La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encabeza la fiscal federal Ángeles Ramos, informó este martes que a 45 años del último golpe de Estado existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción, 254 obtuvieron sentencia, 73 están elevadas a juicio y 21 se encuentran actualmente con el debate en curso, según un relevamiento difundido por el Ministerio Público Fiscal.
Esta procuraduría, a cargo de la acusación en los casos de lesa humanidad, consignó que entre febrero y marzo de 2021, se iniciaron los debates de cinco causas y que en abril se espera el inicio de otra, y se recordó que en los primeros meses de este año, la cantidad se acerca a los nueve procesos orales y públicos de este tipo que se realizaron en 2020.
En un informe publicado en la página web Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación, se indicó que la situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de coronavirus «influyó en la continuidad» de los debates de las causa de lesa humanidad, que en su mayoría se reanudaron a mitad del años pasado.
«De los procesos iniciados previamente al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, doce tuvieron sentencia y diez aún continúan en trámite. De los juicios que se iniciaron con posterioridad al decreto, once continúan en trámite y uno obtuvo sentencia», consignó el análisis del Ministerio Público Fiscal.
Agregó que «con los datos estadísticos cerrados al 16 de marzo pasado, los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006, cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, suman 1025»,
En ese sentido, se destacó que «otras 165 personas resultaron absueltas, 618 procesadas, 623 solamente imputadas, otras 104 fueron sobreseídas y hay 169 con falta de mérito, es decir con una situación aún no definida».
Tampoco está definida la situación de otras 42 personas indagadas sobre las que aún no hubo resolución de mérito, mientras que suman 29 los prófugos y prófugas, y «a lo largo del proceso de verdad y justicia fallecieron 715 personas antes de que se dictara sentencia a su respecto».
Estas variables desagregadas conforman el universo de 3490 personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas, y de todas ellas 1661 personas -es decir, un 47% del total- transitan los procesos en libertad.
La Procuración indica que 859 -un 25%- se encuentran privadas de su libertad. De todas ellas, 636 cumplen el arresto en su domicilio, y que esta modalidad de detención es la predominante desde 2016.
Por otro lado, en relación con el tiempo que insume la tramitación de estas causas, la Procuraduría promedió los plazos y estimó que «transcurren cinco años y dos meses desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte Suprema para que una sentencia quede firme».
«Analizado ese lapso por tramos, el organismo estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción; dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto; y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema», puntualizó el informe.
