El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó hoy a diez años y medio de prisión al ex agente del Comando Radioeléctrico José Martínez Dorr, tras hallarlo culpable del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio del ex militante de la UES Froilán Aguirre durante la última dictadura.
La resolución estuvo a cargo del Tribunal integrado por María Ivón Vella, José M. Escobar Cello y Otmar Paulucci, que condenaron a Martínez Door a una pena menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal (15 años) y la parte querellante (20 años).
El juicio contra Martínez Dorr, de 63 años, fue el quinto que se sustanció en la ciudad de Santa Fe por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El ex comisario fue detenido a inicios de 2008 y pasó 29 meses detenido en el pabellón para represores de la cárcel de Las Flores, hasta que a mediados de 2010 fue beneficiado por el régimen de prisión domiciliaria por razones de salud.
El juicio se inició el 1 de marzo pasado en los tribunales federales de la capital santafesina, luego de una causa que comenzó en mayo de 2006, cuando Froilán Aguirre dio cuenta ante la Justicia de su detención ilegal ocurrida el 8 de septiembre de 1976.
Aguirre denunció que un grupo de personas vestidas de civil, armadas y encapuchadas, lo secuestró desde el interior del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, donde participaba de una reunión de militantes de la Juventud Peronista.
En ese momento Martínez Dorr era oficial auxiliar del Comando Radioeléctrico de la policía de Santa Fe.
El represor condenado hoy llegó a ascender a comisario durante la democracia, hasta que obtuvo su retiro de la fuerza en la década del 90.
Durante el juicio, la víctima declaró que luego de ser secuestrado fue trasladado a un centro clandestino de detención conocido como «La casita».
Posteriormente, Aguirre estuvo casi un mes en la Comisaría Primera de la capital provincial, donde logró reconocer a Martínez Dorr, apodado «Morrongo», como uno de los miembros de la patota que lo secuestró y luego lo torturó.
La querella, representada por el abogado Horacio Coutaz, secretario de Derechos Humanos de la provincia, pidió 20 años de cárcel común para Martínez Dorr por considerarlo «autor de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político».
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Martín Suárez Faisal, pidió una condena de 15 años por los mismos delitos que mencionó la parte querellante, al tiempo que el defensor oficial Germán Artola había solicitado la absolución del ex policía.
Para Suárez Faisal, Martínez Dorr integró los grupos de tareas de la dictadura con la «criminal convicción de que la llamada lucha antisubversiva debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley».
Por su parte, Coutaz consideró que el condenado «fue parte, de manera voluntaria y convencida del plan sistemático del terror y de la maquinaria estatal que concentró todo el poder para reprimir».
