Cinco personas, entre ellas un agente de la Policía Federal, fueron detenidas este jueves en diferentes allanamientos realizados en Rosario y Gran Buenos Aires, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas que sufrieron cientos de referentes de derechos humanos y sociales. El hostigamiento fue a través de Whatsapp, una modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo.
Uno de los allanamientos realizados por la PDI en conjunto con la Policía Federal se realizó en la zona de Pablo Podestá, localidad de 3 de Febrero del Gran Buenos Aires, donde se detuvo a Lucas S., quien se desempeña como agente de policía federal. El otro operativo fue en la localidad de Ensenada, donde se detuvo a Teresa C.
En Rosario, el saldo de los allanamientos fue de tres personas demoradas, que luego quedaron en calidad de detenidos a la espera de la audiencia imputativa, que se realizará en los próximos días. Los detenidos son Lisandro C. (en allanamiento de calle Blanco Escalada), Beatriz L. (Pasaje Gould al 800), y Candela O. (calle Marco Polo al 400). En los tres domicilios allanados se secuestró material informático, celulares, notebook, CPU y pen drivers que serán enviados a peritar.
El fiscal ordenó los operativos luego de analizar la portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de los teléfonos de donde provenían las amenazas. Hay más medidas en curso.
“Son amenazas importantes, graves, en algunos casos son amenazas de muerte. Por ello consideramos desde el Ministerio Público que esto reviste de gravedad institucional”, explicó a El Ciudadano Ponce Asahad, que también confirmó que entre los amenazados se encuentra el fiscal federal Adolfo Villate y el secretario de uno de los juzgados federales que tiene a su cargo causas por delitos de lesa humanidad.
A través de teléfonos celulares que van cambiando, crean grupos de Whatsapp (que superan los 200 contactos) con los números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas, referentes estudiantiles para hostigarlos y amedrentarlos.
Los grupos tienen nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive (por el represor Eduardo Costanzo que recientemente violó su prisión domiciliaria)” y en los últimos días se agregó “Zitelli vive” por el sacerdote que murió el viernes y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzan amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
