Por Agustín Aranda
El 17 de octubre trabajadores y trabajadoras del principal centro de salud de emergencias del sur santafesino, el HECA, pusieron pausa en sus tareas para salir a protestar en la esquina por donde ingresan las ambulancias con personas en estado crítico a recibir atención. Horas antes, la guardia había sido baleada por dos hombres en moto que dejaron una nota mencionando a un paciente recientemente ingresado con un disparo en su pierna: Dylan Cantero, integrante de la banda Los Monos.
El ataque al HECA, que no dejó personas heridas, pero sí un pedido de recompensa por información del gobierno provincial, también empujó un reclamo que venía siendo cocinado a fuego lento en buena parte de los 8 hospitales que dependen del municipio: mejorar la seguridad. Pero distinto a otras épocas, donde municipales reclamaban por seguridad, el pedido desde el sindicato incluyó un escenario nuevo: el del abordaje de personas con padecimientos subjetivos y/o consumo problemático de sustancias, cuyos derechos están amparados por la Ley de Salud Mental y Adicciones.
Ese nuevo escenario, acrecentado por la pandemia por Covid-19 y la crisis económica, fue confirmado por la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, quien indicó que las atenciones en guardias de hospitales había aumentado 133% en el primer semestre de 2023 respecto al año anterior. También, siempre según la funcionaria dijo en 2024, se habían duplicado las internaciones en hospitales generales y consultorios externos. “Además, encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes, además de una falta de abordaje de consumos problemáticos», declaró Ciancio entonces.
Semanas atrás, Zulma Ruíz Diáz, integrante del área gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, dialogó con El Ciudadano y recordó que días después de la balacera en el HECA enviaron una nota a la Secretaría de Salud Municipal pidiendo mejorar las condiciones de trabajo. “A veces se necesita custodia policial porque el personal de seguridad que hay en el centro de salud no puede actuar como la autoridad que se necesita, pidiendo, por ejemplo, vaciar los bolsillos para ver que los pacientes no traigan nada peligroso. Es excepcional. A veces se necesita de la fuerza policial para evitar que los trabajadores pongan en riesgo sus vidas”, dijo la gremialista.
Semanas más tarde –y un encuentro mediante con legisladores en el Concejo Municipal– el municipio y el sindicato comenzaron una mesa de trabajo para revisar las condiciones de seguridad y el abordaje de diferentes casos de Salud Mental y consumos en los hospitales municipales (una red que además incluye 50 centros de salud en los barrios). Lo primero en revisarse fue el Hospital Carrasco, que según explicaron desde el sindicato, fue uno de los primeros que empezaron a atender pacientes con padecimientos subjetivos o consumo problemático. El siguiente será el Hospital de Niños Víctor José Vilela.
Crédito: Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.
“Luego del Vilela iremos por el Roque Sáenz Peña, el Alberdi, el HECA y el SIES «Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias». Cada lugar tiene realidades diferentes que debemos mejorar. No buscamos quitar la atención, sino brindarla en las mejores condiciones para la persona que la necesita, su familia y el trabajador”, insistió Ruíz Díaz, a cargo del espacio de trabajo.
Pero, ¿por qué la presencia de la Policía debe ser en casos excepcionales en los hospitales cuando se trabaja salud mental y adicciones?
Una semana después de la balacera en el HECA el pedido de municipales llegó hasta el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental en Santa Fe, que empezó a funcionar en 2022 luego de 5 años de aprobado y una disputa por quienes iban a ser las autoridades que llegó hasta la Legislatura. Su misión es literalmente cuidar de que se cumpla la ley de salud mental en los espacios de atención de gestión pública y privada al resguardar los derechos de las personas usuarias. Está compuesto por organizaciones de trabajadores, autoridades en salud, asociaciones de personas usuarias, entre otras.
Al evaluar el pedido de municipales, en particular la nota que elevaron a la Municipalidad, alertaron algunos problemas con lo requerido. En especial, en lo que entendió el ORLSM como una intimación a “no internar más personas con padecimientos mentales sin presencia permanente de profesionales en salud mental y custodia policial”, más “la derivación obligatoria de pacientes con antecedentes penales a efectores provinciales especializados”, tal como puede leerse en la disposición que figura en el sitio web del ORLSM.
Desde el órgano respondieron en una nota titulada Garantizar atención salud mental en hospitales donde figura que “la atención en Salud Mental en los Hospitales Generales está expresamente prevista en el artículo 28 de la Ley 26.657, al disponer: «Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592»».
La nota sigue: “Cuando el abordaje de las situaciones de urgencia y crisis por motivos de Salud Mental se realiza en los hospitales polivalentes disminuye el riesgo de exclusión, estigmatización y cronificación”, y agrega “que la inclusión de la atención en salud mental y consumos problemáticos en hospitales generales o SAMCOs favorece el enfoque integral de los problemas de salud, fortalece la adherencia a los tratamientos, garantiza un mejor abordaje de la urgencia y disminuye tiempos de internación favoreciendo la inclusión en la comunidad”.
Además, en la nota –la última resolución del 2025– cita la resolución del gobierno santafesino de 2022, donde aprobaron un protocolo de Circuito asistencial y de derivación de urgencia en salud mental y consumos problemáticos, destacando que “debe estar integrado a la estructura edilicia de dichos efectores, no debe tener características relacionadas con el encierro o con la presunción de peligrosidad o incapacidad de las personas usuarias, debe estar situado preferentemente en la planta baja y el control del acceso al mismo se compartirá con el resto de las áreas; no obstante, deberá garantizar las medidas de protección y seguridad hacia los usuarios al igual que el resto del establecimiento. Que la red asistencial debe dotarse de equipos de guardia para brindar atención interdisciplinaria de las urgencias durante las 24 horas, dicho equipo de atención debe ser interdisciplinario y con capacitación permanente”.
Crédito: Juan José García.
Desde el ORLSM de Santa Fe también recordaron que desde 2023 el órgano de revisión de la ley a nivel nacional emitió un comunicado titulado Documento sobre el uso de consignas policiales en el marco de internaciones por salud mental, basado en prácticas que registró ese organismo en CABA y que levantaron la alarma. Principalmente, porque observaron que en algunos casos la Policía obstaculiza el tratamiento, impide traslados o altas a pesar de la opinión de equipos tratando. Escribieron: “Se han registrado otras irregularidades donde las consignas policiales desoyen indicaciones terapéuticas, o suelen proveer de comida, cigarrillos y ropa, en reemplazo de referentes familiares o afectivos y o pretenden supervisar todos los movimientos de la persona, entre ellas, las actividades de la vida diaria, incluso en las necesidades fisiológicas. En algunos otros casos, se ha relevado que la policía entabla vínculos inadecuados en el marco de la función asignada con las personas usuarias internadas”.
En ese texto, no tan lejano en el tiempo ni en la distancia con lo que pasa en otros efectores de salud del país, señalaron que “los hospitales generales han adoptado la práctica casi automática de requerir consignas policiales (a juzgados, fiscalías, etc.), particularmente, cuando las internaciones se desarrollan en los servicios de guardia, sin brindar una justificación de la necesidad y con argumentos que denotan fallas en el sistema de atención o razones de seguridad por parte del personal sanitario”.
Sobre la excepcionalidad de pedir custodia policial escribieron: “La gran mayoría de los pedidos formulados no brindan una justificación a la necesidad de la consigna o se remiten a fórmulas genéricas y no a la descripción de los motivos concretos o los hechos que motivaron verdaderamente el pedido. Tampoco explicitan un plazo de duración de la consigna o un plazo tentativo para su revisión. Mucho menos han de brindar indicaciones para los y las agentes de seguridad que cumplen la función”.
Además, recomendaron, y el órgano de revisión santafesino suscribió, que “la utilización de consignas policiales de manera generalizada y no excepcional conlleva una desmejora en el tratamiento brindado. Las tareas de cuidado y acompañamiento no deben quedar a cargo de las fuerzas públicas en ninguna situación. La designación de acompañamiento terapéutico es una responsabilidad de los equipos tratantes en marco de las estrategias terapéuticas y las figuras de acompañantes hospitalarios y asistentes son recursos que deben otorgar desde el sistema sanitario como a nivel interministerial e intersectorial. El personal sanitario nunca podrá ser sustituido por fuerzas de seguridad”.
Finalmente, el ORLSM, dejó la siguiente pauta para que la ciudadanía y el gobierno. “La ley provincial N° 14.243 (NDR – normativa impulsada por Pullaro para atacar el narcotráfico y el poder de los presos de alto perfil) en sus artículos 47 y 48 establece como principio que la atención de la salud (incluida la mental) debe realizarse intra muros penitenciarios (art. 47). Y, que la internación en efectores externos es la excepción. Cuando ocurre, conlleva la suspensión de la ejecución de la pena o medida cautelar y el cese de la custodia penitenciaria o policial”.
Entonces ahora queda preguntarse sobre qué está haciendo el gobierno santafesino para cumplir la ley dentro de los hospitales y de las cárceles.
Cómo están modificando los hospitales para abordar salud mental y consumos en Santa Fe
Una mano
Como en todo artículo periodístico que busque contar una realidad vinculada a las violencias, la Salud Mental y los consumos problemáticos, es necesario recordar que las instituciones mencionadas aquí tienen sus vías de contacto disponibles para cualquier consulta.
En el caso del ORLSM de Santa Fe trabaja en dos sedes: en la capital santafesina –Eva Perón 2726– y en Rosario, en Tucumán 1681. En ambos casos su horario de atención es de 9 a 15. El teléfono y correo electrónico de contacto es el mismo: 342-5111061 y organoderevision@defensoriasantafe.gob.ar.
También es clave recordar que la ley nacional de Salud Mental y Adicciones prohíbe que los centros de salud públicos rechacen la atención basada en cualquiera sea la forma discriminación en los más de 700 centros de salud que funciona en Santa Fe.
