Los titulares de cinco organismos clave del Estado, Alejandra Gils Carbó (Ministerio Público Fiscal), Alejandro Vanoli (Banco Central), Martín Sabbatella (Afsca), Ricardo Echegaray (Afip) y José Sbatella (Unidad de Información Financiera), están facultados para continuar en sus cargos después del 10 de diciembre, cuando se produzca un nuevo recambio presidencial, de acuerdo con las normativas vigentes.
Como los jueces de la Corte Suprema, Gils Carbó puede continuar en su cargo hasta los 75 años y en caso de que no se concrete su renuncia, el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner deberá contar con dos tercios del Senado para impulsar un juicio político en su contra y forzar su remoción, según lo establecido en la Constitución nacional.
La ex fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fue designada por la presidenta a través del decreto 1481, en agosto de 2012, y su pliego fue aprobado por dos tercios de los presentes en el Senado, la mayoría necesaria que exige la ley del Ministerio Público.
Además del bloque del Frente para la Victoria, la procuradora general de la Nación recibió el apoyo de la UCR, el Frente Amplio Progresista y el peronismo disidente en la Cámara alta.
Otro de los funcionarios que podría permanecer en su cargo más allá del recambio presidencial es el titular del BCRA, Alejandro Vanoli, quien tiene mandato hasta diciembre de 2019, según lo dispuesto por la carta orgánica de la entidad monetaria que establece una duración de seis años para los cargos de presidente, vicepresidente y directores.
El ex titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) asumió la presidencia del Banco Central en diciembre del año pasado, luego de que el oficialismo lograra la aprobación de su pliego en el Senado.
Para remover a Vanoli, el presidente que resulte electo mañana deberá contar con “el consejo previo” de una comisión especial del Congreso, según lo indica la carta orgánica del BCRA.
Distinto es el caso del titular de la Afip, Ricardo Echegaray (con mandato hasta el 2016), quien podría ser desplazado de sus funciones por un decreto del Poder Ejecutivo.
El ex jefe de la Aduana y de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) es, hasta el momento, el único de los funcionarios con mandato que va más allá del 10 de diciembre en confirmar su alejamiento del puesto.
Echegaray llegó al organismo recaudador (un ente autárquico que depende del Ministerio de Economía) en 2008 y en diciembre de 2012 la presidenta lo ratificó por un nuevo período de ley, con una duración de cuatro años, según el decreto 1399.
Sbatella, quien preside la Unidad de Información Financiera (UIF), podría permanecer al frente del organismo encargado de la lucha contra el lavado de activos hasta 2018, ya que en febrero del año pasado Cristina Kirchner lo ratificó en el cargo por otro período de ley (cuatro años).
Como Echegaray, el titular de la UIF podría ser desplazado por el Poder Ejecutivo por “mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia” o si fuera “condenado por la comisión de delitos dolosos”, según establece la ley 26.683.
En tanto, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca), Martín Sabbatella, tiene mandato hasta 2017.
En noviembre de 2013 y con los mandatos del directorio vencidos, Cristina ratificó al ex intendente de Morón por cuatro años más al frente del organismo encargado de aplicar la ley de medios.
El titular de la Afsca puede ser desplazado del organismo “por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones”, según establece la ley 26.522 y su remoción debe contar con la aprobación de los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
La Auditoría General de la Nación (AGN) y el Consejo de la Magistratura son otros de los organismos relevantes cuyos titulares e integrantes cumplen mandatos que trascienden el recambio en la Casa Rosada.
