Unas 17 personas fueron detenidas este miércoles sospechadas de integrar una banda internacional dedicada al contrabando de armamento, el cual se sospecha tenían como destino grupos de narcos en Brasil. Para atrapar a los integrantes, el personal de Gendarmería realizó 50 allanamientos en localidades de cinco provincias, entre las que se encuentra Santa Fe. Tras 8 meses de investigación, la justicia federal detectó que los arsenales decomisados conformaban una triangulación que llegaba desde Estados Unidos y Europa a la Argentina y luego eran enviadas a Brasil, vía Paraguay. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación señalaron que el operativo, bautizado Palak por el nombre de un barco portugués usado para el traslado, configura «el secuestro de armas más grande de la historia del país».
De acuerdo con los voceros de la cartera de Seguridad, entre las 935 armas secuestradas había granadas, fusiles FAL, fusiles Colt M4, ametralladoras Browning, más de 30.000 municiones de diferentes calibres, pólvora, granadas, minas antitanques, balanzas, visores nocturnos, documentación de empadronamiento de armas, partes de armamento, katanas, mientras en el allanamiento de Córdoba hallaron «cuerpos de bombas para aviones, colas de bombas, minas antipersonales y trotil en escamas», entre otros elementos.
Los allanamientos ordenados por la justicia federal se realizaron en 52 propiedades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero y estuvieron a cargo del personal de la Gendarmería, los cuales detuvieron a 17 personas, agregaron las fuentes.
El juez federal en lo Penal Económico Pablo Yadarola, a cargo de la investigación, dijo que aún «no hay una estimación certera ni aproximada» sobre el valor de los cargamentos pero, acotó, «se habla de millones de dólares».
«La munición había sido fabricada en Argentina», añadió el juez este miércoles por la noche a la agencia de noticias Télam y aseguró que había «fusiles con capacidad de daño en conflictos bélicos».
Y, precisó que «los fusiles son de fabricación muy antigua pero tienen plena capacidad operativa, entendemos que han sido ofrecidos a la venta». Asimismo, estimó que «la organización podría tener entre dos o tres años» de actividad.
En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien visitó junto a su colega de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, uno de los sitios allanados en la localidad bonaerense de Martínez, advirtió que «esto no sólo es importante para la Argentina, sino que también es importante para bajar la violencia en Paraguay y en Brasil».
Bullrich explicó que las armas «salían de Estados Unidos y otras de Europa» para luego ser ensambladas y distribuidas en América del Sur. «Acá estamos hablando de unas mil armas que se armaban en la Argentina», acotó la ministra y destacó que halaron «un arsenal en Buenos Aires, otro en Río Negro y otro en Córdoba», dijo la ministra y agregó que «todas estas armas conformaban una triangulación: de Estados Unidos y de Europa a la Argentina, donde se armaban y se enviaban a Pedro Juan Caballero, Paraguay, para enviarlas a Brasil».
Según los voceros las tareas de inteligencia criminal del personal de Gendarmería demandó 8 meses para descifrar el modus operandi de esta banda cuyos miembros contrabandeaban armas desde el hemisferio norte para luego enviarlas a Brasil vía Paraguay.
Entre las armas detectadas había fusiles Colt M4 calibre 5,56 y fusiles AK 47 que, según el reporte de la investigación, llegaban desde Estados Unidos a través de encomiendas, mientras los cargadores eran comprados en Alemania, trasladados a España, desde allí enviados por correo a Holanda donde eran escondidos en contenedores que por mar llegaban a Argentina.
«Es una gran operación», destacó Bullrich y felicitó «a la Gendarmería, que llevó adelante a los allanamientos, y a todos los organismos que participaron: la AFI, la AFIP, el Ministerio de Defensa, la ANMAC, la Dirección Nacional de Investigaciones de esta cartera y todos los que han trabajado para sacar, por ahora, mil armas del mercado negro».
La investigación estuvo a cargo del juez federal en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien además se incautó de 166.000 dólares y 800.000 pesos que fueron secuestrados durante los allanamientos.
