Leonardo Busquet (*) / Especial para El Ciudadano
“Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la Patria”. (Manuel Belgrano)
Y pensar que Manuel Belgrano izó por primera vez la Bandera nacional aquel 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná. Faltaban cuatro años para que el convulsionado país que bregaba por su libertad desde 1810, consagre la anhelada Independencia en Tucumán.
Manuel Belgrano, el que plantó nuestra enseña patria en las barrancas paranaenses, mucho antes de ser militar –por imperio forzoso de las circunstancias– brilló como abogado revolucionario en los días de mayo, como economista y periodista. Impulsó la creación de la Marina Mercante y de la Escuela de Náutica. Bregó por consolidar la industria en una Nación donde todo estaba por hacerse. Su pensamiento y su compromiso abrevaron en una cuestión liminar: la lucha inquebrantable por la defensa de nuestra soberanía nacional.
Pero, ¿de qué se habla cuando se menciona la palabra soberanía? Una precisa definición nos señala que es el “poder supremo que posee el Estado, que es indelegable, y que no está sometido al control de otra Nación”. La soberanía nacional emana del pueblo y está ligada a su autodeterminación y su independencia. Pero todo este andamiaje se derrumba cuando los gobiernos claudican, renuncian a su preeminencia y entregan intereses nacionales, herramientas estratégicas y valores éticos a manos extrañas.
Así sucedió en los años noventa, de plena vigencia neoliberal, cuando el menemato hizo añicos nuestros principios de soberanía. Cuarenta y tres años antes, un 13 de diciembre, en 1947, se concretaba el primer vuelo argentino sobre la Antártida. La tripulación del Douglas C-54 estaba al mando del contraalmirante Gregorio Portillo, un marino comprometido con la defensa de la soberanía sobre nuestros cursos de agua. El vuelo tuvo una clara significación política: bajo el signo de la paz, sostener la afirmación de nuestros derechos australes y marítimos.
Las barrancas del Paraná, que vieron nacer nuestra Bandera, que en un recodo de sus alturas el 20 de noviembre de 1845 dieron cuenta de aquella batalla heroica, la de Vuelta de Obligado, donde –a sangre y fuego– nuestros patriotas defendieron la soberanía ultrajada por la prepotencia colonialista anglo-francesa, hoy asisten al desvelo de un nuevo ataque de intereses ajenos, manipulados por potencias extranjeras con la artera complicidad de los falsos argentinos de tierra adentro. La entrega de nuestras estratégicas vías navegables se consolidó durante el gobierno del presidente Carlos Menem cuando se destruyeron puertos, hasta ese entonces en manos del Estado; cundo se desguazó la flota mercante de bandera nacional y se trasnacionalizó nuestra industria naval. De esta forma comenzó lo que los especialistas señalan como “la privatización del río Paraná”: 70 kilómetros de costas enajenadas en favor del voraz capital privado al que nunca le importó el interés nacional de nuestra soberanía fluvial y marítima. De esta forma, la salida al mundo de la producción nacional de riquezas naturales y elaboradas quedó reducida al manejo de unas pocas manos monopólicas, las mismas manos de las oligarquías agro-industriales que estuvieron salpicadas por la sangre echada a correr durante las dictaduras que avasallaron derechos inalienables y demasiadas vidas. Fue el saqueo sin límites.
¿Argentina volverá a vulnerar el próximo 30 de abril la soberanía sobre los cursos hídricos que conforman la Cuenca del Plata y que tiene como eje vertebrador al río Paraná? ¿Tendremos que movilizar voluntades y compromisos para volver a producir una nueva Vuelta de Obligado?
Porque el 30 de abril vence la concesión que diseñó y ejecutó el gobierno de Menem, y se ratificó en la renegociación integral de 2010. Ese año, había dos caminos a seguir: o se anulaban los contratos por reiterados incumplimientos, o se los ratificaba. Esto último es lo que sucedió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue evidente que no hubo intención política para rectificar el rumbo. La entrega a manos privadas de unos treinta puertos de salida de nuestros productos agropecuarios y de ingreso de importaciones quedó indemne.
Existe la sospecha de que, a partir del 30 de abril venidero, nuestro río Paraná vuelva a ser privatizado, en un vergonzoso nuevo giro hacia la pérdida de la soberanía nacional. El presidente Alberto Fernández guarda en carpeta algunas propuestas sobre la base del DNU 949/2020. Todo parece indicar que el gobierno tiene en mente insistir con el proyecto privatista que –una vez más– vulneraría nuestros principios soberanos que naufragarán en una retórica trivial. Los lobbies son demasiado fuertes y descansan en la influyente Bolsa de Comercio de Rosario. Con ella se complican las oligarquías agro-ganaderas, grandes evasoras impositivas locales, y los conglomerados multinacionales de granos Cargill, Bunge y Dreyfus, por nombrar sólo a tres de los más poderosas multinacionales, virtuales dueñas de la estratégica hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Serán ellas beneficiadas una vez más gracias a políticas antinacionales?
Un informe que circula por estas horas señala: “La lucha cívica por la reafirmación de la soberanía nacional sobre nuestro río es clave de irrenunciable potestad territorial y no mera defensa de la autoridad formal, vacua, anodina, que es solamente colocar la Bandera sobre edificios y navíos que no son argentinos. No nos interesa un río con símbolos patrios de cobertura, si sólo sirve para engordar balances de empresas depredadoras que abusan de nuestras riquezas y destruyen directa o indirectamente bosques, pampas, montañas y nuestras aguas, y acaparan el comercio exterior sin controles fiscales ni sanitarios”. Este estado de cosas, y el temor por un nuevo capítulo del histórico quebranto de nuestra soberanía, se señala con una sola palabra: impunidad.
Como precisa Alberto Derman, integrante de la Mesa por el Desarrollo y Fortalecimiento del Astillero Río Santiago: “El rol protagónico del puerto es el eslabón primordial de la cadena logística, en tanto que el vertiginoso desarrollo del comercio internacional y el incremento incesante de volúmenes transportados tornan preponderante la actividad marítimo-portuaria mundial; por ende, el Sistema Portuario Nacional constituye un elemento fundamental de la actividad económica, por el cual se canaliza el 80% de nuestro intercambio comercial. (…) Es más urgente que nunca recuperar el control estatal sobre los puertos marítimos, fluviales y lacustres, así como reconstruir y fortalecer nuestra flota mercante, a fin de terminar con la exacción que significan la fuga y contrabando de cereales y commodities mediante la subfacturación de exportaciones y la triangulación, entre otras maniobras que realizan las corporaciones”.
En los años cincuenta, el entonces presidente Juan Domingo Perón informaba a la sociedad: “Hoy puedo anunciar el precio de los cereales, porque logramos formar una flota mercante, nacionalizar los puertos, el ferrocarril, por ende, los fletes, y nacionalizar la banca. Si alguno de estos sectores no los tenemos nosotros, nos suben los seguros y yo no puedo cumplir con el precio que les ofrezco”.
Desde las costas australes, en las largas noches de inmensidad marina, sólo alumbrada por la ocasional luz de luna, aparece en el horizonte una larga, interminable cadena de luces titilantes de diversas formas e intensidades. Ellas denuncian la presencia de los innumerables barcos extranjeros que vienen a depredar nuestras riquezas marinas. Esos barcos también agreden la soberanía nacional ante la mirada desviada de quienes tienen el deber de reprimir semejante saqueo; tal como sucede con el Reino Unido que nos agrede con la interminable usurpación de nuestras islas Malvinas.
Desde la militancia argentina ponemos la voz en alto, advertimos, señalamos que ya es hora de respetarnos a nosotros mismos, de hacernos valer como Nación soberana y de exigir –enfáticamente– a quienes nos gobiernan por mandato del pueblo, que cumplan con sus reales obligaciones cívicas.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org