Por Aldo Abram (*).- En la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, defendió el proyecto oficial de reforma de la carta orgánica con el argumento de que era un error definir que la defensa del valor del peso es el objetivo prioritario de la institución. Cabe aclarar que esa no es su única responsabilidad actual, también lo es velar por la estabilidad del sistema financiero. Para ello, cuenta con dos instrumentos, ya que así como es imposible pretender cazar más de un león con una bala, también lo es buscar alcanzar más de una meta con cada instrumento de política económica. Una de las herramientas con las que cuenta es la política monetaria y cambiaria, ambas caras de una misma moneda. La otra, es la posibilidad de establecer regulaciones prudenciales al sistema financiero.
Por eso, dado que sólo tiene dos «balas», el hecho de que la autoridad monetaria se fije más metas económicas, implicará tener que ceder en alguna en pos de otras. Es decir, si el objetivo pasa a ser financiar al gobierno desde el Banco Central, como sucedía en las épocas anteriores a los 80, será imposible buscar niveles bajos de inflación; ya que la forma en la que el Banco Central transfiere recurso para gasto público es mediante el cobro del impuesto inflacionario, a menos que creamos que se los dejó Papá Noel en el arbolito de Navidad. Cabe recordar cómo terminó la historia durante el período en que el Central estuvo libre de restricciones, con crisis cambiarias y financieras y tres hiperinflaciones.
También defendió la posibilidad de fomentar el empleo, la inversión y el nivel de actividad utilizando la emisión monetaria para proveer recursos que se vuelquen al crédito bancario. Por lo tanto, ante una economía que se desacelera fuertemente hasta en las cifras oficiales, es esperable que la máquina de impresión de billetes funcione «a todo vapor»; es decir que deba hacer concesiones en términos de inflación. Habría que preguntarle a la presidenta del Banco Central cuánto más alta puede ser, cuando ya supera largamente el 20%.
Hasta ahora, el aval de los pasivos financieros con divisas se mantuvo por encima del 70%. Aun dentro de la gestión «kirchnerista», cuando perforó ese piso, volvió a recuperarse, lo que permitió mantener la estabilidad cambiaria. Debido al excesivo uso de las reservas internacionales que se hizo para financiar el gasto electoral del gobierno, a finales de 2011, la Argentina volvió a tener control de cambios. Es difícil suponer que una reforma de la carta orgánica que permite una mayor transferencia de reservas nos pueda permitir volver a tener libertad para comprar y vender moneda extranjera. Conclusión, las restricciones serán cada vez mayores y, lamentablemente, no existe ningún país del mundo que se haya desarrollado sin un mercado de cambio libre.
Pese al anuncio presidencial de que no se promovería la propuesta oficial de ley de entidades financieras, los objetivos prioritarios de dicha propuesta del Poder Ejecutivo se «colaron por la ventana» de la reforma de la carta orgánica. Se les da a las autoridades del Banco Central la posibilidad de determinar discrecionalmente el destino y las tasas de interés de los créditos bancarios. Cabe aclarar que dichos recursos no son de los banqueros ni del gobierno, son de los ahorristas que eligieron algún banco para confiarle la administración de sus fondos. Ahora, la reforma de la carta orgánica le dará a un funcionario público la facultad de utilizarlos discrecionalmente como instrumentos de política económica. Los argentinos sabemos que en el pasado, cada vez que esto sucedió, los depositantes terminaron perdiendo gran parte de sus ahorros. Conclusión, la credibilidad del sistema financiero será menor aún y, por ende, los fondos que podrán prestar. Tampoco hay país que se haya desarrollado sin un sistema financiero confiable y que pueda financiar la inversión productiva de largo plazo.
Por último, a los argentinos deberíamos preocuparnos de que el Poder Ejecutivo haya exigido al Congreso que sancione rápidamente una ley tan importante, solamente escuchando la voz oficial. Es una muestra de desprecio por la opinión de los ciudadanos, que se expresa en el debido debate público de las políticas de Estado. Por otro lado, refleja la inexistencia de una verdadera república; ya que son nuestros legisladores los que deben tomarse el tiempo para escuchar a sus representados, aun a las minorías, para luego sancionar la ley que la mayoría parlamentaria considere conveniente. El hecho de que haya legisladores que no reclamaron por este atropello a las instituciones constitucionales, demuestra que no representan a los votantes, sino a los partidos que los pusieron en las «listas sábana» que les permitieron acceder al cargo.
(*) Director de la Fundación «Libertad y Progreso»
