Laura Acosta necesita saber qué le da a Narella, su hija de 10 años que desde chiquitita sufre ataques de epilepsia y mejoró al tomar el aceite Charlotte Webs, uno de los importados y cubiertos por Iapos. Acosta cuenta que el mercado negro existe, funciona por internet y con productos que no tienen efecto. “Defiendo la planta que le devolvió la sonrisa a mi hija. Si hubiese sido el aloe vera la hubiera plantado también”, dice. Ella integra el grupo Mamás Cannabis Medicinal (Macame) de la capital santafesina. La organización conecta familias con chicos que sufren de epilepsia y otros trastornos para tratarse.
Para Laura, hay dos aliados estratégicos en legitimar el cannabis medicinal: los médicos y el Estado. Los neurólogos que trataron a Narella le habían dicho que el aceite era una moda. “Decían que es algo parecido a la psicoterapia”, recuerda. Ella les llevaba los informes de cómo funcionó en otros países y no me daban ni la hora. “El tiempo y la mejoría de Narella me dio la razón”, cuenta.
El otro actor clave es el Estado que no unificó criterios. En Santa Fe, Iapos cubre los tratamientos y hay versiones de que el Ministerio de Salud quiere comprar aceites para el sistema público. Nación no acompaña. En septiembre se reglamentó la ley nacional y sumó críticas porque no incluyó el registro de usuarios y familiares del cannabis medicinal. La lista –con nombre, enfermedad, tratamiento y médico–, era una protección si la Policía quiere allanar las casas y acusarlos de producir o comercializar droga, un delito que lleva entre 4 y 15 de prisión. “Es suficiente con el sufrimiento que tenemos con la enfermedad para que además no nos protejan”, opina Acosta.
