La sanción por parte de la Legislatura de las leyes que controlan los gastos reservados del Ministerio de Seguridad y que modifican el reglamento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) causaron un cimbronazo político en la provincia de Santa Fe y pusieron al ministro Marcelo Sain en el centro de la escena.
Según el titular del Ministerio de Seguridad, la votación de esas normativas expone al “viejo bloque de poder que ha gobernado la provincia de Santa Fe en la última década en donde están el Frente Progresista y la derecha peronista” y significan un mensaje dirigido al gobernador Omar Perotti: “Ellos dicen que van a cogobernar la provincia”.
Sain se siente respaldado por Perotti y ni siquiera se le cruza por la cabeza la idea de renunciar a su cargo, un rumor que circuló con fuerza por los pasillos de la política provincial a partir de los episodios registrados en la última sesión legislativa.
En diálogo con El Ciudadano, Sain habló de un “pacto” entre el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, y el jefe del bloque de senadores del PJ, Armando Traferri. ¿El motivo? “Intentan frenar nuestra estrategia de lucha contra las mafias”.
Como partícipes de ese “pacto”, el ministro de Seguridad mencionó a los senadores “de la derecha peronista”, al radicalismo y el socialismo aliados en el Frente Progresista y al “círculo rojo” santafesino, por el impacto de las distintas investigaciones que lleva adelante la Justicia con apoyo del área que dirige Sain.
—¿Qué lectura hace de las leyes aprobadas el jueves por la Legislatura?
—Estas dos leyes, más allá de su contenido, expresan una vieja alianza de un viejo bloque de poder que ha gobernado la provincia de Santa Fe en la última década, en donde están el Frente Progresista y la derecha peronista como grandes socios. Y lo que están haciendo es enviarle un mensaje al gobernador Perotti para decirle que ellos van a cogobernar la provincia. Lo más expresivo de esa manifestación es que parecería que para el bloque de senadores peronistas el candidato a gobernador es Miguel Lifschitz.
—Con “derecha peronista”, usted se refiere a los senadores.
—Sí, por supuesto. Esa es la derecha peronista.
—¿No hace distinciones entre los que votaron las leyes y los cuatro senadores que se abstuvieron?
—Yo fui muchos años diputado en la provincia de Buenos Aires. Y pienso que el no es no, el sí es sí y la abstención sin contestación, cuando del otro lado hay una mayoría contundente, implica un sí. Es una suerte de convalidación vergonzosa. Lo que se demostró en la Legislatura es un juego simultáneo: la presentación de proyectos cruzados, su tratamiento sobre tablas sin dictamen de comisión, y sin debate, y su aprobación en menos de una hora significa un pacto entre Miguel Lifschitz y Armando Traferri.
—Ocho de los 12 senadores del PJ votaron esas leyes…
—Pero si vos no estás de acuerdo con eso y tu líder es el gobernador Perotti, no te abstenés: votás en contra y lo fundamentás. Para mí la abstención de esos cuatro senadores (Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Ricardo Kaufmann y Marcos Castelló) es un sí vergonzoso.
Aprueban ley para controlar los gastos reservados en Seguridad y modifican reglamento del MPA
—¿Habló del tema con Perotti?
—Sí, por supuesto. Diagramamos nuestra estrategia política y continuamos con la agenda de gobierno. Yo el lunes viajo a Bariloche con el gobernador a firmar un convenio con Invap, estamos haciendo un desarrollo de tecnologías aplicadas a seguridad y seguimos trabajando en esa línea.
—¿Usted vincula la sanción de estas leyes con el envío de los proyectos de reforma de la Policía y de las leyes de seguridad?
—Por supuesto. Esto ensucia el camino para poder construir los consensos que estamos dispuestos a construir. Y lo que está haciendo este bloque progresista-peronista son dos cosas. Primero, impedir el tratamiento de las leyes de reforma del sistema de seguridad y policial. Ellos son partidarios del viejo sistema, donde la Policía es un componente político de ese bloque de poder, pero les da vergüenza decirlo. Esta semana, en la reunión de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la posición del radicalismo y del socialismo es que no estaban de acuerdo con la ley de seguridad pública porque establece la conducción política-ministerial sobre el sistema policial. O sea que han blanqueado que ellos han pactado el gobierno de la seguridad con la Policía. Lo que me negaron durante meses, desde el comienzo de nuestra gestión, lo terminan reconociendo en la comisión de Seguridad. Y, por otro lado, intentan parar nuestra estrategia de lucha contra las mafias. La premura y la grosería con que han abordado este tema da cuenta de que tienen temor a que ciertas investigaciones que están llevando adelante algunos fiscales, con un gran compromiso de parte del gobierno provincial, lleguen a buen puerto porque tocan resortes de poder que, en fondo, son los resortes de poder de ese bloque histórico y tradicional de la provincia de Santa Fe.
—¿A qué investigaciones se refiere?
—A la investigación el juego clandestino y la asociación ilícita que ya se llevó puesto a un fiscal regional (Patricio Serjal), a la investigación sobre sectores de la Policía que se lleva adelante en Melincué y en Rosario, claramente intentan apagarlas porque saben muy bien que esto termina un escalón más arriba del sistema policial. Yo denuncié, a partir del homicidio de (Hugo) Oldani (en Santa Fe), que en esa oficina no ocurrían cosas atinentes a una agencia de turismo, sino que ahí había intermediación financiera. Esta semana el fiscal (federal) Walter Rodríguez hizo el pedido de indagatoria a quienes entiende que están implicados en maniobras de intermediación financiera no autorizadas. Ahí hay grandes voceros del círculo rojo de Santa Fe, empresas notorias vinculadas con el mundo de la política y el mundo judicial. La causa Oldani es un segundo componente. La causa sobre las usurpaciones de los chetos en Recreo, que se ventiló esta semana, también intentó ser obstruida por sectores del poder.
Bruera: “Estas leyes son para condicionar la gestión del ministro de Seguridad Marcelo Sain»
—En este contexto, ¿es posible avanzar hacia los consensos que se necesitan para la reforma de las leyes de seguridad?
—De nuestro lado sí, porque yo sé distinguir una cosa de la otra. Pero veo que del otro lado no hay voluntad para eso. Los hacedores de esta estrategia de obstrucción, tanto de la lucha contra las mafias como de la reforma del sistema institucional de seguridad pública y policial, tienen nombre y apellido: Miguel Lifschitz y Armando Traferri.
—Durante el debate por la ley de gastos reservados, el diputado Pablo Farías lo acusó de usar esos recursos para hacer política.
—Que haga la denuncia. Primero Farías debería saber que yo no me llamo Maximiliano Pullaro, que soy una persona honesta. En segundo lugar, la ejecución de los gastos reservados durante mi gestión, sigue el mismo circuito administrativo que se hacía cuando gestionaba Pullaro. Los fondos reservados no son gestionados por el Ministerio de Seguridad; son asignados y transferidos por el Ministerio de Seguridad a las Policías que están autorizadas a recibirlos: la Agencia de Control Policial (ex Asuntos Internos), la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI) y la TOE (Tropa de Operaciones Especiales). Y así se han ejecutado durante este año.
—Y entonces, ¿a qué apunta la nueva ley?
—Lo que ellos quieren es que nosotros les vayamos a contar a la Legislatura en qué se gastan los fondos reservados en lo atinente a las grandes investigaciones criminales que estamos llevando adelante, en colaboración con la Justicia. Quieren obstruir esas investigaciones que se financian con fondos reservados. De hecho, yo hice una denuncia contra Pullaro porque creemos que él financió, con fondos reservados, a los abogados que defendieron a los policías acusados por la muerte de Franco Casco. Eso es impúdico.
—¿Usted le pidió o le va a pedir a Perotti que vete esas dos leyes?
—Yo creo que lo va a hacer, es una atribución del gobernador. Pero no se lo pedí. Él sabe lo que tiene que hacer.
Goles en contra
Los senadores del PJ que votaron las leyes sobre el MPA y los gastos reservados no hicieron comentarios al respecto. En cambio, algunos diputados del oficialismo salieron a criticar la movida, que entienden como un ataque directo al ministro Sain.
Leyes polémicas: para el gobierno hubo «goles en contra» de «compañeros»
El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro Busatto, la definió como “una maniobra del Frente Progresista que violenta las prácticas parlamentarias” y dijo que, “haciendo abuso de una mayoría circunstancial, sancionaron entre gallos y medianoche, sin debate, sin el diálogo del que tanto presumen, una ley que modifica el perfil de los fiscales y el control de los gastos reservados. Justo cuando se investiga su uso en la gestión anterior”.
Su compañera de bloque Matilde Bruera señaló que “estas leyes son para condicionar la gestión del ministro de Seguridad” y se mostró sorprendida por el procedimiento: “Son leyes demasiado trascendentes que se metieron sobre tablas y se aprobaron sin leer porque se impulsaron con un mecanismo en que se vota primero y se debate después”.
El gobernador Perotti tampoco habló del tema, pero sí lo hizo el ministro de Gestión Pública Rubén Michlig, quien no se guardó ninguna crítica hacia los senadores de su partido. Michlig eligió una metáfora futbolera para fijar la posición de la Casa Gris sobre el tema: “Muchos años jugué de arquero en un equipo de compañeros. Los goles que más me dolían eran los goles en contra”.
“Hoy hubo una maniobra del Frente Progresista que violenta las prácticas parlamentarias”
