La mediación del arzobispo fue aceptada por el gobierno de Sebastián Piñera, durante una reunión entre el ministro del Interior, Rodrigo Hinpeter, y el religioso, quien anoche dialogó con los mapuches procesados que están internados en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago.
“Debo agradecer que la petición que hice en alguna oportunidad de dialogar haya sido acogida tan favorablemente por el gobierno. Es una manifestación de la posibilidad que tenemos los hombres de entendernos incluso frente a problemas que pueden ser graves”, manifestó el arzobispo al salir del palacio de La Moneda.
Ezzati sostuvo que la primera condición para superar el problema es la voluntad de diálogo, pero la segunda es la suspensión de la huelga de hambre que en cierto momento, según su opinión, “se vuelve ilegítima”.
La posibilidad de diálogo directo, urgido por todo el arco opositor, la Iglesia, y las organizaciones sociales debido al estado de salud de los comuneros mapuches, había sido descartada ayer por el gobierno a través de su vocera Ena von Baer, quien insistió en que el único ámbito de debate sobre el tema el Parlamento.
Allí espera el proyecto de reforma de la Ley Antiterrorista, que motivó la huelga de hambre de los mapuches, acusados de diversos delitos, tipificados en esa norma de la dictadura pinochetista, por los actos de violencia que cometieron durante protestas en reclamo de sus tierras, y cuya aplicación somete a los comuneros a la justicia militar y no a la civil.
Los comuneros sostienen que son insuficientes las modificaciones propuestas en el Parlamento, ya que demandan la no aplicación de la Ley Antiterrorista a sus causas para que se los procese por la ley común, ya que consideran que los actos que se les imputan no son de carácter terrorista.
La jueza de Garantía de Temuco, Luz Mónica Arancibia, decretó hoy la libertad de dos de los comuneros en huelga de hambre, imputados por haber participado en un atentado a un autobús en Temuco en 2009.
Arancibia determinó la libertad de Sergio Catrilao y Pablo Canío, ambos en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, pese a la oposición del Ministerio Público y del abogado que representa al gobierno.
Cada uno de los comuneros deberá pagar el equivalente a 2.000 dólares en los tribunales para recobrar su libertad, dinero que los familiares de los imputados informaron que intentarán reunir “lo más pronto posible” para sacarlos de la cárcel.
En tanto, los diputados Sergio Aguiló y Manuel Monsalve, del Partido Socialista; Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, y Tucapel Jiménez, del Partido por la Democracia, decidieron trasladarse a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en Santiago, para continuar la huelga de hambre solidaria que iniciaron el jueves en Temuco, reportó la agencia de noticias Prensa Latina.
A los diputados se les sumarán representantes de organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos de Chile, según comunicó hoy en una conferencia de prensa la Coordinadora de Familiares de Presos Políticos Mapuches.
Entre las personalidades que participarán de la medida se encuentran Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos; el escritor Pedro Lemebel; el actor Daniel Alcaíno; el dirigente sindical Cristián Cuevas, y Alicia Lira y Mónica Monsalves, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
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