, solo dos pudieron entrar a la minúscula sala que se dispuso para un domingo a la mañana en los tribunales provinciales, donde se ordenó que el efectivo quede detenido de forma preventiva tras ser acusado de un delito que prevé prisión perpetua.
El suboficial ingresó a los Tribunales sin uniforme, con chaleco antibalas y una fuerte custodia policial. Lo acompañó otro policía compañero suyo, que no tuvo inconvenientes para ingresar a la sala, derecho del que fueron privados la mayoría de los familiares de María del Rosario, quienes debieron decidir en ese momento para que sólo dos (una hermana y una tía) accedan a la audiencia que debía ser oral y pública.
Al terminar la acusación, el fiscal Florentino Malaponte informó a la prensa que acusó al policía de ser el autor intelectual del homicidio calificado por relación preexistente, delito que prevé una condena a prisión perpetua. En relación a los autores materiales del femicidio, el fiscal dijo que hay personas identificadas que están siendo buscadas por la Policía y aclaró que el móvil del crimen, según su hipótesis, está vinculado a la venta de drogas y el narcomenudeo por parte del policía detenido. La jueza Hebe Marcogliese aceptó la calificación legal y ordenó la prisión preventiva efectiva del uniformado por el plazo de ley.
En relación al crimen, Malaponte dijo que los primeros resultados del forense indican que Rosario murió asfixiada, que tenía golpes y que las quemaduras son posteriores a su muerte. Los resultados definitivos indicarán si además fue víctima de abuso sexual y si hay rastros genéticos del agresor para corroborar.
Voceros del caso dijeron que durante la imputación de este domingo, el policía negó conocer a la víctima. Luego, cuando el fiscal expuso las evidencias (al parecer contundentes) que dejaban claro el vínculo amoroso que habían mantenido y por descarte, que estaba mintiendo, el acusado volvió a pedir la palabra y reconoció el romance con la joven asesinada. Pero intentó desvincularse del crimen al sostener que esa relación fue durante una separación momentánea con su esposa, y que al retomar nuevamente el matrimonio, su mujer le exigió que deje de verla y cambie el número telefónico.
El cuerpo de María del Rosario Vera apareció el jueves a la tarde dentro de un contenedor de basura en Felipe Moré y Gaboto, a una cuadra de su casa. El día anterior, cuando se presume que la asesinaron, la joven le había mandado mensajes a su cuñada advirtiendo que si no volvía llame a la Policía porque temía por su vida. Allí explicó que su temor era que Martín, como se apodaba el policía con el que tenía un romance, le mande a sus soldaditos para que tomen represalias contra ella porque la acusaba de quedarse con algo.
Rosario ya la había pasado mal con el padre de sus cuatro hijos, quien está preso por violencia de género. En esos momentos, la joven mamá recibió ayuda del Movimiento Evita. Alejandra Fedele, su referente local, lamentó ayer que “el Gobierno no se tome en serio un tema que nos compete a todos” y repudió que la audiencia de ayer se haya realizado a puertas cerradas: “El propio tribunal viola sus leyes, porque este nuevo Código Procesal Penal lo armaron ellos y lo violan. Nos damos cuenta que cada vez que el imputado es un policía tratan de que se sepa lo menos posible, que no se ventile, en vez de hacer todo lo contrario”. Y agregó: “La audiencia es pública y nos da mucha impotencia que ni siquiera pudieran entrar los familiares. Cuando se trata de policías terminan cerrando las puertas, nos queda claro que es una orden que viene de arriba. Hablamos de un caso de femicidio tan agravado con un policía relacionado con el narcotráfico y lo disponen en una sala donde entran tres personas”, concluyó.
Además de Fedele, integrantes de distintas ONGs de la ciudad se acercaron ayer a los tribunales para presenciar la imputación, pero debieron esperar afuera.
