El diputado provincial Martín Rosúa impulsa junto al oficialismo provincial una reforma del Código Procesal Laboral de Santa Fe, con el objetivo de corregir distorsiones que según su mirada hoy ubican a la provincia muy por encima de la media nacional en litigiosidad.
Según datos que manejan los autores del proyecto, Santa Fe registra 148 juicios por cada 10.000 trabajadores, más del doble que Córdoba (68) y muy por encima de la media nacional de 62.
«Tenemos la misma cantidad de siniestros laborales que Córdoba, pero el doble de juicios. Eso no es casualidad, es el resultado de un sistema con incentivos distorsionados», advierte Rosúa, quien estima que el sobrecosto en primas de ART para el sector privado santafesino alcanza los 100 millones de dólares anuales. «Esa plata no va al empresario ni al trabajador, se pierde en un entramado que hay que desarmar», enfatizó.
Para el legislador, el eje conceptual es ordenar los incentivos: “Si hay derecho, que se cobre rápido, y si no hay derecho es mejor evitar juicios innecesarios”.
La iniciativa propone crear un Cuerpo Especializado de Peritos Judiciales dependiente del Poder Judicial, para garantizar objetividad técnica y unificar criterios. Pero el cambio más significativo es el nuevo régimen de honorarios: se desvincula el pago a los peritos del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad determinado, fijando un honorario estándar de 5 JUS (la unidad de medida utilizada principalmente en Argentina para calcular los honorarios profesionales de abogados). «El honorario del perito no puede depender de lo que cobre el trabajador o de lo grande que sea la demanda. Así eliminamos los incentivos económicos para inflar resultados», sostiene el legislador.
La reforma también acorta de dos años a 45 días hábiles el plazo para recurrir decisiones de las Comisiones Médicas y limita el debate judicial a las cuestiones ya planteadas en esa instancia administrativa. «Ponemos orden en el proceso para que el trabajador con derecho legítimo cobre rápido y se desaliente el juicio innecesario», resume Rosúa. La plena vigencia del nuevo sistema pericial está prevista para el 1 de febrero de 2026.
El proyecto ya generó resistencias, como la del diputado Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), quien adelantó su rechazo argumentando que la iniciativa no aborda las causas de fondo y termina beneficiando a las aseguradoras al priorizar la rapidez procesal por sobre la prevención de los accidentes. «Esta reforma es institucionalizar una mayor ganancia para las ART», cuestionó.
El debate comenzará esta semana en las comisiones de Asuntos Laborales e Industria de la Cámara de Diputados, donde serán recibidos representantes de abogados laboralistas, peritos y la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
