Representantes de pueblos originarios denunciaron que desde el 4 de octubre de 2022 hay “cuatro presas políticas”, dirigentes de la comunidad mapuche, “por decisión del Poder Ejecutivo y un poder jurídico corrupto”.
Se trata –dijeron- de “cuatro mujeres presas con nueve infancias por usurpación. Una en clandestinidad con cinco hijos, y el Rewe (espacio ceremonial) vigilado por cuatro fuerzas represivas”.
“Sentimos con peso el dolor y la incertidumbre que rodea a nuestras lamuen (hermanas), estancadas en el odio racial, que impone el Estado, que atiende urgido el pataleo de la derecha recalcitrante”, sostiene el documento.
En octubre pasado, la jueza federal de Bariloche Silvina Domínguez (hoy jubilada) procesó con prisión preventiva a las cuatro mujeres mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu por el presunto delito de “usurpación por despojo”.
Se trata de Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil, acusadas de participar de la “usurpación del predio La Escondida”, en la provincia de Río Negro.
“Exigimos el avance de la Mesa de Diálogo, como resolución del conflicto, y no como gesto de olvido o sumisión hacia el estado porque no perdonamos la extrema y humillante violencia que ejercieron sobre nuestras lamuen”, sostiene el documento, firmado por medio centenar de representantes de organizaciones de pueblos originarios, sociales y políticas.
El texto exige “frenar la represión, el maltrato hacia toda una Lof (comunidad)”.
“Somos capaces de parlamentar apoyados en nuestra verdad histórica. Solicitamos respuesta inmediata y avance de la Mesa de Diálogo, por parte de la Administración de Parques Nacionales, la Secretaria de DD.HH, el INAI, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Seguridad de la Nación, hoy representantes del Poder Ejecutivo quienes han estancado el diálogo”, reclamaron.
