Tras confirmarse la venta de sus acciones en el frigorífico Friar, este miércoles se conoció que el grupo Vicentin pretende replicar la operación con la parte que le corresponde sobre la firma Buyanor SA. Este nuevo episodio reaviva los cuestionamientos sobre el entramado societario y sobre la pasividad judicial que posibilita la liquidación de activos.
Tanto el director del Banco Nación, Claudio Lozano, como el diputado provincial Carlos Del Frade, señalaron que la operación forma parte de “un proceso de vaciamiento”, y consideraron que puede ser el comienzo de un proceso posibilitado por la ramificación de empresas que engendró la multinacional en el exterior. La firma, por su parte, lo desmiente.
Ambos sostuvieron que la Justicia es corresponsable de este fenómeno, a partir de la inacción adoptada pese a las irregularidades cometidas por el Directorio. Particularmente en este caso cuestionaron que la operación por Friar no pasó por el juzgado en el que se lleva adelante el concurso de acreedores.
Por otra parte, las miradas apuntan al juez federal Julián Ercolini, quien se negó a dictar la inhibición de bienes sobre los accionistas de Vicentin pese al pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga los crédito millonarios otorgados por el Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esta semana también se conoció que el presidente Alberto Fernández desplazó a funcionarios de la Unidad de Información Financiera, que formaron parte de al gestión Cambiemos, y que fueron cuestionados por el kirchnerismo por frenar el informe sobre Vicentin. Entre ellos se encuentra el ex director de Análisis, Luca Reboursin, que cumplía funciones con Mariano Federici (ex titular de la entidad).
Otra venta
Pocas horas después de la venta del frigorífico Friar, Vicentin Family Group se desprendió de sus acciones en la firma Buyanor siguiendo la misma modalidad. Se trata de una empresa de la industria textil ubicada en la localidad de Avellaneda, y que compartían (mitad del paquete accionario cada uno) con la empresa Maxiconsumo.
«Aparece con más claridad la maniobra de dejar lo menos posible en el concurso (de acreedores), una verdadera cáscara vacía para que nadie o pocos cobren, y por otro lado seguir haciendo negocios desde Uruguay sin mayores molestias», analizó Carlos Del Frade.
Esta referencia por parte de quien también integra la Comisión de seguimiento de Vicentin en la Cámara de Diputados santafesina, refiere a la decisión tomada por la multinacional en el año 2014. En ese momento decidieron trasladar acciones y empresas a Uruguay a través de la denominada Vicentin Family Group.
El paquete incluía la mayoría accionaria sobre las ya mencionadas Friar y Buyanor, pero se completaba con Algodonera Avellaneda, hoy en medio de un conflicto laboral, Sir Cotton y Terminal Puerto Rosario.
Mientras que en paralelo dejaron en Argentina al grupo madre denominado Vicentin Saic (actualmente en concurso de acreedores) con una mínima cantidad de acciones en esas empresas. Un 2,99% en Algodonera Avellaneda, 0,6% en Buyanor, 0,4% en Friar, 3% en Sir Cotton y un 10% en Terminal Puerto Rosario.
Del Frade ratificó que este desenlace forma parte de «un vaciamiento planificado desde 2014 y saqueo al Estado y pueblo argentino como también a productores y trabajadores». La trama societaria le permitió a la multinacional radicar sus empresas en otros países y evitar importantes pérdidas ante una posible inhibición.
En ese sentido, el diputado del Frente Social y Popular manifestó: «La mayoría de las acciones las tiene en Uruguay, ese es un problema muy serio».
Por otra parte se refirió a «una actitud timorata de parte de la Justicia», ya que pese a los conflictos que atraviesa, Vicentin continúa con la venta de sus activos. «Lorenzini tendría que haber estado informado de esto y de la venta de Friar y no lo está», aseguró en referencia al Juez de Reconquista que lleva adelante el concurso preventivo.
El rol de la Justicia Federal
En la misma línea, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, apuntó al entramado societario como garante de estas operaciones. «Desde 2014 Vicentin puso en marcha un proceso de desdoblamiento del grupo económico que implicó ir desplazando la cabeza del holding Vicentin Saic a Vicentin Family Group en Uruguay», señaló.
El economista explicó que mientras esa empresa radicada en el país vecino crecía en el control de la estructura corporativa, la multinacional con sede en argentina incrementaba su endeudamiento por medio de créditos con la banca pública.
Si bien los préstamos millonarios por parte de la administración macrista en el Banco Nación originaron una causa judicial, el juez a cargo, Julián Ercolini, aún se niega a dictar una inhibición de bienes sobre los accionistas de Vicentin, posibilitando a los dueños a desprenderse de las acciones que están dentro de la sociedad concursada.
Ante el pedido inhibitorio por parte del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini eligió acatar haciéndolo valer para el caso de Algodonera Avellaneda, y no así para todo el grupo, al considerar que Vicentin ya fue inhibida en el marco del concurso que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini.
