Los diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés, Leandro Santoro y Paula Pennaca volvieron a cuestionar este jueves el protocolo del Ministerio de Seguridad nacional contra el corte de calles ante la marcha de organizaciones sociales y piqueteras y señalaron que esas medidas son «inconstitucionales». En la misma sintonía, la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) insistió en «la irrestricta vigencia» de las normas internacionales y constitucionales que refieren al ejercicio de «los derechos de reunión y de libertad de expresión, y de peticionar a las autoridades» y reclamó «su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal.
El legislador Valdés manifestó que «quienes se manifiestan hoy en las calles en honor a las 39 víctimas fatales de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante un gobierno cuyo gabinete integraba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene todo el derecho a hacerlo».
«Repudiamos esta ostentación de la fuerza represiva para amedrentar a los manifestantes», agregó en un tuit de la red social X.
El legislador de UxP dijo que «a los argentinos y argentinas nos costó mucho recuperar la paz social después de aquel 2001, contexto que hoy parece estar en peligro, después de una semana donde nos enredamos en un clima cada día más hostil».
Por su parte, Pennaca dijo que «el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich es un instrumento inconstitucional porque desconoce el derecho a la protesta contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos (DDHH) con jerarquía constitucional».
Santoro sostuvo que «dijimos en campaña que la intensidad de los piquetes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) complican la convivencia. Pero las democracias liberales regulan excesos y protegen la propiedad SIN limitar el derecho a la protesta ni restringir libertades individuales. Sobreactuar el punitivismo empeora todo».
En tanto, desde la asociación de profesores penalista, presidida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, señalaron en un comunicado por «la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades».
El escrito justificó que esos derechos se encuentran consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional (CN), el artículo 15 y 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP).
También solicitó «su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal».
La institución, además, rememoró las declaraciones del Papa Francisco en una misiva donde -dijeron- «exhortó a todos los juristas a contrarrestar la irracionalidad punitiva manifestada en la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales».
Recientemente, al cumplirse 40 años del retorno de la democracia tras la dictadura de 1976-83, la AAPDP sostuvo que «la recuperación de las instituciones democráticas también llegó junto al fortalecimiento de la enseñanza libre y la expansión del acceso de la ciudadanía a las aulas de nuestras universidades como a los centros de investigación científica estatal».
«Estos núcleos cardinales de la reconstrucción democrática de nuestro país no admiten ningún paso atrás», aseveró.
La Asociación Argentina de Profesoras/es de Derecho Penal fue creada el 28 de septiembre de 2001 en la ciudad de Santa Fe agrupa a las profesoras y profesores de Derecho Penal de todo el país.
