Los recientes incidentes que protagonizó un grupo de carreros en relación a la prohibición de la tracción a sangre en el ejido urbano de Rosario fueron el disparador que llevaron a la concejala Carola Nin, del bloque Compromiso con Rosario, a reflexionar sobre el rol del poder ejecutivo local en ésta y otras demandas de diferentes sectores sociales.
“El tema de la tracción a sangre, más allá del impacto mediático, es un ejemplo que sirve para ilustrar el proceder del Ejecutivo frente a un problema que compromete a familias rosarinas que buscan su sustento: el 16 de diciembre de 2010 el Concejo sancionó la ordenanza Nº 8726. El 10 de enero del año siguiente el Ejecutivo la promulgó, comprometiéndose así a un plan de reconversión que, en un plazo de 4 años, debía reinsertar laboralmente a los recolectores informales de residuos, registrar y luego retirar a los caballos comprometidos en esa labor y, en resumen, desterrar de las calles de Rosario la Tracción a Sangre. Los continuos reclamos de los grupos proteccionistas, la reiteración de la promesa de la Intendenta Fein en la apertura de sesiones de este año y los hechos ocurridos en estos días demuestran claramente que, luego de más de 6 años, el Ejecutivo no ha podido, o no ha sabido, o no ha querido resolver la cuestión”, expresó Nin..
Ya refiriéndose a otro punto, la concejala dijo: “Otra problemática comparte la misma matriz que el ejemplo citado, pero tal vez no la misma dinámica. Me refiero a las demandas relacionadas con cuidacoches: los mal llamados «trapitos» son personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad, y su accionar genera reclamos de otros ciudadanos, que se sienten obligados a sostener una demanda que se les aparece como injusta”
“En este caso (por el tema de los cuidacoches), el Ejecutivo ha tenido oportunidades de empezar a resolver la cuestión y las ha pasado por alto. La última tuvo lugar en diciembre pasado, cuando se discutió el pliego de condiciones para una nueva licitación del servicio de estacionamiento medido. La discusión de la inserción laboral de cuidacoches a través de este servicio, opción para la cual yo misma, con otros concejales, había presentado una propuesta, ni siquiera formó parte de ese debate. De tal suerte, el pliego no contempla este aspecto social, los cuidacoches continúan en situación informal, y los titulares de vehículos mantienen su queja cada vez que estacionan su coche en las áreas donde, muchas veces, abonan el arancel fijado por los parquímetros y también lo que solicitan los cuidacoches”, agregó Nin.
Retomando los puntos anteriores, la edila argumentó: “En las dos situaciones vemos que aparecen diferentes grupos sociales, cada uno con intereses propios. Tanto en la problemática de los carreros como en la de los cuidacoches el Ejecutivo local no logra tener una presencia que evite que esos intereses entren en pugna, y prevenir que esa pugna no se encamine hacia la violencia”.
“Un problema de más reciente aparición – analizó- es el que plantean las víctimas de delitos. En este caso, la vulnerabilidad no se circunscribe al aspecto social, sino que se identifica con la indefensión: aquellas personas que han sido víctimas de delitos, los familiares que han perdido a uno de los suyos a causa de un crimen, o incluso quienes sufren abusos no cuentan aún con un organismo local que aglutine integralmente la atención sanitaria, judicial y social primarias que se requieren. Las víctimas – dice – son «puestas al margen» y deambulan por pasillos y escritorios, y son revicitimizadas por un sistema que bifurca su atención en caminos que, muchas veces, se desconocen entre sí. La Dirección de Asistencia a la Víctima que el Concejo aprobó en septiembre pasado, en medio de las dos marchas Rosario Sangra. sería una respuesta a esa situación, si no fuera porque aún no se han abierto sus puertas”.
Por último, reflexionó: “Ante estas situaciones, creo que cabe plantearnos estos interrogantes: ¿Son los márgenes sociales o situacionales un verdadero límite infranqueable para una acción eficiente del Ejecutivo Municipal? Se crean comisiones, normativa, registros, oficinas, articulaciones pero, ¿Hay verdadera voluntad política para resolver estas cuestiones, o el destino de «margen» es inamovible? Creo que un Municipio como el de Rosario puede y debe tener otra actuación en estas problemáticas. En «carreros» y «cuidacoches» hay problemáticas sociales tan terribles como oportunidades de cambio. Necesitamos un poder ejecutivo dispuesto a las transformaciones, capaz y perseverante”.
