Con una presentación en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria sumó su rechazo al proyecto que impulsa la construcción de un bar y una destilería de gin en el terreno lindero al Sitio de Memoria donde funcionó el centro clandestino de detención El Faro, predio que durante la última dictadura formaba parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en la costanera sur de la ciudad balnearia. El lugar es, además, una reconocida reserva natural, por lo que su reconversión a un emprendimiento provocaría una pérdida ambiental. Tras la sanción este jueves de la ordenanza por parte de la mayoría oficialista que responde al intendente Guillermo Montenegro (PRO), ahora las miradas pasan al plano judicial, donde avanza una demanda impulsada por referentes de organismos de derechos humanos y vecinos del lugar para detener el proyecto, objetando también presuntas irregularidades administrativas.
Lo que poco se conoce son los detalles del proyecto gastronómico a cargo de Restinga Gin, con la intermediación de la Sociedad de Fomento Faro Norte, quien a su vez tendrá a su cargo el desarrollo de “actividades sociales, culturales, educativas y deportivas”,
Desde que tomó estado público el proyecto, antes de aprobarse, cosechó numerosos rechazos. Vecinas y vecinos del barrio iniciaron una campaña para juntar firmas en contra y los organismos de derechos humanos realizaron una presentación para tratar de frenarlo por la vía judicial.
La Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, envió una nota a las y los concejales marplatenses expresando también su rechazo: “La discusión generada en torno a ubicar allí un bar y una destilería con el objetivo del ocio y la diversión da cuenta de que la decisión no es banal ni menor. Se trata de decidir en torno al uso de un espacio público que implica de manera directa la ex Esim y que de ningún modo puede escindirse del sentido más relevante del centro clandestino que se ubicó allí”.
Si bien el terreno en donde se intenta emplazar un bar no es parte del predio del sitio de memoria, durante la dictadura militar si formó parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, lo que quedó registrado en innumerables testimonios de víctimas del terrorismo de Estado.
En sentido, la Comisión agregó que los centros clandestinos de detención (CCD) “no limitaron sus alcances territoriales al lugar concreto de emplazamiento físico sino que fueron parte de una trama mucho más amplia: lo que sucedió allí también tuvo efectos radiculares en el espacio, generando terror y disciplinamiento, marcas y huellas que aún quedan”.
En la misma nota la Comisión Provincial explica el rechazo a que el emprendimiento privado Restinga se ubique allí “no remite a cuestiones de anteponer sólo lo público a lo privado, sino a seguir siendo consecuentes como sociedad y como instituciones a ese mandato del Nunca Más”. Y preguntó: “¿Qué significados produce que en el mismo predio donde hubo en CCD haya un bar y una destilería? Seria institucionalizar el «mirar para otro lado», un acto claro de banalización de las políticas de memoria, con lo que ello significa: la banalización del horror”.
Si bien esta es una de las principales razones detrás de las cuales se encolumnan quienes rechazan el proyecto, existen otras no menores. Según explica Mariana Cuesta, concejal de Unión por la Patria (votó en contra) describió al expediente administrativo como “un fraude”, ya que se otorgan los terrenos a una sociedad de fomento para que ésta se los ceda luego a una empresa privada, “es decir que se trata de una simulación”.
“Además –subrayó– por el uso de ese terreno público de todos los marplatenses la empresa va a pagar solamente 250 mil pesos mensuales, una suma indignante. Y, finalmente, también hay que decir que no se realizó ningún estudio sobre el impacto ambiental que este emprendimiento tendrá en el lugar, un lugar que es una reserva natural”.
Estos argumentos también son esgrimidos por las vecinas y los vecinos de la zona sur de Mar del Plata, que viven en las inmediaciones de El Faro y durante años se han organizado para defender las playas públicas frente al avance de intereses privados. En este sentido, Mónica Scatizzi, que además de vecina es docente de la Universidad de Mar del Plata, pone en contexto esta iniciativa del Ejecutivo municipal y explica: “Las playas son el principal orgullo turístico de Mar del Plata desde hace 150 años y por eso, desde hace varios años, las vecinas y los vecinos de la zona sur venimos luchando contra el gobierno municipal y sus negociados para no perder nuestro derecho a disfrutar de las playas”.
A eso se le agrega que la reserva natural Paseo Costanera Sur, que quedaría desarticulada, es un lugar que posee riqueza biológica, paleontológica, paisajística e histórica “que exige una adecuada preservación, incompatible con el uso y la explotación comercial que se pretende instalar”.
En este punto, tanto Mariana Cuesta como Mónica Scatizzi coinciden en remarcar la existencia de un proyecto alternativo de uso del lugar que fue elaborado hace dos años por la Universidad de Mar del Plata junto al Consejo Local de Niñez. Se trata de una propuesta que pretende combinar el uso cuidado y preservación del lugar con el derecho al acceso y disfrute de los espacios públicos por parte de las niñas y niños. Pero tras su presentación, el proyecto nunca fue tratado.
En cambio, el que sí resultó aprobado tiene un antecedente en 2022, cuando se frustró un primer intento respaldado por el intendente Montenegro. El nuevo intento se inició en abril pasado, con la presentación de la asociación de fomento de un proyecto que enfatizó que el espacio de propiedad municipal se encontraba abandonado y era foco de actos de vandalismo, por lo que pidieron les sea cedido el uso y explotación para desarrollar un proyecto conjunto con Burbarrell SA, la propietaria del gin Restinga, reconocido en Mar del Plata.
