El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios en una causa que investiga un supuesto fraude en contra de la administración pública, ocurrido entre 2013 y 2015, a través de un programa de gestión de residuos urbanos.
Entre los procesados hay ocho santafesinos que estuvieron enrolados en el Frente para la Victoria. En la causa ya estaban procesados tres ex jefes del Gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, que fueron los responsables políticos del manejo del programa.
Según el juez Bonadio, los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”, sostiene el magistrado en el fallo de 347 páginas divulgado este jueves.
Entre los funcionarios santafesinos investigados por presunto desvío de fondos nacionales se encuentra el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, ex presidente del PJ provincial, quien fue indagado por el fiscal Carlos Rívolo el 31 de julio del año pasado y luego debió dar explicaciones ante el Concejo Municipal de Venado Tuerto, a pedido de la oposición.
Además de Freyre, están procesados otros siete dirigentes del Frente para la Victoria de Santa Fe: Juan Carlos Bacalini (ex intendente de Casilda), Gustavo Deheza (ex intendente de Rufino), Fernando Almada (actual intendente de El Trébol), Guillermo Cornaglia (actual senador provincial y ex intendente de Bouquet), Mónica Stumpo (ex intendenta de Serodino) y Carlos Godoy y José López, ambos de la localidad de Pavón.
El programa
En la causa que lleva adelante Bonadio están procesados desde el año pasado, además de los ex jefes de Gabinete, tres ex secretarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi.
La causa iniciada en 2016 investiga irregularidades en los programas municipales para la gestión integral de residuos sólidos urbanos entre 2013 y 2015.
Ese programa tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos a través de la financiación de proyectos municipales en todo el país. Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio. En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos, o utilizaron el dinero para otras cuestiones.
De todo el país
Los nuevos procesamientos dictados este jueves por Bonadio fueron dirigidos a intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.
Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, el ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, y el ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de 604.529.670 pesos”, sostuvo el juez. “Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos que se habían obligado”, agregó Bonadio.
El magistrado agregó que los imputados tampoco pudieron “explicar por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que «quienes ostentaban el control de los programas de gestión de residuos urbanos incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”.
«Amenazas extorsivas», dice el PJ bonaerense
El PJ bonaerense publicó este jueves en las redes sociales un documento de repudio a las «amenazas extorsivas» y a los supuestos «carpetazos a intendentes peronistas» a los que –a su criterio– apela Cambiemos para asegurarse un buen resultado en las elecciones de este año.
«Los y las dirigentes y militantes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires repudiamos las versiones de extorsión a intendentes peronistas, como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos», arranca el comunicado.
«Los ‘carpetazos’ y falsas denuncias públicas, que carecen de sustento jurídico, son un mecanismo que atenta contra la democracia, y que está muy lejos de la premisa que prometió el propio Gobierno: la de consolidar una Justicia libre e independiente», apuntan desde el PJ.
El documento partidario pareció anticipar el procesamiento que horas después ordenaría el juez Claudio Bonadio contra 92 intendentes y ex intendentes (mayoritariamente peronistas) de todo el país, por supuesto fraude con fondos públicos.
El texto distribuido por el peronismo bonaerense justificó su redacción en la necesidad de responderle a la versión según la cual integrantes de Cambiemos de la Cámara de Diputados habrían dejado trascender que usarían «otros métodos» para desgastar al peronismo bonaerense.
«Si Durán Barba ve que a Cambiemos no le dan los números, tendría que hacer una autocrítica y no apelar al engaño, como ya hizo en 2015 y 2017, para sostener un modelo que es, justamente, insostenible», argumentan.
«Más allá que todavía no sabemos quién es el candidato, le vamos a tirar toda la justicia amiga a cada intendente», habría dicho un legislador del PRO al portal de noticias Info135, sin revelar su identidad.
Tras lo cual agregó esa fuente: «No la van a sacar barata (por el PJ), los vamos hacer tocar el pianito a cada opositor al estilo Bonadio».
Al tomar estado público estas supuestas advertencias, las autoridades del PJ bonaerense salieron a contrarrestar la «amenaza» y los «trascendidos» con un documento oficial para presionar a Cambiemos a avalar o desmentir el trascendido.
«El rechazo hacia el Gobierno no es por otra cosa que por su propia incapacidad. Con más de 210 mil despidos en 11 meses, la pérdida del salario real más alta desde 2002 y una inflación acumulada del 145%, lo esperable sería que concentren toda su energía en buscar herramientas para paliar y resolver el desastre social y económico al que están condenando a las argentinas y los argentinos», remarca el documento del peronismo.
«Los y las bonaerenses están hartos de pagar tarifazos imposibles; de sufrir constantemente cortes de suministro de agua y luz porque las empresas prestadoras, a quienes el Gobierno les autoriza subas ridículas, no invierten ni dan respuesta; de vivir con angustia porque no llegan a fin de mes y temen perder su empleo», enumera e texto del PJ.
«Les pedimos a los funcionarios de Cambiemos que construyan gobernabilidad ocupándose de lo que realmente le duele y preocupa a la gente de la Provincia y de toda la Argentina, y que dejen de intentar hacer daño con mentiras a intendentes que junto a las organizaciones sociales hoy son quienes ponen la cara todos los días y contienen los efectos de la crisis para que no sea aún peor», cierra el documento.
