Una marcha en reclamo por una «democratización de la justicia» se realizará hoy hacia el
Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, funcionarios del Poder Judicial y juristas.
La convocatoria es a las 18 en Plaza Lavalle, frente al edificio situado en Talcahuano 550, y participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
También anunciaron su presencia el dirigente social Luis D’Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.
El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial «se transforme en un servicio de justicia» y no quede reducido a una «protección a intereses que no son los propios de los argentinos».
Asistirán a la convocatoria organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otras entidades.
Las tres principales consignas del acto -que se replicará también, en paralelo, en distintos puntos del país- son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.
El partido Frente Grande anunció que acompañará «con expectativas y esperanzas» la movilización al Palacio de Tribunales.
D’Elía consideró en declaraciones radiales que «esta Corte deja mucho que desear en términos de independencia y está subordinada a intereses que no tienen nada que ver con la justicia en la Argentina». Por ello, aseguró que hoy «a las 8 de la noche la Corte Suprema tiene que presentar su renuncia e irse».
En tanto, el sindicato docente Suteba también convocó a la manifestación por una «Justicia Independiente y Democrática» y anunció que marcharán a las 16 desde el Obelisco al Palacio de Tribunales.
El diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que el máximo tribunal «tiene que rendirle cuentas a la sociedad» y por este motivo «es legítimo que la gente se exprese» en la movilización.
Por otro lado, dirigentes y referentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron la convocatoria y señalaron que se trata de una expresión que conlleva un mensaje de «gravedad institucional» a la escena política.
Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aclaró que el Gobierno «no toma postura» respecto a la movilización.
«El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organizan los sectores políticos de la sociedad. Las manifestaciones forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno», subrayó.
No obstante, la funcionaria aclaró que «la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza del Poder Judicial, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida».
