La Multisectorial Humedales protagonizó una manifestación este miércoles para pedir, una vez más, la urgente aprobación de una ley que proteja el Delta del Paraná. La consigna apuntó, de manera simbólica, contra uno de los empresarios identificados como dueños de terrenos donde hubo quemas: el arrocero-ganadero José Aranda, dueño de COPRA S. A. y vice-presidente del grupo Clarín, quien es señalado por activistas como uno de los principales detractores de la regulación del Humedal.
“Queremos hacer visible a uno de los responsables del ecocidio, quien es dueño de una empresa identificada y el principal empresario del lobby contra la ley de Humedales, al negar el daño al ecosistema”, dijo Lisandro Citta, desde la Multisectorial que marchó este mediodía desde plaza 25 de mayo hasta la puerta de la Bolsa de Comercio, en Córdoba y Corrientes. “Es un acto simbólico para escracharlo. Le vamos a devolver un poco de las semillas de las que él es dueño para que sepa que lo conocemos”, agregó Citta.
A principios de agosto, medios entrerrianos dieron a conocer a 20 propietarios identificados como dueños de campos de islas donde se realizaron quemas. Uno de los identificados es Copra S.A., empresa ganadera cuyo titular es el empresario José Antonio Aranda, uno de los principales accionistas del Grupo Clarín, y socio en varios emprendimientos del multimillonario George Soros, el magnate húngaro-estadounidense dueño de grandes extensiones de tierra en Argentina, particularmente en Santa Fe, de la mano de la firma Adecoagro.
“Copra S. A. está identificada por la Justicia en la causa por las quemas. Aranda es conocido en Corrientes por los daños al medio ambiente debido al monocultivo de arroz, el uso de agrotóxicos y el intento de desviar el cauce del arroyo Ayuí grande para inundar sus campos de arroz y los de su socio, el terrateniente húngaro – estadounidense George Soros”, señalaron desde la Multisectorial.
Además, acusaron a Aranda de ser uno de los detractores de la ley de Humedales: “La diputada nacional por la provincia de Corrientes, Ingrid Jetter, y su hermano, el gerente de Copra S.A. Christian Jetter, a través de la Cámara Arrocera de Corrientes y en alianza con la Sociedad Rural, plantearon públicamente que consideran preocupantes los efectos que tendría la aprobación de la ley sobre el bienestar humano, así como sobre el futuro desarrollo económico de la provincia y de una gran extensión de Argentina”.
“Niegan que la destrucción del Humedal es una daño grave a la flora, la fauna y la vida de los seres humanos por las funciones que tienen este tipo de ecosistemas, olvidan el daño causado por el humo en el medio de una pandemia que principalmente ataca las vías respiratorias y se olvidan que producto de las quemas intencionales hubo mucha gente que perdió su casa y la posibilidad de producir en su tierra”, agregaron desde la Multisectorial, y recordaron el reclamo por la urgente aprobación de una ley de Humedales.
“Estamos preocupados por el tratamiento de la ley. Pedimos que el Estado deje de ser cómplice y trate la ley de Humedales porque tiene que generar herramientas para proteger el Delta que ya perdió más de 500 mil hectáreas. Basta de complicidad de los sectores políticos con los más poderosos”, concluyó Citta.
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Don Aranda
Don Aranda, como se lo conoce en Corrientes, es un gran terrateniente que sólo en esa provincia posee 40 mil hectáreas, siendo uno de los principales exportadores de arroz de Argentina y un gran productor ganadero. Presidió durante muchos años la Asociación Bradford Argentina, que representa lo más concentrado de la ganadería nacional.
El perfil bajo que lo caracteriza, se vio interrumpido en 2010 luego del escandaloso proyecto que junto a Soros impulsó en Corrientes para interrumpir con una represa el curso del río Ayui Grande para inundar 8 mil hectáreas (una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Rosario), multiplicar la producción de arroz y conseguir con su venta ganancias extraordinarias, aprovechando el incremento del precio de los granos en el mercado internacional.
Las consecuencias de la monumental obra hubiesen sido la desaparición de bosques en galería a lo largo de 137 kilómetros y numerosas especies nativas.
Tras más de 4 años de lucha y una multitudinaria marcha en Corrientes se logró finalmente que se desistiera del proyecto, que ya contaba con el visto bueno del gobernador.
Accionista del Grupo Clarín, identificado como dueño de campos con quemas en las islas
