La concentración de este jueves de las organizaciones sociales agrupadas en la Multisectorial contra el Hambre frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 se hizo como acompañamiento a la entrega de un petitorio dirigido a la Corte Suprema de Justicia para que le ordene al Gobierno retomar la distribución de alimentos a los comedores populares, estuvo cargada de tensión. La Municipalidad intentó impedir la instalación de ollas populares en el cantero central de la arteria y a eso se sumó la frustración ante la negativa de la dependencia judicial de recibir el escrito.
La movida ganó en concurrencia de las organizaciones sociales que reunieron unas 2.000 personas en momentos en que se daba una discusión entre manifestantes y agentes de Control y Convivencia. El secretario de Control del Ejecutivo local, Diego Herrera, cuestionó el accionar de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
“A la mañana hicieron caso omiso a la orden de no prender fuego y ahora cortaron el tránsito. Lo veníamos hablando desde hace dos días y les dijimos que no autorizábamos la comida ni que prendan fuego”, argumentó el funcionario. Y cuestionó al referente de la Corriente, Eduardo Delmonte: “Esto es un capricho de Delmonte, quiere protagonismo”.
El intendente Pablo Javkin también cuestionó en declaraciones radiales el sitio de la movilización. “En tres cuadras a la redonda hay cinco colegios, tres clínicas y uno de los sanatorios más grandes de la ciudad. ¿Es el lugar para hacer una protesta? Podrían haberla hecho frente a la Municipalidad o Gobernación, no pueden hacer cualquier cosa”, reprochó.
Y también fue duro con el líder de la CCC: “Delmonte no puede hablar de pobreza, más bien que explique algunas cosas… Miente, sabe que no puede protestar ahí», arremetió el jefe del Palacio de los Leones.
En un comunicado, la CCC señaló: «Debido a la decisión de la Municipalidad de Rosario de prohibir que las ollas populares cocinen en el cantero de bulevar Oroño, decidimos convocarnos masivamente a las 9 directamente allí, en Oroño al 900, para resguardar la integridad de las compañeras cocineras y que la gente pueda comer.
Lamentamos que el intendente Javkin privilegie resguardar una imagen errónea de Rosario, pretendiendo invisibilizar debajo de la alfombra la miseria que hay en los barrios, en vez de sumarse al genuino reclamo al gobierno de Milei de pan, abrigo y trabajo que haremos hoy los vecinos los barrios populares frente a los Tribunales Federales».
Frente a la situación, la Municipalidad decidió judicializar el tema. «Estamos llamando a la Fiscalía para que actúe. La protesta estaba garantizada pero les dijimos que acá 20 ollas no iban a poner para cocinar. El fiscal nos dirá cómo hay que actuar. El problema son las cocinas, les propusimos otros lugares para cocinar», afirmó el secretario de Control y Convivencia.
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La fiscal titular de la Unidad de Flagrancia y Turnos, Andrea Vega, dispuso en consecuencia que las autoridades municipales aseguren una salida controlada de los alumnos de las escuelas cercanas a la protesta y que no se realicen acciones para desalojar la manifestación.
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La Multisectorial Contra el Hambre incluye la CCC, Somos Barrios de a Pie, Barrios Originarios, la CTA Autónoma, el Polo Obrero, Centros de Estudiantes Secundarios, la Asociación Civil Bocacha Orellano, el Movimiento Evita, la Pastoral Católica y la Pastoral Social Evangélica, entre otras organizaciones sociales. Finalmente, el tránsito por Oroño fue cortado hasta la desmovilización que se hizo cerca de las 14 de este jueves.
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La intención de los referentes sociales era pedirle a la máxima instancia judicial, vía el escrito, que conmine al Ejecutivo nacional, específicamente al Ministerio de Capital Humano, a que cumpla la orden –última de varias– del juez de feria Martín Cormick, que impuso el plazo de 48 horas a la cartera de Sandra Pettovello para reactivar los planes de asistencia a comedores populares que mantiene frenados aunque desde la misma área reconocieron que siguen vigentes.
Foto: Franco Trovato Fuoco
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Rosario contra el hambre: marchan para pedir que la Justicia federal exija la entrega de alimentos